La UE y la defensa de la CICIG en Guatemala

"Ya no hablamos de crisis de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sino de una grave crisis constitucional, de peligro para la democracia”, explica a DW Michael Mörth, miembro de la Comisión Internacional de Juristas que opera en el país centroamericano. Aunque la Corte Constitucional logró suspender el fin unilateral anticipado del acuerdo con Naciones Unidas, "que haya en este momento un asedio a los jueces de la Corte Constitucional, la única que defiende en este momento la bandera de la CICIG,es muy grave”, sigue Mörth.

Movilización nacional, apoyo internacional

"Hay dos cosas que podrían revertir la situación: un frente nacional de movilizaciones masivas como las de 2015 que se enfrentarían ahora a la fuerte militarización, y un frente internacional que, apoyando a la ONU, haga presión”, afirma el jurista.

La Unión Europea y los países donantes de este organismo internacional expresaron ayer (enero ocho) en un comunicado su preocupación y recordaron "la importancia de que el gobierno de Guatemala respete el  orden constitucional, el Estado de derecho y la separación de poderes”.

"Este comunicado es extremadamente vago, ni siquiera menciona a la CICIG”, dice a DW por su parte Eric Witte, especialista de la Open Society Justice Initiative, en Bruselas.

Mecanismo exitoso

"La Unión Europea, que ha invertido por años en la estabilización del país, en ayuda humanitaria, en desarrollar su economía debería hacer presión, porque la CICIG es importante para Guatemala y porque ha sentado precedente internacionalmente”, sigue Witte. Que más de 60 redes criminales, que llegan hasta las altas esferas del poder, hayan sido destapadas en esta década por la CICIG, le ha granjeado que el 70% de los guatemaltecos confíen en ella. 

"La CICIG ha sido mentora de una nueva generación de investigadores de crímenes graves y complejos. Y con sus propuestas –como la del establecimiento de cortes de alto riesgo que protegen activamente a los jueces y sus familias- ha logrado que más jueces actúen de manera independiente”, cuenta Witte.

La presión de las organizaciones sociales guatemaltecas que exigían rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante las décadas de conflicto en el país lograron que la ONU creara este organismo. La UE, promotora de la pacificación del país, la apoyó desde el comienzo.  "Su éxito ha promovido que en otros países se demande mecanismos como la CICIG. Éste es el caso en Honduras, en México. Pero también en Ucrania se la conoce”, añade Witte.

"En el modelo CICIG se puede hacer mejoras, pero se ha comprobado que funciona”, corrobora Mörth. "Independientemente que continúe o no en Guatemala, la ONU se queda con el aprendizaje. También sabemos entretanto que si su mandato y su éxito son muy fuertes, los Estados y sus élites se van a oponer”, añade Mörth. 

Mecanismo peligroso

Este fue el caso con el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales. "Cuando los casos de corrupción sacaron a la gente a la calle, la CICIG contaba con el apoyo del actual presidente. Lo que pasa es que nuevas investigaciones apuntan a altos cargos del gobierno y de las grandes empresas. Y han sentido miedo”, cuenta a DW Xabier Benito, eurodiputado que integró una delegación que visitó el país recientemente. Benito echa en falta un "apoyo público y firme como lo hizo Antonio Guterres, secretario general de la ONU”.

En septiembre de 2018, cuando Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, la diplomacia europea lo catalogó de un "paso atrás en la consolidación del Estado de derecho” y se declaró dispuesta a seguir apoyando la capacidad institucional en interés de todos los guatemaltecos. Por eso, el silencio europeo actual sorprende aún más, en eso coinciden los tres.  

"Es muy preocupante”, subraya Witte. "También en interés propio, la UE debería estar muy interesada en que la CICIG siga haciendo su trabajo. Pues si Guatemala puede violar un acuerdo con la ONU esto sienta precedente y  otros países harán lo mismo. Inevitablemente esto iría en contra de los intereses de los países miembros de la UE”, concluye.

(jov)

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