Guatemala, ¿hacia una ruptura del orden democrático?
7 de enero de 2019
El investigador colombiano Yilen Osorio fue retenido durante 25 horas cuando intentaba ingresar a Guatemala el 5 de enero. Él es uno de los 11 funcionarios de la CICIG a quienes el gobierno decidió no renovarles el visado de cortesía y les ordenó abandonar el país en diciembre recién pasado.
Entre los afectados con la orden de expulsión figura el titular de la CICIG, Iván Velásquez, a quien Morales declaró persona non grata en 2017 y que aún no ha retornado a Guatemala tras pasar las vacaciones de fin de año en su país. El exmagistrado colombiano ha dicho que espera poder ingresar y que no teme a ninguna acción violenta en su contra. La revocación de las visas fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal de justicia del país, mediante un recurso de amparo que protege el ingreso de los miembros de la CICIG, si bien las autoridades de Migración y de Policía, leales al presidente, parecerían dispuestas a impedirlo.
"Erosión sistemática de la democracia”
La compleja situación ha disparado las alarmas entre quienes consideran que Guatemala enfrenta hoy su más grave crisis de gobernabilidad y una ruptura casi irreversible del orden democrático. La detención de Osorio es "otro golpe al Estado de Derecho”, escribió en un trino el congresista estadounidense Elliot Engel, flamante jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y conocido defensor de la CICIG.
En entrevista con DW, la subdirectora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcela Martino, consideró que Guatemala enfrenta "una erosión sistemática de la democracia” que, de no revertirse, tendría graves consecuencias en la región.
Martino compara la crisis guatemalteca con el golpe de Estado de 2009 al presidente hondureño, Manuel Zelaya, acción "maquillada” con una orden judicial de destitución, y con la creciente deriva autoritaria en Nicaragua, donde el exguerrillero Daniel Ortega controla ya todos los poderes del Estado y se aferra al gobierno en medio del caos derivado de la rebelión cívica que estalló en abril. A su juicio, las diferencias son apenas de matices.
Para la experta del CEJIL, una ONG que monitorea los derechos humanos y la justicia en Latinoamérica, las últimas acciones del presidente excomediante Jimmy Morales demuestran que habla en serio "y que está dispuesto a tomar acciones radicales sin importar sus consecuencias, con tal de frenar las investigaciones” que pondrían en entredicho a varias entidades de su gobierno.
La CICIG, "un modelo digno de imitar”
Tras 12 años de trabajo, la CICIG logró desmantelar estructuras criminales y de corrupción en el Estado, modernizar las investigaciones penales y enviar a la cárcel en 2015 al entonces presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti. En varios países de la región se le considera un modelo digno de imitar. En medio de la actual crisis, la Corte de Constitucionalidad emerge como uno de los pilares de sostén del Estado democrático. El Ejecutivo, a través del Procurador General de la Nación, promueve ahora el desafuero de tres de sus magistrados.
"Todo es parte de la misma estrategia para minar a la Corte con acciones supuestamente legales y un discurso que busca deslegitimar su actuación. Por eso hablamos de un rompimiento del orden constitucional”, insistió Martino.
El CEJIL ha seguido de cerca la evolución del conflicto y teme por la suerte de gran cantidad de jueces, fiscales, magistrados y ciudadanos guatemaltecos "que han puesto el cuerpo y se han jugado la vida en la lucha contra la impunidad, por lo cual sus derechos humanos hoy se encuentran en grave riesgo”. Por tal razón, en este escenario, el escrutinio internacional sobre Guatemala es vital, tanto para dar seguimiento a lo que ocurre como para evitar un colapso total de las instituciones. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la propia ONU deben seguir monitoreando, dijo Marcela Martino, quien concluye que "el riesgo es no entender que la ruptura institucional y del Estado de Derecho en un país siempre tiene consecuencias regionales. Ojalá los Estados y los organismos estén a la altura de este reto, para evitar que lleguemos a situaciones de violencia y desestabilización como las tuvimos en Centroamérica en las décadas de 1970 y 1980”.
(jov)