Guatemala: denuncian a jueces que contradijeron a Morales
10 de enero de 2019
La Corte Suprema de Justicia dio trámite este miércoles (09.01.2019) una solicitud de antejuicio (desafuero) presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN) en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal) por supuestamente "excederse en sus funciones" al suspender el cese de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El fundamento de la presentación es que, al suspender la decisión adoptada por el presidente Jimmy Morales, los magistrados Bonerge Amílcar Mejía, Gloria Porras y José Francisco de Mata se inmiscuyeron en un tema relaciones con la política exterior, algo que "solo le compete al Ejecutivo”. El antejuicio ya fue trasladado al Congreso, de mayoría oficialista, que deberá definir si se retira la inmunidad de los magistrados.
El caso fue presentado por el representante de la Asociación de Dignatarios de la Nación, Guillermo Pellecer Rodas, y afirma que los magistrados habrían incurrido en prevaricato, violación a la Constitución y abuso de autoridad. El proceso puede tardar todavía varios días, pues el Parlamento se encuentra en receso. Luego la Comisión Permanente debe revisar el caso y entregar un informe ante el pleno.
Cicig finalizará su mandato
El portavoz de la Corte Supremo de Justicia, Mario Siekavizza, explicó que "el artículo 183 inciso O de la Constitución le permite al Ejecutivo conocer asuntos de política exterior". Añadió que la solicitud de antejuicio fue avalada por mayoría de 11 votos a 2 por el Supremo y que no fueron delimitados los delitos en los que pudieron haber incurrido los magistrados, pues la resolución se basó en que estos "limitaron" al presidente Morales en sus facultades.
El Constitucional guatemalteco suspendió provisionalmente la madrugada de este miércoles 9 de enero la terminación anticipada y unilateral del acuerdo del Gobierno y la ONU para el establecimiento de la Cicig, que había anunciado un día antes el presidente Morales por considerar que la Comisión se había "extralimitado" en sus funciones y realizado actos "ilegales".
Por su parte, el portavoz de la Comisión, Matías Ponce, insistió que la entidad "finalizará con su mandato estipulado hasta septiembre", y que se analizan "distintas acciones a realizar para continuar con sus tareas".
DZC (EFE, Prensa Libre)
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