El carbón expulsa a indígenas colombianos
19 de noviembre de 2010
La crisis de la tortilla en México en el 2007, cuando uno de los alimentos básicos de la población llegó a superar los diez pesos el kilo, fue el comienzo de una escalada en los precios de alimentos que ha provocado desde entonces fuertes disturbios sociales en unos 40 países en desarrollo.
“La competencia por los mejores pedazos de tierra cultivable ha adoptado una dimensión sin precedentes. Se dice que esta nueva forma de apropiación de tierras tiene lugar sobre todo en África, pero también están afectados numerosos países de Asia y de América Latina. En Argentina, Paraguay y Bolivia, por ejemplo, las plantaciones de soya se expanden impulsadas por la gran demanda mundial del aceite de soya para la producción de biocombustibles”, afirma Carolin Callenius, experta en seguridad alimentaria de la organización Pan para el Mundo (Brot für die Welt).
Encarecimiento de alimentos
La organización cercana a la Iglesia Evangélica alemana realizó junto con el Centro de Investigación y Documentación sobre Chile y Latinoamérica, un seminario en el que se analizó la situación en Africa, Asia y América Latina. En la competencia por el valioso y último botín terrenal participan bancos, fondos de inversion, grandes corporaciones multinacionales así como Estados débiles que venden lo mejor que tienen.
“Desde julio los precios de los alimentos del trigo, el maíz y la caña de azúcar han vuelto a dispararse debido a la gran demanda de combustibles vegetales como el biodiesel”, señala la especialista.
Pero la apropiación de tierras tiene otros motivos como se ve en el caso del Catatumbo, una región de una gran riqueza de recursos naturales ubicada en el nororiente de Colombia, que colinda con Venezuela. La gran riqueza de su suelo, donde se encuentran grandes yacimientos de carbón, petróleo, oro, esmeralda y níquel la han convertido en una región estratégica y codiciada por poderosas multinacionales.
Violencia brutal en Catatumbo
Sus habitantes han vivido décadas de violencia brutal por parte de grupos paramilitares. Entre 1998 y 2005 unos 11.200 campesinos fueron asesinados, otros 600 siguen desaparecidos y más de 100.000 resultaron desplazados. Tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 2004 y 2006 muchos volvieron a sus tierras. Pero el ejército y las nuevas estructuras paramilitares, como las llamadas Águilas Negras, continúan amedrentando a la población.
“Desde el 2005 contamos con unos 11.000 militares en la región. Golpean a la gente, allanan las moradas, roban a los campesinos y eso ha provocado un gran descontento”, afirma Gilma Téllez Carrascal, presidenta de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). La activista afirma que la gran riqueza de su subsuelo es lo que motiva la violencia para desplazar a los campesinos de esos territorios.
Colombia es el segundo proveedor de carbón de Alemania y la intención es convertir al país sudamericano en una potencia minera hacia el 2019. “Eso supone una enorme concesión de tierras para la explotación del carbón, de metales preciosos y otros minerales, sabemos que eso tendrá un grave impacto sobre la situación de los derechos humanos de comunidades indígenas afrodescendientes y campesinos”, afirma por su parte Judith Maldonado Mojica, representante de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.
Acceso a la tierra
La abogada añade que Colombia, un país que muestra la mayor concentración de tierra en América Latina es también el único del subcontinente que ha presentado un desplazamiento interno forzado de más de 4 millones de personas. “Tiene un conflicto armado con la presencia de tres grupos insurgentes cuyos orígenes se remontan a los años 60 y por una demanda campesina de acceso a la tierra”.
Las activistas recorrerán varias ciudades de Alemania para informar a las iniciativas ciudadanas sobre lo que está sucediendo en Colombia.
“Queremos construir una zona de reserva campesina y colectivamente buscamos una titulación de la tierra. Buscamos un plan de desarrollo con los campesinos y para los campesinos para asegurarnos la supervivencia en la región”, afirma Tellez Carrascal.
Carolin Callenius señala que la apropiación ilegal de tierras a nivel mundial oscila entre 20 y 50 millones de hectáreas al año, pero la zona gris es inmensa porque los tratados entre gobiernos y trasnacionales no trascienden a la opinión pública. “Necesitamos una regulación global para enfrentar este problema, con lineamientos que regulen el uso y la propiedad de las tierras cultivables”, afirma.
La experta advierte que a menudo los gobiernos hacen una política de corto plazo con la que pueden lucir hacia afuera, pero a largo plazo son los pobres quienes pagan la cuenta. “Los beneficios son para los especuladores y las trasnacionales, pero los pobres no tienen lobby y son los que acaban perdiendo”.
Autora: Eva Usi
Editor: Pablo Kummetz