Derecho al agua y las multinacionales

Debido a la explotación indiscriminada de recursos naturales y al cambio climático, alrededor de un millón y medio de personas en el mundo carecen de agua. Según la ONU, en 2025 la demanda de agua potable será en un 56% mayor que el suministro disponible. Como comparación, un habitante del hemisferio sur consume un promedio de 20 litros de agua por día, mientras un estadounidense supera los 600 litros diarios.

En América Latina, dos problemas amenazan principalmente el derecho al agua. En primer lugar, la actividad de empresas transnacionales proveedoras de agua y la infraestructura sanitaria. Hay un gran desequilibrio entre las altas tarifas al usuario, las ganancias millonarias de las empresas y el estado deplorable del sistema sanitario de la población.

En segundo lugar, la actividad minera indiscriminada de transcionales que desemboca, por un lado, en la sobreexplotación de recursos subterráneos, con la consiguiente destrucción de acuíferos naturales, y también en la contaminación del agua con cianuro por el lavado de minerales como el oro. Esta carrera por el beneficio económico no sólo depreda yacimientos metalíferos, sino que también envenena el agua, el aire y el suelo, haciendo así inaccesible un elemento fundamental para la vida.

El caso Bolivia: la ley “Agua para la Vida”

“En Sudamérica son pocos los países que han incluido en su legislación el derecho al agua. Si bien se piensa que es un derecho consagrado, esto no es así. Es por eso que países como Uruguay, Ecuador y Bolivia están trabajando para plasmar el derecho al agua en su constitución”, explica Juan Carlos Alurralde, de la Organización No Gubernamental (ONG) boliviana Agua Sustentable. Según Alurralde, Argentina, Brasil, Colombia y Perú se oponen a ello porque creen que les puede ocasionar problemas con la exigibilidad que se deriva del derecho.

La ley boliviana, impulsada por el gobierno de Evo Morales, se llama “Agua para la Vida”. Su historia comienza con la llamada “Guerra del Agua”, en el año 2000, en plena época neoliberal en América Latina. En ese año, Bolivia había otorgado la concesión para el servicio de la ciudad de Cochabamba a la empresa Aguas de Tunari, subsidiaria de la multinacional estadounidense Bechtel. Con esta concesión, las tarifas para el usuario sufrieron un alza del 300 por ciento en enero de 2000, el llamado “tarifazo”. Una familia de trabajadores con un ingreso promedio, de unos 800 a 1000 pesos bolivianos por mes (unos 150 dólares), tenía que pagar entre un 40 y un 70 por ciento de su sueldo para poder utilizar agua potable.

Esto desembocó en una serie de movilizaciones populares contra la privatización en las que se produjeron enfrentamientos con la policía que tuvieron como saldo cientos de heridos y un muerto. La “Guerra del Agua” boliviana fue una prueba de lo que puede suceder en un futuro no muy lejano, y a gran escala, si no se administra el recurso vital respetando el derecho a la vida en todas sus manifestaciones.

“El gobierno de Hugo Banzer no reconoció el derecho al agua de la población y expropió el líquido entregándoselo a una transnacional”, dice Oscar Campanini, de Agua Sustentable. A partir de ese momento se produce un alto en las políticas del gobierno, apoyadas por organismos internacionales como el Banco Mundial. Más tarde, se introdujeron las llamadas sociedades mixtas, o público-privadas.

“Por medio de una auditoría se descubrió que 200.000 habitantes de El Alto no contaban con servicios de agua potable, a pesar del compromiso contractual de la empresa”, cuenta Campanini. Y eso no era todo. Las inversiones no eran capitales de la empresa, sino de organismos internacionales que facilitaban préstamos que la misma población terminó pagando. La empresa Bechtel inició juicio al Estado boliviano por 25 millones de dólares por lucro cesante, lo cual movilizó a organizaciones internacionales, como la Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua), y se logró así que Bechtel se fuera de Bolivia.

“Por eso es tan importante inscribir una ley general de aguas que especifique que las empresas deben adecuarse a lo que dicta la constitución del país”, señala Juan Carlos Alurralde. La ley “Agua para la vida” indica que, en el marco de las empresas mixtas, el estado debe poseer un 51 por ciento o más de las acciones, y la empresa privada un máximo de un 49 por ciento. Esto significa que la empresa será siempre pública. “Bechtel, también presente en Ecuador, ya anunció juicios al Gobierno de Rafael Correa”, afirma el activista.

“Todo depende de la sociedad civil de los diferentes países”, subraya Alurralde. “El avance de una legislación que proteja y garantice el acceso al agua potable no se podrá frenar”, dice Alurralde. En Colombia, por ejemplo, se están reuniendo firmas para un referendo que permita modificar la constitución e implementar una ley de aguas.

Minería: contaminación de suelos, aire y agua

La minería boliviana tiene, según Oscar Campanini, de la ONG Agua Sustentable, un fuerte elemento corporativista. Pero también hay algunas empresas transnacionales que operan en el país, como es el caso de los yacimientos de plata de San Cristóbal, en el departamento de Potosí, transferida recientemente al consorcio japonés Sumimoto, y el proyecto minero del cerro El Mutún, en el departamento de Santa Cruz, uno de los yacimientos de hierro más grandes del mundo, con recursos que superan las 40 mil millones de toneladas.

El principal problema provocado por la minería no es solamente la contaminación, sino también la sobreexplotación de acuíferos. En muchos casos, estas fuentes de agua son depósitos fósiles subterráneos que no se renuevan. Eso hace que la población y los animales no puedan seguir viviendo en la región debido a la falta de agua. “El emprendimiento de San Cristóbal tiene un fuerte impacto en el ecosistema”, dice Oscar Campanini. “Y para la explotación del cerro El Mutún se utilizará una enorme cantidad de recursos hídricos, y se producirá una gran contaminación”, prevé el activista.

“En Bolivia hay una importante experiencia en cuanto a movilización y organización social”, señala Campanini. En algunos casos, con las demandas de la población se generan propuestas, proyectos de políticas públicas para ser consideradas por el gobierno y para que alguna vez se las aplique. Pero en ciertos casos, como es el de la minería, las demandas no son lo suficientemente eficaces. El poder de las empresas mineras multinacionales, que mueven inmensas cantidades de dinero, aún es demasiado grande.

“No hablamos del derecho al agua, sino, en un sentido holístico, del Agua para la vida. La naturaleza no tiene voz, por eso, la implementación del derecho al agua significa no sólo el acceso a ese elemento, sino también agua para la alimentación y para el medioambiente”, explica Juan Carlos Alurralde.

Autora: Cristina Papaleo
Editor: José Ospina Valencia