¿Quién defiende a los migrantes en República Dominicana?

“Hay muchísimas personas dominicanas que han acompañado por décadas a la población migrante haitiana”, asegura el trabajador social y activista haitiano Wendy Osirius, tras 33 de sus 37 años residiendo en República Dominicana. Denuncian las violaciones derechos humanos, luchan para que los niños haitianos puedan recibir educación formal en el sistema dominicano, o consiguen becas universitarias a los jóvenes, ilustra a DW.

“ Hay que seguir denunciando”, pero también “resaltar los puntos que nos unen”, pide. Por eso, la ONG que preside Osirius bajo el ambicioso rótulo de Movimiento por los Derechos Humanos, la Paz y la Justicia Global (MONDHA), no solo desarrolla su propia labor humanitaria, de capacitación y defensa de derechos de diversos grupos de migrantes haitianos,sino que agradece y homenajeó recientemente a instituciones dominicanas como el padre Regino Martínez.

Solidaridad Fronteriza

El sacerdote jesuita Regino Martínez lleva 51 años en la frontera. Llegó con 30 y generó un movimiento de solidaridad entre campesinos dominicanos y haitianos, en sus luchas por la tierra en la zona de Dajabón (en el noroeste dominicano) y Ouanaminthe (en el noreste haitiano). De ahí nacieron dos oficinas con el mismo nombre, una en cada localidad, Solidaridad Fronteriza y Solidarité Frontalière, explica a DW el padre Osvaldo Concepción.

La oficina dominicana es hoy parte del Centro Montalvo, con sedes en varios puntos del país y dirigido por este otro sacerdote de 38 años. El trabajo coordinado original, para generar un desarrollo binacional, fomentar y acompañar la colaboración entre organizaciones de base de ambos pueblos (de campesinos, de mujeres, etc.), es ahora “muy difícil, porque estamos literalmente separados por una frontera y un muro”, que antes no existían más que en términos políticos, lamenta Concepción –también conocido como padre Chocolate.

Por la frontera pasan dos tipos de migrantes, aclara. Por un lado, está el habitante fronterizo sin intención de migrar y cuya realidad es binacional: “Es haitiano, sabe español, tiene compadres, comadres y amigos del otro lado de la frontera”. Y, por otro, el haitiano que es víctima de trata, que busca alcanzar grandes ciudades de República Dominicana como Santiago de los Caballeros, Santo Domingo y Punta Cana, ilustra. El centro que Concepción dirige hoy intenta acompañar y proteger los derechos de ambos grupos.

¿Un movimiento afrodominicano?

Tras la desnacionalización de decenas de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana en 2013, el movimiento social haitiano y dominico-haitiano se ha convertido en uno de los más activos de República Dominicana, junto con el ecologista, afirma a DW la filósofa y activista afrodominicana Yuderkys Espinosa, en Santo Domingo. Han convocado las marchas más multitudinarias de los últimos tiempos en el país, dice.

Sin embargo, “el movimiento que se reclama afrodominicano” -sin ascendencia haitiana- y otros sectores progresistas del país apenas han acompañado y denunciado la situación que están viviendo las personas haitianas y dominico-haitianas, apenas han confrontado al Gobierno, lamenta Espinosa. Algunos, incluso, llegan a replicar prejuicios antihaitianos dominantes en el país, dice.

Ataques nacionalistas

Entretanto, organizaciones internacionales como Front Line Defenders o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado el “aumento de la violencia” contra defensores de la población migrante o de ascendencia haitiana en República Dominicana. Sobre todo, tras las protestas contra la discriminación del pasado septiembre en Santo Domingo y el anuncio de octubre del presidente dominicano, Luis Abinader, de un operativo de expulsiones masivas, que afecta especialmente a personas haitianas y sus descendientes.

El doctor Joseph Cherubin, veterano activista y director ejecutivo del antiguo Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, hoy Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA) confirma a DW una “campaña de grupos nacionalistas no sólo contra los haitianos sino contra los defensores de derechos humanos”. Sus oficinas y su centro médico fueron asediadas en octubre en Santo Domingo por un autodenominado Movimiento Código Patria.

La antropóloga y activista afrodominicana Ochy Curiel alerta también sobre el fortalecimiento de grupos ultranacionalistas como Nueva Orden, que han llamado la atención de medios locales con su oposición radical a una supuesta “haitianización” del país.

Amenazan a quien se pronuncie sobre el tema, a medios como Acento TV o a representaciones de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, ilustra la activista dominicana de ascendencia haitiana Elena Lorac, de 35 años, coordinadora de Reconoci.do, que lucha por los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana. Lorac pudo recuperar su nacionalidad dominicana gracias a un paralizado Régimen Especial de Naturalización de 2014, pero “con mucha vulnerabilidad porque hay recursos de inconstitucionalidad” de grupos ultranacionalistas en contra de esa ley.

¿Los empresarios?

Desde su sede en Santiago de los Caballeros, MONDHA también ha homenajeado a representantes del empresariado dominicano, por “dar trabajo a los haitianos”. Tanto activistas como dominicanos de a pie, empresarios y funcionarios del Gobierno, reconocen que algunos sectores de la economía dominicana no podrían prescindir de la mano de obra haitiana.

De hecho, la Dirección General de Migración (DGM) se ha reunido con empresarios agropecuarios, de la construcción y el turismo, en busca de “soluciones, ajustadas a las regulaciones migratorias vigentes, a los requerimientos de mano obra extranjera”. No obstante, el presidente Luis Abinader ha reiterado “la necesidad de dominicanizar y mecanizar las actividades agropecuarias y de la construcción”, recuerda la DGM.

“No es que no estén acá. Una gran parte los necesitamos”, acepta William Núñez, técnico en mantenimiento de Santiago de los Caballeros, entrevistado por DW en la frontera, en Dajabón. “Entendemos la situación que tienen los haitianos y nosotros somos los que más metemos la mano por ellos”, asegura. Y sugiere aumentar los controles, que lleguen con contratos de trabajo que les garanticen deberes y derechos en los sectores que los emplean: “Un régimen de consecuencias, saber quién entra, tener sus huellas”.

Núñez y cuatro compañeros dominicanos estaban instalando una caldera en el parque industrial CODEVI, el mayor empleador del norte del país. Para terminar a tiempo, llegaron a un “ajuste” de pago –una suerte de contrato verbal común en el país- con diez trabajadores informales haitianos, según contó a DW.

La dependencia de la mano de obra haitiana es “total”, subraya el padre Chocolate. Tanta, que hasta el muro fronterizo es construido por haitianos, “una escena terrorífica”, dice la investigadora social afrodominicana Yuderkys Espinosa. El empresariado dominicano se queja porque las redadas ponen en riesgo sus actividades, pero también se beneficia de la precarización del trabajo, con una mano de obra que “acepta cualquier condición”, observa.

“Todo lo que pasa en términos migratorios existe en la estructura de desigualdad del país, lo que ocurre es que el inmigrante es doblemente vulnerable, por ser pobre y por ser irregular”, acota el padre Chocolate. En República Dominicana, como en muchos países de América Latina, hay una fuerte economía informal y se necesita una reforma laboral que permita que el empleado adquiera “condiciones laborales mucho más dignas”, dice.

Soluciones posibles y urgentes

“El problema de Haití impacta a la República Dominicana”, reconoce el activista Osirius y pide al Gobierno dominicano tomar otra posición. No con deportaciones masivas que Haití no puede absorber en medio de su crisis humanitaria y de seguridad, sino ofreciéndose como “buen vecino y aliado” para hallar solución, junto con el Gobierno haitiano y la comunidad internacional, para la pacificación de Haití, pide.

Directamente en la frontera, hoy militarizada, el padre Chocolate, director del Centro Montalvo, aboga por desmilitarizar a largo plazo. “Retirar el Ejército al cuartel y dejar que una fuerza civil de contención y seguridad se encargue”, dice. Por el momento, sus observadores de derechos humanos se manejan con discreción: toman nota en lugar de grabar o intervenir, aunque estén presenciando violaciones, por su propia seguridad, agrega el abogado Emmanuel Leclerc, promotor de derechos humanos del centro en Dajabón.

Un reclamo común es “regularizar a los trabajadores y las trabajadoras haitianas que por más de un siglo han sido fuente de desarrollo de la República Dominicana", resume Wendy Osirius. Concretamente, implementar el detenido plan de 2013. “A la mayoría se les han vencido sus documentos y el Gobierno no ha tenido mecanismos eficientes para renovarlos”, lamenta.

Restablecer la emisión de visados, suspendida desde 2023, aunque sea un proceso riguroso, reclama Emmanuel Leclerc. Abrir oficinas de la DGM en las 32 provincias del país, con la capacidad de renovar cualquier tipo de documentación migratoria (residencia, permiso temporal de trabajo, etc.). Esta es una promesa incumplida del Gobierno, recuerda.

La activista Elena Lorac, por su parte, insiste en el potencial que tendría resolver el tema pendiente de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana: varias decenas de miles de dominicanos hoy indocumentados podrían integrarse plenamente al sistema educativo del que han sido excluidos, así como contribuir al desarrollo de la economía y la sociedad dominicanas.

(ers)