¡Prohibir la tortura y castigar a los responsables!

Quienquiera que lea el resumen de 6.700 páginas del informe del Senado estadounidense sobre el programa de torturas de la CIA durante el gobierno del expresidente George W. Bush, se quedará atónito. Minuciosamente se describe cómo el Estado, que se define como el garante de los derechos humanos y de la democracia, violó sistemáticamente sus propios principios.

No es fácil soportar leer sobre prácticas como “la alimentación con excrementos” o cómo se trataba de hacer hablar a los prisioneros bajo la amenaza de que sus hijos corrían peligro y con un arma apuntando a su cabeza. Incluso duele escribir sobre ello. Estas prácticas parecen sacadas de una película de mafiosos. Sin embargo, fue el gobierno de los Estados Unidos quien dio la orden para ello.

Restando importancia a la tortura

Asimismo, asusta ver que, incluso después de que se diera a conocer el informe, todavía se debata sobre si las eufemísticamente llamadas “interrogaciones intensivas” se pueden definir como tortura o no. En su prólogo del informe, la senadora Dianne Feinstein ya dio la respuesta: “De acuerdo a todos los posibles significados del término, los prisioneros fueron torturados”.

Aún más difíciles de digerir son las declaraciones de políticos que tratan de justificar las prácticas de tortura, argumentando que esos métodos son eficaces. Escuchar a representantes electos del pueblo pronunciar estas palabras es una bofetada al Estado de derecho.

En primer lugar, como se muestra explícitamente en el informe, esta declaración es falsa. Y en segundo lugar: la tortura es inaceptable en una democracia. Tampoco lo es en un estado de excepción como el que se vivió en EE. UU. después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Quienquiera que use la tortura para obtener informaciones socava el Estado de derecho, y se comporta igual que otros extremistas, que atentan contra este.

Espaldarazo político

De ahí que deba haber consecuencias políticas y judiciales. Como señalaba puntualmente Dianne Feinstein, los métodos de interrogación que se aplicaron durante el mandato de George W. Bush deben ser prohibidos oficialmente por parte del Congreso. La prohibición vigente se basa solamente en una orden del presidente Barack Obama y puede ser revocada por el próximo presidente.

Además, también deben rendir cuentas los responsables políticos. Después de todo, el gobierno de aquel entonces respaldó tanto político como jurídicamente las prácticas de tortura. No en vano, George W. Bush solía autodenominarse como “El que toma las decisiones” (The Decider). Se le debería tomar la palabra.