Panamá: ola de protestas en paraíso fiscal
5 de noviembre de 2012
Hace aproximadamente un año abrió sus puertas en la Ciudad de Panamá el hotel de lujo “Trump Ocean Club” del multimillonario estadounidense Donald Trump. No solo es el hotel más alto de América Latina, sino que también simboliza los ambiciosos planes para el futuro del país centroamericano. Una nueva terminal del aeropuerto, la millonaria ampliación del Canal de Panamá e innumerables proyectos de infraestructura como una red de metro, que se construirá con ayuda alemana, son solo una pequeña muestra de la gran cantidad de megaproyectos que se están llevando a cabo en el país.
El director del hotel de Trump, Mark Stevenson, está convencido de que, en parte, gracias a esas inversiones, Panamá tiene el potencial de convertirse en una de las metas turísticas más atractivas y lucrativas de los próximos años:”el turismo es una industria limpia y con alto coeficiente de mano de obra, lo que es bueno para Panamá”.
Pero a menos de 200 metros en línea recta del hotel comienza la otra Panamá, que limita con las zonas nobles de la ciudad, pero donde se saca poco provecho de la prosperidad de la ciudad. Chozas de láminas metálicas, agua pestilente y caminos lodosos: en ningún otro lugar de la ciudad son tan evidentes los contrastes del país como en esta pequeña parte de la capital. Una autopista separa la zona noble de los barrios pobres, así como la Panamá de los extranjeros de la Panamá nativa.
Expansión con inversiones extranjeras
El presidente Ricardo Martinelli cree firmemente en el rumbo que ha tomado la expansión con la ayuda de inversionistas extranjeros, que llegan atraídos por la liberación de las leyes fiscales y las disposiciones liberales de entrada al país. Más de 50 bancos y cientos de rascacielos forman parte del horizonte de la Ciudad de Panamá.
Pero los planes de expansión de Martinelli han llegado a sus límites. Una ley del empresario presidencial, quien también es dueño de de la cadena de supermercados más grande del país, ha colmado el vaso, desatando la desconfianza latente de aquellas capas sociales que sacan poco provecho de las inversiones extranjeras.
La polémica “ley 72” pretendía hacer posible la venta de tierras estatales en las cercanías inmediatas del Canal de Panamá a empresas internacionales. La iniciativa estaba destinada a la recaudación de varios mil millones de dólares y generar más inversiones. Voces críticas, en cambio, temen que la venta de esas tierras a empresas internacionales pueda destruir la economía local. Según sus informaciones, más de 30.000 lugares de trabajo estarían afectados.
En Colón, en la costa caribeña, se encuentra uno de los puertos francos más grandes del mundo, donde incontables negocios locales pequeños y medianos se han establecido en las proximidades del canal. Por temor a quedarse en la estacada frente a la fuerte competencia financiera del extranjero, los propietarios han salido a protestar en las calles.
Las protestas llevan a la derogación de la ley
En los últimos días del mes de octubre se originaron protestas violentas en Colón, que cobraron la vida de varias personas. Pero el descontento de los manifestantes llevó al gobierno a derogar la ley. “Ya se enmendó el error”, dijo al respecto el presidente del Parlamento Sergio Gálvez.
Ahora, los sindicatos y los movimientos sociales quieren negociar nuevamente. Edgardo Voitier, del movimiento de oposición “Frente Amplio por Colón”, uno de los opositores más prominentes, había anunciado poco antes: “No nos detendremos hasta que el gobierno derogue la ley y se sienta a dialogar en una mesa con las personas. Nosotros necesitamos inversiones en casas, calles, en el sistema educativo y de salud.”
El presidente de Panamá, Martinelli, reconoció su derrota política, poniendo en pausa sus ambiciosos planes de privatización: “Nos sentaremos en una mesa a debatir constructivamente.”
El pasado primero de noviembre, organizaciones humanitarias denunciaron al gobierno de Panamá por la violación de derechos humanos durante las manifestaciones convocadas en octubre contra la venta de tierras del Estado.
Autor: Tobias Käufer/ VC
Editor: Enrique López Magallón