La conclusión a la que llegaron los obispos chilenos, tras haber pasado cinco días reunidos en Punta de Tralca, suena a primera vista casi a perogrullada: "Hemos fallado a nuestro deber de pastores al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos. A veces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos abusos sexuales, de poder y de autoridad y por ello, pedimos perdón, en primer lugar, a las víctimas y sobrevivientes”.
Ya había habido peticiones de perdón de semejante tenor de parte de los prelados, ante esta crisis que ha sacudido hasta la médula la confianza de los chilenos en una Iglesia que años atrás, en plena dictadura de Pinochet, había sido un baluarte de la defensa de los derechos humanos y único refugio de los perseguidos de cualquier color político. Una Iglesia que se había ganado, a punta de valentía y de consecuencia con el Evangelio, también el respeto de los no creyentes.
La ley rige para todos
Pero la declaración de los obispos no se queda, afortunadamente, en esas palabras de arrepentimiento que pueden parecer relativizadas por ese "a veces no reaccionamos”, cuando la tónica general fue el silencio encubridor en los casos de abusos sexuales. Afortunadamente, los obispos fueron esta vez más allá de anunciar su disposición a colaborar con la Justicia civil, y decidieron dar conocer públicamente todas las investigaciones previas sobre presuntos abusos sexuales de menores de edad realizadas en sus jurisdicciones.
Parece algo obvio, porque ni la Iglesia católica –ni ninguna otra- vive al margen de la ley secular, de lo que se desprende que tiene el deber de cooperar con las investigaciones. Lo contrario se llama encubrimiento, y es un delito. Pero esa ha sido precisamente la actitud que vino sosteniendo la jerarquía eclesiástica por años, y lo que más descrédito le ha reportado. Que haya sacerdotes pedófilos –sean pocos o muchos- es algo doloroso para la comunidad católica. Que la jerarquía haya intentado largamente evitar que sus casos salieran a la luz pública, protegiendo su propia imagen en lugar de proteger a las víctimas, es un escándalo que ha hecho tambalear los cimientos mismos de esa comunidad.
El informe Scicluna
Ahora, los obispos anuncian un cambio de actitud. Nunca es tarde para arrepentirse - según ese dicho tan católico- ni para enmendar rumbo. Menos, cuando la fiscalía chilena ha solicitado al Vaticano los expedientes canónicos sobre clérigos investigados por el Ministerio Público en casos de abusos sexuales. La Justicia chilena quiere conocer el informe del obispo Charles Scicluna, que a todas luces abrió los ojos al Papa Francisco en cuanto a lo ocurrido en Chile.
Quizá la decisión de los prelados chilenos facilite al Pontífice acceder a la petición de la Fiscalía chilena. Quizá haya sido un intento de adelantarse a esa posibilidad. Quizá sean solo palabras. Pero queda la esperanza de que pueda ser un gesto encaminado a recuperar la valentía que un día caracterizó a la Iglesia Católica chilena que desafió a la dictadura. O al menos un primer paso para comenzar a restaurar la credibilidad perdida.
Emilia Rojas (CP)
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