ONU Mujeres: “más leyes no significan más igualdad”, ni en Europa

186 de los 192 miembros de Naciones Unidas han ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 139 garantizan constitucionalmente la igualdad entre mujeres y hombres. 173, la licencia de maternidad con sueldo. 117, la igualdad de remuneración. 115, los derechos de propiedad de las mujeres. Y 125 han ilegalizado la violencia doméstica.

Pero “las leyes no se han traducido en mayor igualdad y justicia”, resume el primer informe de ONU Mujeres, dirigida por la ex presidenta chilena Michele Bachelet. Más de la mitad de las trabajadoras –600.00 millones en el mundo– se halla en empleos vulnerables, sin protección de leyes laborales. De un 10 a un 30 por ciento se abre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y en más de un tercio de los países –en un seis por ciento de los latinoamericanos–, ellas no tienen derecho a trabajar en los mismos sectores que ellos.

Además, 61 países restringen severamente el derecho de la mujer al aborto. Desde 2000, países como Armenia y Nicaragua han despenalizado la homosexualidad, y otros como Bolivia, Ecuador, Portugal, Sudáfrica, Suecia y Suiza prohíben constitucionalmente la discriminación por orientación sexual. Pero en 53 naciones aún son ilegales las relaciones homosexuales consentidas entre mujeres adultas –penalizada para todos los sexos en el 40% de los países estudiados.

125 países –incluidos casi todos los latinoamericanos y caribeños– han aprobado leyes para frenar la violencia doméstica, reporta esta Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Y, afortunadamente, dos tercios de todos los países han aprobado leyes que protegen a las mujeres en espacios públicos y lugares de trabajo, prohibiendo el acoso sexual.

Pero, si bien países como Uruguay y Turquía abolieron leyes que eximen a los perpetradores de violencia sexual si contraen matrimonio con sus víctimas, sólo 52 países tipifican como delito la “violación conyugal”. La medida se ha extendido lentamente desde que la Cámara de los Lores del Reino Unido derogara, en 1992, el principio de derecho consuetudinario que equiparaba automáticamente el matrimonio con el consentimiento pleno de ambos cónyuges a toda actividad sexual.

Todavía “millones de mujeres afirman haber sufrido algún tipo de violencia en sus vidas, usualmente a manos de su pareja”, informa ONU Mujeres. Y esto no excluye a Europa, considerada de vanguardia en la defensa de los derechos de la mujer. Según un estudio de 2009, apenas entre el 5 y el 14 por ciento de las denuncias por violación en 13 países europeos acaban en condena. El caso más grave es el de Bélgica.

En 17 de una muestra de 41 países, la cuarta parte o más de las personas justifica que un hombre golpee a su esposa. Uruguay, México, Trinidad y Tobago y Brasil (en ese orden) destacan con cerca y hasta más del 20 por ciento de los encuestados con tales percepciones en América Latina. En Argentina, Colombia y Chile la proporción disminuye considerablemente.

América Latina y el Caribe encabezan junto a las llamadas “regiones desarrolladas”, la lista de países en que se prohíbe explícitamente la violencia doméstica (en más del 90 por ciento de la región) y la violación conyugal (en más del 40 por ciento). En la prohibición del acoso sexual la región queda en tercer lugar (con poco más del 60 por ciento), precedida además por Europa Centro-oriental y Asia Central.

En la vida pública, la media de la participación de las mujeres en los Parlamentos del mundo es apenas del 19 por ciento, Si bien hoy son 28 países –en lugar de los cuatro de 1997– los que superan el umbral del 30 por ciento, en la mayoría esto se ha logrado con “cuotas”. En Alemania, por ejemplo, el Ministerio de Familia quiere aprobar la “Flexiquote”, una solución “que apuesta por la transparencia y la competitividad”, dijo a Deutsche Welle la asesora de prensa, Charlotte von Buttlar.

Según el proyecto alemán de “obligación legal al autocompromiso”, unas 1.000 empresas cotizadas en bolsa y sociedades cogestionadas de capital deberían publicar y establecer en la práctica, hasta 2013 y de forma vinculante, sus propias “cuotas” de mujeres en puestos de dirección. Quienes sobrepasen el 30 por ciento quedan liberados de comprometerse a más. Quienes no cumplan el compromiso, pueden sufrir sanciones.

Por ahora, “tanto en países ricos como pobres”, la infraestructura judicial (policía, tribunales, judicatura) “ha fracasado en el respeto a los derechos de la mujer”, afirma el informe. Quizás esto tenga que ver con que, incluso en Europa, apenas un 35 por ciento de la magistratura y un 32 por ciento de los fiscales son mujeres. En la policía ellas representan sólo el 13 por ciento

Pero “cuando las mujeres son parte del cuerpo policial, las denuncias de agresiones sexuales aumentan”, así que ONU Mujeres sugiere, entre otras recomendaciones, “colocar a la mujer en el primer plano de la administración de justicia”.

Autora: Rosa Muñoz Lima

Editora: Emlia Rojas Sasse