ONU cierra filas en defensa del pacto de paz en Colombia

El representante de Michelle Bachellet, Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, advirtió que "no puede haber marcha atrás" en el pacto de paz en Colombia y consideró que el Gobierno, resuelto a modificar el acuerdo que desarmó a las FARC, tiene la "responsabilidad histórica" de implementar los compromisos. "El Gobierno actual tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena del acuerdo de paz", declaró Alberto Brunori, representante de Bachelet. "No puede haber marcha atrás", recalcó.

El presidente colombiano, Iván Duque, se propone modificar algunos aspectos del sistema de justicia pactado por su antecesor, el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, y los rebeldes de las FARC. Suscrito a finales de 2016, el pacto prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a prisión si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y nunca más vuelven a ejercer la violencia. "La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación sin delaciones del proyecto de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz", añadió Brunori.

Objeciones a seis artículos 

Duque, que venía de cuestionar el trato indulgente a los rebeldes acusados de delitos atroces, anunció hace unos días que objetará ante el Congreso seis de los 159 artículos de la ley que regula la JEP. El sistema de justicia es considerado la columna vertebral del pacto negociado con las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de  Colombia, FARC, convertidas en partido político.   Asimismo, el gobernante anticipó que presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar tres puntos del estatuto que dio origen a la justicia de paz que fue avalado por el Congreso en 2017 y por la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna.

Las reformas anunciadas por el mandatario de derecha, que no cuenta con mayorías aseguradas en el Congreso para sacar adelante los cambios, apuntan principalmente a modificar el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del partido FARC.  Las partes habían acordado que ningún rebelde podría ser entregado a la justicia estadounidense por acciones cometidas antes de la firma de la paz, aunque quienes hayan incurrido en narcotráfico después de 1 de diciembre de 2016 enfrentarán una eventual extradición. El Gobierno pretende, además, excluir de beneficios penales a responsables de delitos sexuales contra menores cometidos en el marco del conflicto y a quienes reincidan en actividades criminales.

"Si entre todos no somos capaces de dar a la JEP la autoridad, la independencia, la autonomía y las fuerzas necesarias para realizar su trabajo, las más perjudicadas serán las víctimas", aseguró la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, durante la presentación del informe. 

MS (efe/afp)

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