Colombia y las objeciones de Duque: ¿Está en riesgo la paz?

"El presidente de Colombia tiene la facultad de objetar cualquier proyecto de ley, también el de la Ley Estatutaria sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)”, dice José Gregorio Hernández Galindo, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia a DW.  Ahora bien, agrega el jurista, "si bien el presidente no podía objetar el proyecto de ley por inconstitucionalidad, ya que la Corte Constitucional lo había revisado, sí puede hacerlo por inconveniencia”. Como, en efecto, ocurrió.

"He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló el presidente de Colombia en una alocución televisada el 10 de marzo pasado.

Los seis incisos o artículos objetados se refieren a la reparación material a las víctimas  (art. 7); la verificación de quienes se sometan a la jurisdicción de paz para evitar que delincuentes comunes se cuelen para ganar beneficios (art. 63); la mejor definición de cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra sometidos a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria (art. 79); la renuncia a la acción penal frente a crímenes de lesa humanidad con quienes no son máximos responsables (art. 19); a la práctica de pruebas por la JEP a personas que delinquen luego de la firma del Acuerdo Final (24 de noviembre de 2016) y que son pedidas en extradición (art. 150); y al condicionamiento de la extradición a cambio de verdad sin establecer términos (art. 153).

¿Está en riesgo el Estado de derecho?

Las críticas a la medida del presidente Iván Duque han sido duras. Tal vez la más fuerte, por la gravedad de la conclusión, viene del mismo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, representante de los ciudadanos ante el Estado: "La ruta propuesta por Iván Duque conduce a agudizar la fractura política en la que se encuentra Colombia”. Para el Procurador, "soslayar el cumplimiento del principio de respeto a decisiones autónomas de la Justicia pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia como Estado de derecho, ya que es una vulneración a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial”, aduce Carrillo en W Radio.

Una postura que el constitucionalista Hernández Galindo considera "alarmista”. Pero la última palabra no está dicha en esta reapertura del debate sobre la paz en Colombia. ¿Qué puede pasar en las dos cámaras del Congreso colombiano?

Según el profesor Hernández, existen tres hipótesis: "Una. Puede ser que las cámaras acepten las objeciones de Duque, e introduzcan modificaciones al texto. El asunto será entonces trasladado a la Corte Constitucional que examinaría los puntos nuevos. Dos. Es también posible que las objeciones sean rechazadas con una mayoría de la mitad más uno. El presidente quedaría obligado entonces a sancionar el proyecto de ley y promulgarlo. Duque ya no lo podrá objetar. En el tercer escenario, una cámara aprueba las objeciones, pero la otra las rechaza. En ese caso, el proyecto de ley se archiva, todo”, concluye el jurista.

Eso quiere decir que la ley estatutaria que organiza la JEP se cae. "Aunque la JEP seguirá funcionando, como lo ha estado desde hace más de un año, todo el proceso para definir su operación tendría que volver a empezar de cero".

Para el excongresista Álvaro Leyva, controvertido opositor del Gobierno de Duque, todo este escenario es un Triángulo de las Bermudas, en el que "Duque objeta Ley Estatutaria, presenta Acto Legislativo para hacer trizas los Acuerdos y propone plan de paz. Lo primero, inocuo; lo segundo, pensar con el deseo; lo tercero, cumpla lo pactado por el Estado, y con el ELN le ayudamos”, reclama y ofrece Leyva en Twitter, y quien al cierre de edición aún no respondía a la solicitud de entrevista con DW. 

Si  bien, el exmagistrado José Gregorio Hernández defiende la "constitucionalidad” de los pasos dados por Duque, él es partidario de que "si hay vacíos y normas incoherentes o que dan lugar a la impunidad, lo indicado es que el Gobierno, la Fiscalía, la academia y la propia JEP estudien proyectos integrales con toda la tranquilidad —inclusive de carácter constitucional— para introducir los correctivos apropiados”, como también lo explica en la revista de análisis Razón Pública.

Acuerdo de Paz es irreversible

En todo caso, el Procurador General indicó que dicha decisión presidencial genera un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y abre un espacio a la inseguridad jurídica sobre el cumplimiento a los compromisos del Acuerdo de Paz. Una crítica que José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, amplía: "La objeción presidencial de Duque seguramente lo ayude a ganar apoyo entre quienes se oponen al Acuerdo de Paz”, señaló Vivanco en la página de HRW, agregando, que "es probable que no ayude en nada a garantizar que las víctimas del conflicto armado obtengan la justicia que tanto necesitan y a la que tienen derecho”. 

En todo caso, concluye José Gregorio Hernández Galindo, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, que "no debe haber alarma”, toda vez que "el Acuerdo de Paz se seguirá desarrollando porque su cumplimiento es irreversible”.

(el)