ONGs de DD. HH.: impunidad persiste en El Salvador
17 de julio de 2020
Los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en El Salvador entre 1980 y 1992 se mantienen impunes tras cuatro años de anulación de una ley de amnistía que bloqueaba los procesos penales, denunciaron este jueves (16.07.2020) diversas organizaciones humanitarias.
Las entidades de derechos humanos acusan a la Asamblea Legislativa, al Gobierno y a la Fiscalía General de la República de no avanzar en el cumplimiento de las órdenes dadas por los jueces constitucionales.
Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), asegura que la Fiscalía no ha dado un consolidado de las denuncias que ha recibido por los crímenes cometidos durante la guerra civil, y que al Ministerio Público "le ha faltado transparencia", mientras que las organizaciones sociales tienen un registro de más de 100 denuncias. "La Fiscalía realmente no le ha apostado a fortalecer el equipo de fiscales encargado de esta temática" y "no se registran avances sustanciales en los casos", acotó el activista de derechos humanos.
ONGS piden verdad, justicia y reparación
Más de 22 organizaciones sociales llamaron al Parlamento a aprobar una ley de reparación que "sea conforme con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y respete integralmente la dignidad de las víctimas, asegurando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral".
Al presidente del país, Nayib Bukele, le pidieron "levantar las barreras que impiden el acceso a la documentación sobre el conflicto armado", especialmente la que está en poder de la Fuerza Armada. También solicitaron que "profundice y amplíe los incipientes programas de reparación a las víctimas que durante toda su Administración se han visto disminuidos o suspendidos".
"Reconocemos que romper con la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado es el único camino para garantizar que crímenes como aquellos no vuelvan a suceder en El Salvador", sostuvieron en un comunicado.
Por los crímenes cometidos en la guerra civil solo purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por la matanza de seis padres jesuitas y dos colaboradoras (1989), y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por asesinar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.
La anulación de la ley de amnistía permitió reabrir casos como la masacre de los jesuitas (1989), cuyo futuro en este país se encuentra en manos de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia; el magnicidio de san Óscar Romero (1980) y la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981).
ama (efe, contrapunto)
Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |