Argentina: ¿está en juego la libre prensa?
7 de diciembre de 2012
Casi sobre la hora, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal amplió en la noche del jueves la medida cautelar que había solicitado el Grupo Clarín, y que expiraba este viernes, hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa que analiza si son constitucionales el artículo 65, que pauta las restricciones a los grupos de medios, y el artículo 161, que establece la obligación de desinvertir en caso de exceder los límites establecidos por la ley.
El ministro de Justicia, Julio Alak, quien había advertido un día antes que si se extendía esa medida cautelar que frena la aplicación de la nueva ley de medios al Grupo Clarín sería un "levantamiento", anunció que el gobierno apelará al recientemente promulgado derecho de "per saltum", que permite evitar tribunales de segunda o tercera instancia, y apelará directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Y así lo hizo este viernes, presentando un recurso extraordinario para intentar llegar a la Suprema Corte de Justicia e intentar revocarla.
El Grupo Clarín aseguró que esperará la resolución de la Justicia a sus demandas por supuesta inconstitucionalidad de los artículos de la ley.
La tensión reina en los estudios de Radio Sur
El redactor habla al mismo tiempo por dos teléfonos, el técnico de sonido tiene los diez dedos sobre el regulador y la presentadora al micrófono trata de concentrarse, pues la siguiente llamada está por entrar al aire. En este día, Argentina se encuentra paralizada debido a una huelga general, y en Radio Sur los radioescuchas expresan su opinión al respecto: estudiantes, trabajadores y amas de casa dan cuenta de cómo la huelga afecta su rutina y de por qué apoyan o rechazan las movilizaciones en curso. No hay música ni pautas publicitarias, se trata de una verdadera radio ciudadana.
Después del programa, la presentadora Inés Farina comenta: “La nueva ley de medios era y sigue siendo decisiva para nosotros. No solo para la radio alternativa y de servicio público, sino para toda la sociedad. Con ella se puede mejorar la calidad de la democracia y propugnar porque a todos se nos garantice la libertad de expresión.”
Más oferta y más democracia
Radio Sur de Buenos Aires hace parte de las llamadas radios comunitarias, pequeñas estaciones no comerciales, dirigidas por organizaciones sociales, universidades o grupos indígenas. Ellas se benefician de la ley en tanto pueden recibir más fácilmente su licencia de funcionamiento. La ley anterior, expedida por la dictadura militar en los años setenta, tan solo les permitía a personas e instituciones privadas administrar estaciones de radio y televisión. La nueva normativa busca ampliar la oferta, fortalecer la democracia y que en adelante los medios no sean el dominio exclusivo de poderosas empresas. Una tercera parte de las frecuencias se adjudica por ley a proveedores privados y las dos restantes, por partes iguales, a licitadores estatales y no comerciales. Quienes posean más del número de frecuencias permitidas, deben devolverlas.
De esta manera busca asegurarse que todos los sectores de la población puedan iniciar y difundir sus propios proyectos de medios. Todo ello parece tener sentido, pero como las cadenas de radio ciudadanas dependen con frecuencia de la ayuda financiera del Estado, la influencia de éste impacta inevitablemente el panorama de los medios de comunicación. Además, es el Estado el que cada dos años evalúa la concesión de licencias. Los defensores de la ley afirman por su parte que a través de ella se limita el poder de los conglomerados mediáticos con posición dominante: “Creemos que será una larga y dura lucha contra los grandes consorcios de medios. Ellos no han hecho más que beneficiarse de la situación de los últimos años y eso se tiene que acabar, porque la ley rige para todos”, dice Inés Farina de Radio Sur.
Medios, poder y mercado
Hace ya tres años que el parlamento argentino aprobó la nueva ley de medios, pero tan solo ahora se discute realmente sobre sus disposiciones. El Grupo Clarín, el segundo más grande de Latinoamérica, se niega a devolver las licencias en su poder que exceden el número permitido por la ley. Es evidente que Clarín se opone al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y por lo tanto interpreta la ley como una jugada política que quiere acallar a los grupos de medios críticos. El portavoz de Clarín, Martín Etchvers, asegura que “la muestra más clara de ello es que en los tres años que lleva la ley en vigencia, más del 80 por ciento de todas las estaciones de radio y televisión han terminado, directa o indirectamente, bajo la influencia del gobierno. Por ello presentamos una demanda contra dos artículos de la ley que consideramos contrarios a la constitución.”
Desde que está en curso la disputa jurídica, ambos bandos se han envuelto en una guerra propagandística. Clarín denuncia los millones de impuestos recaudados destinados a propaganda política gobiernista y a transmisiones de partidos de fútbol en canales simpatizantes del gobierno de Fernández de Kirchner. Éste, por su parte, trata de presentar a los grupos de medios como monopolios ambiciosos que no respetan las instituciones estatales y que buscan manipular y mentirle a la población. Paradójicamente, fue el predecesor de Fernández de Kirchner, su difunto esposo Néstor, quien se encargo de que Clarín se hiciera tan poderoso en el espectro de los medios argentinos. Para entonces, el grupo seguía estando del lado del Gobierno.
¿Peligro para la libertad de opinión?
Ahora se ha llegado a la confrontación. El gobierno ha declarado que Clarín tiene que devolver, este fin de semana, las licencias en su poder que están por encima del número legalmente permitido. Si los jueces no hicieran cumplir esta orden, según el Gobierno, se trataría de un caso de rebelión. Incluso aquellos políticos que están de acuerdo con reducir el poder en el mercado de los conglomerados de medios, tienen sus dudas de si se trata de un problema de libertad de opinión o de razones económicas. “El proceder de la presidenta contra la justicia hace de un problema puramente económico para Clarín, un asunto de libertad de opinión”, dice el senador opositor Mario Cimadevilla. El representante hace parte de un grupo que evitó la designación de un juez cercano al Gobierno para el caso Clarín.