Negociando con los derechos

En 1988 un plebiscito se resolvió en contra del general Augusto Pinochet y comenzó en Chile el proceso de transición a la democracia, que se inició oficialmente con la designación en 1990 del primer presidente democráticamente elegido tras el paréntesis dictatorial, Patricio Aylwin Azócar.

Fue el Gobierno militar quien introdujo a gran escala el modelo neoliberal en Chile. La mayoría de los servicios públicos pasaron a manos privadas, y en ellas siguen. El último día de dictadura se promulgó la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. La legislación que regula el sistema sanitario privado proviene de 1981. Las AFP, las Administradoras de Fondos de Pensiones, que nacen en 1980 del Decreto Ley número 3.500.

¡Matrícula abierta!

Todo Santiago está empapelado de carteles que invitan a inscribirse en un colegio o en una universidad. Muchos de ellos se llaman “international” o “school”, o “international school”, aunque sean 100% chilenos. Sus uniformes no tienen ninguna función unificadora, sino distintiva. El escudo escolar sobre el jersey es muy importante y dice mucho sobre el lugar del que se procede.

Los requisitos que se exigen para la apertura de una escuela en Chile son mínimos. Teniendo en cuenta la demanda de colegios privados ante el poco o nulo prestigio de la enseñanza pública, son muchos los que deciden entrar en el lucrativo negocio de la educación. Y las escuelas y los carteles proliferan. Es la “educación de mercado”, como la definen quienes han iniciado en el país un verdadero movimiento social para cambiar el sistema: los estudiantes de secundaria.

Se les llama “pingüinos” precisamente porque suelen vestir de uniforme. Con su revolución exigen que se mejore la educación pública y gratuita, para que el sistema conceda a todos las mismas oportunidades. Sólo el 10% de los estudiantes que llegan a la universidad procede de los sectores más pobres, y éstos acceden a la enseñanza superior sólo con enormes esfuerzos.

El objetivo principal de los estudiantes de secundaria es que se derogue la LOCE, legislación base de este sistema y hasta ahora sólo maquillada por los gobiernos democráticos. Llevan casi un año en pie de guerra y no piensan ceder. No quieren comisiones ni promesas. Quieren hechos.

Salud pública o salud privada

En Chile conviven dos sistemas sanitarios: uno público, llamado FONASA, Fondo Nacional de Salud, y otro privado formado por una serie de Instituciones de Salud Previsional, o ISAPRES. Sólo los “trabajadores dependientes”, los empleados, están obligados a contratar un seguro médico al que deben destinar, como mínimo, un 7% de su salario. Si su aportación la realizan en FONASA o si prefieren afiliarse a una ISAPRE, lo deciden libremente dentro de la libertad que sus ingresos les permitan.

Las ISAPRES siguen el esquema de una aseguradora privada clásica. El coste para el asegurado depende de una serie de variantes como son la edad, el sexo o la existencia de enfermedades crónicas. En FONASA, el servicio es gratuito para quienes por debajo del salario mínimo, 200 euros mensuales, y de ahí en adelante la aportación, siempre por encima del 7%, se fija según el nivel de ingresos y el número de hijos.

Sin embargo, ni las ISAPRES ni el FONASA se hacen cargo del 100% de los gastos sanitarios. Uno cae, tanto en el sistema público como en el privado, dentro de una serie de planes que cubren un porcentaje mayor o menor de los costes dependiendo de lo elevado de la contribución mensual.

El 18% de los chilenos están asegurados en una ISAPRE y ocho de cada diez de ellos se sienten satisfechos con el servicio que reciben. No sucede lo mismo en FONASA. La salud pública en Chile es deficitaria, lenta y carece de medios. Como ejemplo, el siguiente dato: un solo hospital, el Dr. Sótero del Río en Santiago de Chile, atiende a casi 1.400.000 pacientes.

Las pensiones invierten en bolsa

Todo trabajador en Chile está obligado por ley a depositar un 10% de su sueldo en una AFP. Las AFP son sociedades anónimas, privadas, que se encargan de gestionar el ahorro para la jubilación de los chilenos. El dinero es invertido en acciones o bonos, de renta variable o fija, según se prefiera, y de la inversión resulta una rentabilidad. La AFP cobra una comisión al afiliado y éste va acumulando el dinero del que dispondrá mañana.

En total, en Chile operan seis AFP y en todo momento, el afiliado tiene derecho a cambiar su AFP por otra que le ofrezca mejores condiciones. No todas las AFP son iguales. Las hay más caras y más baratas. Y dentro de las mismas AFP existen diversos tipos de planes que se diferencian según el porcentaje en inversión en rentas variables o fijas, es decir, en función del mayor o menor riesgo que asuma el afiliado en la colocación de sus fondos.

Todo el proceso está controlado por la Superintendencia de AFP, dependiente del Gobierno, y existe un sistema de contraseguro para evitar que el ciudadano pueda perder su pensión en caso quiebra o mala gestión de la AFP. Igualmente, el Estado asegura una pensión mínima a todos los chilenos, que asciende a 130 euros al mes para los menores de 70 años, 140 euros para quienes se jubilan en edades comprendidas entre los 70 y los 75 años y 150 euros mensuales para quienes esperen a los 75 años, y de ahí en adelante, para empezar a cobrar su pensión. Todas ellas por debajo del sueldo mínimo.

Suponiendo que la rentabilidad real alcanzase como promedio un 4% anual, tras 40 años cotizando el trabajador debería percibir una pensión igual al 70% de lo que fue su sueldo durante la vida activa. Sin olvidar que la jubilación no exime de seguir pagando un 7% del ingreso, en este caso pensión, al seguro médico.