Nada fácil: prohibir a la ultraderecha

En 2003 fracasó ya un intento de prohibición. Ahora, los socialdemócratas (SPD) han retomado la iniciativa: Kurt Beck, su presidente, aboga nuevamente por llevar el caso ante el Tribunal Constitucional. Lo apoyan los ministros del Interior de Estados gobernados por socialdemócratas, pero los democristianos, incluida Angela Merkel, la canciller federal, son escépticos.

El 18 de marzo de 2003, el Tribunal Constitucional rechazó ya un procedimiento de prohibición iniciado por el Gobierno y que ya había pasado por el Bundestag (Parlamento federal) y el Bundesrat (Consejo federal, segunda cámara).

La causa: los jueces se enteraron de que un funcionario del NPD, cuyas declaraciones habían sido utilizadas para fundamentar el procedimiento, era en realidad un agente infiltrado de la Autoridad de Defensa de la Constitución. El ministerio federal del Interior admitió entonces que sabía de las actividades de los agentes ya desde el verano de 2001.

Poco después se supo que otros informantes, también a nivel de dirección del NPD, eran asimismo agentes infiltrados. Los jueces constitucionales quedaron con la boca abierta y el Gobierno, en vergonzosa evidencia. Así no se podía defender un Estado de derecho.

Segundo intento

La decisión de los jueces, no obstante, no fue unánime: tres jueces opinaron que la presencia de los agentes constituía “un obstáculo de procedimiento”, cuatro fueron de la opinión contraria. Pero como para prohibir un partido político en Alemania se necesita una mayoría cualificada de dos tercios de los jueces, el tribunal decidió que, en esas condiciones, una prosecución del procedimiento no era “defendible desde el punto de vista del Estado de derecho”.

Ahora Beck, en vista de los ataques contra extranjeros, propone un segundo intento. El NPD continúa estando infiltrado por agentes. El socialdemócrata tampoco propone sacarlos, porque “sería irresponsable”. Pero sí los quiere dejar en un segundo plano, no pudiendo estos “actuar por ejemplo como agentes provocadores” ni tampoco, por supuesto, prestarse a declarar contra el NPD.

Muchos expertos constitucionales continúan, sin embargo, escépticos. La idea de dejar a los agentes “congelados” seguramente tampoco será del agrado del Tribunal Constitucional, dice por ejemplo Christian Pestalozzi, jurista constitucional de la Universidad Libre de Berlín. Y agrega: “Aún cuando los agentes no actúen directamente, el Gobierno deberá probar que tampoco han incitado indirectamente a otros miembros del NPD a realizar exteriorizaciones anticonstitucionales”.

Por motivos formales

El NPD se salvó así hasta ahora de ser disuelto, pero por motivos formales. El Tribunal no se manifestó respecto a la constitucionalidad del partido. El proceso anterior ni siquiera comenzó, ni qué hablar de haber llegado a su fin.

Como el Tribunal Constitucional no puso en tela de juicio la existencia de agentes en el partido, los actuales impulsores de la idea de la prohibición piensan que las posibilidades de prohibirlo no son malas. El “problema serio” fue en la oportunidad anterior la presencia de agentes en el directorio del NPD.

En un nuevo procedimiento habría que desactivar a eventuales agentes a nivel directivo del NPD y asegurar además que los infiltrados no hagan llegar al Gobierno informaciones acerca de la táctica que el NPD se propondría llevar adelante ante el Tribunal.

De lo contrario, el NPD podría presentar demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos y salir nuevamente ganando. Al fin y al cabo el Estado de derecho debe garantizar “juego limpio” también a sus enemigos, de lo contrario no sería un Estado de derecho.