Multas para el bien común

Fue uno de los mayores escándalos gerenciales de la historia alemana: Klaus Zumwinkel, el entonces jefe de Deutsche Post, es sacado de su casa por la policía. Fue condenado a dos años de prisión, al pago de 3,9 millones de euros por impuestos impagos y a tuvo que pagar una fianza de un millón de euros. 25.000 euros de esa fianza fueron directamente a las cuentas de la organización no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) cuyos fines son de interés público.

Este sistema existe sólo en Alemania: los jueces pueden determinar multas previas a detener procesos de investigación o, como en el caso de Zumwinkel, fianzas y decidir si ese dinero va a las arcas estatales o a organizaciones como el WWF.

Ayuda para la sociedad civil

Una multa millonaria representa un golpe de suerte para las organizaciones, sin embargo también con las de menor volumen las entradas se van sumando. Según Mathias Kröselberg, gerente de Pro Bono –que asiste a las organizaciones a que puedan acceder a esos dineros- anualmente unos 120 millones de euros fluyen en esa dirección.

Para lograrlo, las organizaciones tienen que cumplir ciertos requerimientos. “Tienen que haberse registrado en el Tribunal Superior, pasar una verificación y luego entran en una lista”, explica Margarete Nötzel, jueza que preside el Tribunal Supremo de Múnich. En Berlín, por ejemplo, en esa lista hay unas 1400 organizaciones, cuyo espectro va desde pequeñas organizaciones barriales hasta organizaciones no gubernamentales de carácter internacional.

Buscando el beneplácito del juez

Con esta cantidad de competidores, las asociaciones tienen que esforzarse por conseguir el visto bueno de los jueces. Son éstos quienes, a fin de cuentas, deciden cuánto dinero se destina a qué organización. Además, dependiendo del Estado federado, a veces los magistrados pueden escoger organizaciones que no están en las listas. En esos casos, profesionales como Mathias Kröselberg entran en juego: “El establecer contacto con los jueces pertenece hoy en día al programa de búsqueda de fondos de casi todas las organizaciones alemanas”, explica. A través de mensajes electrónicos, llamadas e incluso visitas personales, las agrupaciones buscan entrar en el campo visual de los magistrados.

En todo caso, antes de decidir acerca de los fondos los jueces suelen reflexionar sobre qué tipo de organización va mejor con cada caso. Por ejemplo, si se trata de una demanda por agresiones físicas, el juez puede inclinarse por canalizar la multa hacia una asociación que trabaje en el campo de prevención de violencia. “Cuando tenemos información de un proyecto en concreto, se suele recordar más fácilmente la organización”, revela Nötzel.

Proyectos dignos de apoyo

Según Kröselberg, no está en las manos de las organizaciones el lograr captar la atención. “El visto bueno de los jueces depende solamente de la importancia de los fines de la asociación en cuestión”. Con todo, la lucha por estos fondos se vuelve cada más dura; hace 15 años no había tanta competencia, cuenta Kröselberg.

Como fuere y aunque estas acciones de promoción en el ámbito de los magistrados cuestan mucho tiempo y dinero, al parecer valen la pena: los 500.000 euros que llegaron a las arcas del WWF por concepto de multas lo demuestra.