La muerte de un fiscal

“Argentina siempre provoca sobresaltos, por una razón o por otra, pero esto ya fue demasiado. Todo mundo aguardaba a ver qué pruebas iba a presentar el fiscal hoy. Que muera justamente la noche anterior es algo muy difícil de digerir”, afirma Mariana Llanos, investigadora del Instituto de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo.

La académica, que investiga el poder judicial y político en América Latina, señala que el caso supone un "salto cualitativo" en el panorama argentino, en donde "los jueces y fiscales eran víctimas de amenazas", pero la muerte del fiscal Nisman demuestra que "es muy difícil controlar a los poderes ejecutivos en donde hay un presidencialismo fuerte". “Por más pruebas contundentes que tenga un fiscal, al parecer no se puede imponer al poder ejecutivo”, señala.

María Soledad Gattoni, investigadora visitante del mismo instituto Giga, advierte que la muerte del fiscal supondrá que su equipo “deberá proseguir con la investigación”, pero, además, le otorga al caso “un nivel de visibilidad mucho mayor que el que ya tenía, aunado a la confluencia de nuevos actores”. Gattoni destaca que la sociedad argentina tiene una tradición de reacción, organización y protesta muy fuerte ante la opacidad de los procesos estatales. Allí en donde fallan los mecanismos de rendición de cuentas horizontales, se habilitan los sociales”, destaca.

Servicios secretos argentinos

Mariana Llanos señala la remoción del secretario de Inteligencia argentino, Héctor Icazuriaga, y de su número dos, Francisco Larcher, a mediados de diciembre pasado, como una de las claves para entender la trama que acabó con la vida del fiscal Alberto Nisman, que a todas luces tenía por objetivo evitar que la información que él tenía saliera a la luz. “ El Gobierno puso un nuevo jefe al frente de la Secretaría de Inteligencia. Eso fue pie para que entendiera uno que había problemas serios en los servicios secretos, como la filtración de información. Eso coincidió con denuncias de corrupción que involucraban a la presidenta Cristina Fernández por unos hoteles que tiene en el sur de Argentina. A raíz de aquello, hubo un sector de los servicios secretos que quedó desplazado”, recapitula Llanos. Al parecer, el fiscal Nisman tenía contactos con ese sector.

Nisman acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller, Héctor Timerman, de organizar un complot para encubrir a los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994. La acusación del fiscal se dio a raíz de un tratado que firmaron Argentina e Irán hace dos años. El fiscal sostenía que la finalidad del acuerdo era liberar a Irán de la responsabilidad por el atentado a cambio de la cooperación energética: intercambiar petróleo por granos y la compraventa de armas.

Derecho a la verdad

“Nisman decía que había habido una diplomacia paralela; que esos acuerdos comerciales bilaterales se asentaban en una serie de compromisos secretos, que ratificó el Congreso argentino, lo que fue un escándalo en su momento”, señala Mariana Llanos. La académica añade que el fiscal contaba con unas 300 grabaciones de conversaciones que eran la prueba de esa diplomacia secreta con Irán. “No se sabe si será posible recuperar esa evidencia. Esa debería ser la tarea del Congreso, que se ocupen de que no desaparezca; los argentinos tienen derecho a saber la verdad”.

La investigadora hizo un paralelo con los recientes atentados en Francia contra la revista satírica Charlie Hebdo. “Ocurrieron la semana pasada y ya sabemos todos quiénes fueron. En Argentina han pasado 20 años desde el atentado a la AMIA y nada se sabe. Llano destaca que el Gobierno argentino ha estado muy silencioso. “La estrategia ha sido desacreditar al informante y relativizar todo lo que diga, pero, frente a la muerte de un fiscal, el problema es demasiado grave, una estrategia no les liberará de esta carga. A la ciudadanía no le da mucha confianza.

María Soledad Gattoni, que investiga las redes sociales, destaca las consecuencias que el caso está despertando en la ciudadanía, como el hashtag #19EYoSoyNisman, que convoca a distintos puntos de encuentro en Buenos Aires; una iniciativa para controlar el poder político, que recuerda al “Je Suis Charlie”, de los últimos días en París.