Caso AMIA: Argentina espera la verdad
15 de enero de 2015
El 18 de julio de 1994, 85 personas murieron en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires. Es el peor ataque terrorista ocurrido en la historia de ese país. Desde hace más de 20 años, el caso ha sido abordado en distintos momentos por la Justicia argentina, sin que se haya esclarecido la responsabilidad por el ataque.
El miércoles pasado (14.01.2015), Alberto Nisman, titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, emitió una petición de indagatoria en la que se incluyen señalamientos contra la propia presidenta Cristina Fernández, así como contra el canciller Héctor Timerman y otras personas allegadas al oficialismo.
Según la versión de Nisman, la mandataria habría ordenado directamente un sesgo diplomático tendiente a exculpar a Irán por el atentado (años atrás, el gobierno argentino había intentado probar la participación iraní en el ataque). A este sesgo habría respondido la firma de un acuerdo de cooperación entre Argentina y el gobierno iraní del entonces presidente, Mahmud Ahmadineyad.
A cambio de la exculpación iraní -retirando los pedidos de captura ante Interpol para los presuntos involucrados iraníes en el ataque-, y de granos de exportación, Argentina obtendría petróleo del país persa (DW informó).
Marco de confrontación
“No sé si la acusación llevará a consecuencias concretas”, afirma a DW Mariana Llanos, investigadora en el Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo. “Lo que sí se puede decir es que el marco político actual es de confrontación con el Poder Judicial. En diciembre hubo varias noticias sobre casos de corrupción que están siendo investigados e involucran a familiares de la presidenta, entre otras cosas”, agrega.
La reacción del oficialismo argentino ante la petición de indagatoria ha sido contundente. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que se trata de “una decisión disparatada, absurda, lógica, irracional”, además de “ridícula”. Esbozó además una especie de confabulación entre un sector de la Justicia con medios de comunicación y empresas que buscan "desestabilizar al Gobierno permanentemente con actitud golpista".
Un tema conocido
Ni la petición de indagatoria, ni la respuesta del gobierno, son del todo novedosos. “Es un tema del cual se ha hablado mucho”, dice la investigadora Llanos. Del mismo modo, no es la primera vez que un mandatario argentino es acusado de alterar la investigación sobre el atentado contra la AMIA. El expresidente, Carlos Saúl Menem, fue en su momento señalado por presuntamente propiciar que desapareciera la llamada “pista siria” (el caso fue promovido por el mismo fiscal Nisman, recuerdan analistas políticos del diario argentino La Nación).
En cuanto a la denuncia, “lo que sí llama la atención es el timing”, agrega Llanos, y ennumera tres puntos específicos: “Enseguida de lo que pasó en Francia, cuando el gobierno fue duramente criticado por no solidarizarse públicamente con ese país; en medio de la confrontación del Poder Judicial con la jefa de los fiscales (Gils Carbó) que se sabe que responde al gobierno y a pocas semanas de lanzada una reforma por la que se intenta nombrar un gran número de nuevos fiscales; y en medio de una escalada de acciones investigativas del Poder Judicial”.
Un final abierto
Este jueves, el juez a cargo de la causa por el atentado contra la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, puso en duda la solidez del expediente presentado por Nisman. Además, negó haber ordenado las escuchas en que se basa parcialmente la peticion de indagatoria, y que según Nisman, contaban con su autorización.
La gran pregunta, en este momento, es cuán sólida es la investigación del fiscal, en cuanto a los hechos que denuncia, y también en cuanto a su validez jurídica. “Todos sospechamos que hay algo de verdad en los señalamientos, después de 20 años sin culpables”, dice la académica Llanos.
Pero al mismo tiempo, la entrevistada hace énfasis en que no hay elementos aún para siquiera evaluar si la causa de Nisman está o no bien fundamentada. Menos aún es lo que puede decirse sobre la supuesta implementación de una “diplomacia paralela” entre Argentina e Irán, según la denuncia de Nisman. “Eso”, agrega Llanos, “es lo que el juez deberá probar.”