La debacle económica de Venezuela

La Navidad que se avecina puede terminar siendo la más mustia en la memoria de los venezolanos. En su país, el año termina con el desplome de la producción, un trimestre sin adjudicación de divisas, un dólar cuyo precio en el mercado negro no para de subir, salarios que no rinden pese a la frecuencia con que el Gobierno ordena aumentarlos y la inundación de las calles con una moneda cada vez más devaluada. Aunque los precios de los bienes y servicios no parecen tener techo, y la escasez de alimentos y medicinas se acentúa, el Ejecutivo sigue apostando a las mismas políticas que, a juicio de numerosos economistas, propiciaron esta constelación.

Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), que publica estadísticas periódicas alusivas al costo de la vida, el precio de los alimentos necesarios para sostener a una familia promedio aumentó en octubre de 2017 en un 47,9 por ciento; esa es la mayor subida registrada en este rubro en veinte años. Por su parte, la firma de análisis financiero Econométrica calculó para octubre una inflación del 50,6 por ciento; esto quiere decir que, por primera vez en la historia del país caribeño, ese indicador franqueó el umbral del 50 por ciento y marcó el inicio de la hiperinflación.

Círculo vicioso

Tanto el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) como el de su sucesor, Nicolás Maduro, son criticados, respectivamente, por haber desmontado sistemáticamente la industria nacional y expandido arbitrariamente la base monetaria. Como muestra, un botón o dos: el café y el azúcar, que Venezuela producía sin contratiempos en el pasado, han desaparecido prácticamente de los supermercados tras la nacionalización de grandes empresas, impulsada por el Ejecutivo. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS) alega que el 90 por ciento de las empresas privadas está paralizado.

Desde 1999 el salario mínimo ha sido aumentado en más de cuarenta ocasiones, cinco de ellas en 2017; el objetivo es compensar la subida de los precios, pero esas medidas no logran su cometido. Esa combinación –más dinero nominal en circulación y menos bienes en oferta– ejerce presión sobre los costos de todos los productos disponibles en un mercado que cada vez depende más de las importaciones. Para importar, las empresas necesitan tener acceso a dólares y el Estado venezolano tiene el monopolio de la venta de divisas; desde 2003, los dólares son ofrecidos a una tasa controlada, mucho más baja que la del mercado libre.

Cuando hasta las semillas escasean

La caída de los precios del petróleo, sumada al deterioro de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) –cuya producción alcanzó su punto más bajo en 28 años en octubre de 2017–, ha hecho que los ingresos del Estado en divisas se reduzcan dramáticamente. Por otro lado, ni los bienes producidos en el país ni aquellos importados con dólares preferenciales se salvan de la depreciación del bolívar, la moneda venezolana. La banana se planta allí, pero los desinfectantes y los neumáticos de los camiones que los distribuyen vienen de fuera; éstos son comprados por los agricultores y transportistas con dólares adquiridos en el mercado negro.

Ya a principios de 2017 el primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO), Aquiles Hopkins, había alertado que la producción nacional de alimentos sólo alcanzaba para satisfacer las necesidades de un 30 por ciento de la población y atribuía las causas de ese déficit a la creciente dificultad para acceder a los agroquímicos y a las semillas. “Si el Estado no puede traer las semillas, que por lo menos flexibilice el control de cambio”, argüía Hopkins, poniendo en duda que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), promovidos por el Estado, logren compensar las deficiencias.

La economía privada clama por reformas

Las circunstancias no han mejorado un ápice desde 2016, cuando los presidentes de tres organizaciones gremiales venezolanas articularon argumentos similares a los de Hopkins en entrevista con DW. Todos coincidieron en su rechazo hacia las políticas económicas unilaterales del Ejecutivo chavista, que empezaron con un acelerado proceso de estatización y la introducción de rígidos controles de cambio y de precios de venta al consumidor. “Durante la bonanza petrolera, ni Chávez ni Maduro escucharon a los industriales”, lamentaba Juan Pablo Olalquiaga, de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA).

Olalquiaga subrayaba que CONINDUSTRIA no buscaba negociar concesiones puntuales con Maduro, sino dejarle claro que un cambio de modelo económico era crucial. “Es necesario reformar varias políticas públicas, empezando por la ley que rige al banco central, el sistema de control de cambio, la normativa laboral y el código de comercio”, le dijo Olalquiaga a DW. Freddy Ceballos, de la Federación Farmacéutica Venezolana (FEFARVEN), y Cipriana Ramos, del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO), lo secundaron, enfatizando que la raíz de la crisis productiva venezolana no era coyuntural sino estructural.

Vidas por principios

“En Venezuela se le atribuye todo lo malo a la caída de los precios del petróleo; pero cuando el barril de crudo valía 100 dólares ya se registraba un desabastecimiento de fármacos. De ahí que uno se pregunte, ¿por qué en otros países exportadores de petróleo no se ven colas kilométricas para comprar alimentos, como se ven en Venezuela, ni se está muriendo gente por falta de medicamentos?”, esgrimía Ceballos. “En Venezuela esperamos que se anuncie una reforma efectiva. Y la única reforma que puede sacar al país del atolladero es la liberación de los controles”, aseguraba Ramos. Estas palabras cayeron en oídos sordos.

En enero de 2016, el entonces vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, señaló que el Gobierno se estaba abriendo a los empresarios, pero “sin hipotecar principios”, queriendo decir que Maduro estaba buscando una alternativa al modelo económico y productivo dependiente de la renta petrolera y las importaciones, pero sin aplicar una solución “neoliberal” a la crisis. Todo apunta a que la búsqueda de Maduro dio tan pocos frutos como la lucha contra la corrupción administrativa que la “Revolución Bolivariana” de Chávez prometió impulsar.

La reducción en la asignación estatal de divisas se ha agravado en los últimos meses porque, ante la merma de las reservas internacionales, el Gobierno ha acaparado los dólares a la mano para pagar la deuda externa. Por si fuera poco, el Estado venezolano ha visto limitada su capacidad de maniobra en el sistema financiero internacional debido a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre funcionarios de alto rango de la élite cívico-militar chavista. Maduro sigue acusando al empresariado venezolano de librar una “guerra económica” en su contra con apoyo de los líderes políticos opositores y de la Casa Blanca; a sus ojos, el sector privado deja de producir bienes de primera necesidad, los acapara y especula con sus precios para fomentar el contrabando de extracción y atizar la inflación.

ERC ( EFE / DW )