“Se ha destruido la infraestructura industrial en Venezuela”
7 de junio de 2016
En enero de 2016, incluso antes de que el banco central confirmara que Venezuela había cerrado el año anterior con el peor desempeño económico de América Latina, el presidente Nicolás Maduro creó un foro para que representantes del Gobierno central, de los Gobiernos regionales y del empresariado discutieran sobre las necesidades del sector privado, que exhibió un decrecimiento del 8,4 por ciento en 2015: el Consejo Nacional de Economía Productiva. Adicionalmente, algunos industriales manifestaron su optimismo por el ascenso de “uno de los suyos” –el ingeniero Miguel Pérez Abad– a la Vicepresidencia Económica y al Ministerio de Economía Productiva. Cuando está por comenzar el segundo semestre de 2016, ¿sigue habiendo razones para celebrar esas iniciativas del Ejecutivo? DW habló al respecto con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA).
Deutsche Welle: ¿Cuáles son los principales problemas de las empresas industriales en Venezuela?
Juan Pablo Olalquiaga: Progresivamente, las empresas industriales venezolanas perdieron la capacidad de convertir la moneda local en los dólares o euros imprescindibles para comprar materia prima en el extranjero. Por otro lado, las materias primas que solían conseguirse en territorio venezolano se hicieron escasas debido a las políticas de compra, toma, expropiación y expoliación implementadas por los Gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y de Nicolás Maduro, que convirtieron a muchas empresas privadas en empresas públicas. A eso se suma el férreo control de precios vigente, que obliga a la industria nacional a vender su mercancía por debajo del costo de producción y ha contribuido a que numerosas compañías se descapitalicen, cierren sus puertas o interrumpan la fabricación de ciertos bienes. La lista de problemas es larga…
¿Qué propone CONINDUSTRIA y por qué no lo hace en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva?
CONINDUSTRIA propone un cambio de modelo económico. Es necesario reformar varias políticas públicas, empezando por la ley que rige al Banco Central de Venezuela, el sistema de control de cambio, las normativas del ámbito laboral y el código de comercio… Uno de nuestros vicepresidentes participa en ese consejo, pero como empresario y no como representante de CONINDUSTRIA. Ese consejo no acoge a emisarios de gremios para discutir sobre el tema productivo de una manera integral, sino a empresarios individuales para dirimir asuntos pequeños de forma aislada. Al final, allí lo que se hace es abordar tópicos logísticos y operacionales de las compañías en lugar de diseñar políticas económicas con miras a que todas las empresas tengan capacidad de operar. Ese consejo fue creado desde la ignorancia, no desde la experiencia en el manejo de la economía.
¿No ha cumplido el nuevo vicepresidente de Economía Productiva las expectativas de los industriales?
De ninguna manera.
Si hoy se implementaran los cambios propuestos por CONINDUSTRIA, ¿cuánto tardaría la economía en recuperarse?
En una primera fase –que duraría de tres a doce meses– se podría restituir la capacidad operativa de las empresas que siguen teniendo potencial para arrancar; las que trabajan lentamente pero conservan una planta de empleados y una estructura jerárquica profesional. En cuanto se active un mecanismo para la concesión de divisas que le permita al sector privado pagar su deuda de 12.000 millones de dólares con los proveedores internacionales y se reinicie la importación de materia prima, unas 4.000 empresas industriales podrían volver a prosperar; ese es un tercio de las que existían cuando Chávez llegó al poder. En la segunda etapa –que duraría de tres a seis años– podrían ser reprivatizadas las empresas que perdieron toda su capacidad gerencial y técnica tras ser compradas, expropiadas formalmente o tomadas a la fuerza por el Estado.
Ese proceso debe ser desarrollado con tacto y con la participación tanto de los nuevos inversionistas como de los trabajadores con miras a estimular el sentido de pertenencia y a evitar reproducir las malas experiencias que hemos tenido en el medio laboral. Otras 4.000 empresas podrían beneficiarse de esta segunda fase. La tercera etapa sí duraría décadas porque ella contemplaría la creación de un marco jurídico y económico estable que atraiga las inversiones extranjeras a largo plazo.