Juicios políticos y golpes bajos

Este año tendrán lugar comicios presidenciales en varios países latinoamericanos afligidos por los golpes bajos atestados a sus respectivas legislaciones. En Paraguay se irá a las urnas en abril, en Honduras se votará en noviembre y en Venezuela… eso se sabrá si se declara la falta absoluta del primer mandatario, Hugo Chávez, quien fue reelecto el 7 octubre de 2012 y convalece en territorio cubano desde el 11 de diciembre. A los líderes de sus Gobiernos se les atribuye el haber violado el Estado de derecho para consolidar su poder.

“El juicio político, contemplado en las Constituciones de algunos países latinoamericanos, es un instrumento jurídico derivado del impeachment estadounidense que hace posible la destitución de un funcionario estatal de alto rango cuando se comprueba que ha desempeñado mal sus funciones. Generalmente, los factores que hacen viable la aplicación de un juicio político son: la formulación de acusaciones graves bien sustentadas contra servidores públicos sin apoyo partidista”, explica la politóloga Mariana Llanos en entrevista con DW.

“Esas fueron las circunstancias que llevaron a la destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay el 22 de junio de 2012”, acota la investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) de Hamburgo. Los liberales le retiraron su respaldo a Lugo y se aliaron con el partido conservador para responsabilizar al mandatario por las muertes que dejó un enfrentamiento entre policías y campesinos apenas una semana antes, tras la ocupación de una finca. “En principio, esa no fue una moción ilegal”, dice Llanos.

El juicio político tiene rango constitucional en Paraguay; el problema radica en que el Parlamento guaraní juzgó a Lugo de manera expedita y sin respetar su derecho a la debida defensa. El caso de Honduras es diferente: aunque en ese país existen mecanismos legales para destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los legisladores optaron por un juicio político –que no está contemplado en la Carta Magna– para librarse de los magistrados que habían declarado inconstitucionales varias leyes promovidas por el Gobierno de Porfirio Lobo.

La importancia de la separación de poderes

Los diputados hondureños profanaron el principio de la separación de poderes. En Venezuela ocurrió lo contrario precisamente porque la separación de poderes no existe en ese país desde hace casi una década: debido a la hospitalización de Chávez en Cuba, el Tribunal Supremo de Justicia pospuso indefinidamente su investidura como presidente –pautada por la Carta Magna para el 10 de enero de 2013–, avaló la continuidad de su administración y declaró innecesaria una inspección independiente para determinar si está en capacidad de seguir gobernando.

Pese a que los más altos magistrados de Venezuela renunciaron abiertamente a su imparcialidad e incurrieron en infracciones constitucionales para favorecer al partido de Gobierno, los parlamentarios opositores no pueden exigir el enjuiciamiento político de estos juristas porque los principales órganos del Estado están en manos del oficialismo. Lo acaecido en Paraguay, Honduras y Venezuela obliga a preguntar, ¿de qué sirven los mecanismos de control estatal en países donde la institucionalidad democrática se ha debilitado tanto?

¿Es el juicio político una bendición o una amenaza para la democracia en América Latina? “Generalizar es un error cuando se habla de Latinoamérica y el Caribe porque sus países son muy diferentes. Y, como alemán, yo me cuido de no aplicar el criterio europeo de lo que es políticamente correcto al acontecer latinoamericano”, comenta Manuel Paulus, de la Universidad de Rostock. “Al juicio político no se le puede reprochar nada por sí sólo. La idea de que cualquier funcionario de alto rango esté sujeto a controles es algo positivo”, acota el experto.

“No obstante, el uso que se hace del juicio político en algunos Estados latinoamericanos genera problemas porque éstos países tomaron ese instrumento jurídico del sistema presidencialista estadounidense, pero no su estructura de checks and balances. Desde su concepción, en casi todas las Constituciones latinoamericanas se le dio más poder al presidente que al Parlamento y a la judicatura, en lugar de equilibrar las potestades de esas instancias y separar claramente sus áreas de influencia”, sostiene Paulus.

El Estado de derecho en América Latina

“Por otro lado, aunque es verdad que la falta de separación de poderes debilita a muchos sistemas democráticos latinoamericanos, también lo es que algunos Estados compensan el exceso de competencias del presidente con instituciones robustas y un sistema de partidos muy fuerte. Ese es el caso de Chile, Uruguay, Costa Rica y Brasil; en éste último, la exitosa conducción de juicios para castigar el soborno de diputados ha quedado a la vista de la comunidad internacional”, señala el investigador de Rostock.

En 2012, antes del “golpe parlamentario” contra la Justicia hondureña, se debatió sobre los beneficios y desventajas de darle rango constitucional al juicio político como mecanismo para resolver conflictos entre poderes públicos. “Hace algunos años, la Carta Magna hondureña llegó a contemplar el antejuicio político, pero éste fue eliminado porque se consideró que no hacía falta: la clase política local era muy homogénea y no se llegaba a enfrentamientos extremos entre las instituciones”, cuenta Llanos, la especialista del GIGA.

“Cuando el presidente hondureño Manuel ‘Mel’ Zelaya puso fin a esa homogeneidad con un discurso y un programa gubernamental de izquierda, él provocó al sistema hegemónico y los militares terminaron derrocándolo en el año 2009, con la aprobación de los poderes legislativo y judicial. Allí quedó demostrada la debilidad de un sistema que no cuenta con instrumentos para resolver conflictos interinstitucionales”, dice Llanos, enfatizando que el juicio político no es la única herramienta disponible a la hora de disipar las crisis estatales.

“Remover de su puesto a un presidente elegido directamente por la población o a servidores públicos nombrados para actuar al margen de las contiendas partidistas es una medida extrema. Y montar un juicio político es complicado porque las Constituciones ponen muchas condiciones para su aplicación. La mayoría de las veces, los mandatarios terminan cediendo a la presión política y renunciando a sus cargos antes de ser procesados. Desde la década de lo ochenta, quince presidentes latinoamericanos han caído sin terminar sus mandatos, y no todos ellos fueron destituidos mediante juicios políticos”, recuerda Llanos.

Autor: Evan Romero-Castillo

Editora: Claudia Herrera Pahl