¿“Golpe de Estado” judicial en Turquía?

Dos docenas de partidos políticos han sido prohibidos en Turquía desde que se creó el Tribunal Constitucional de ese país, en 1963. Pero eso no implica que los intentos de agregar uno más a la lista sean un mero trámite. Menos, si se trata del partido del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) que contó en las elecciones del año pasado con el apoyo de casi el 47% del electorado. Más aún: encuestas recientes le atribuyen un respaldo de entre un 40% y un 50%, muy por encima del 20% que apenas logra el mayor partido de la oposición.

Las acusaciones de la fiscalía

Pero la popularidad del AKP tiene sin cuidado a la fiscalía, que acusa a Erdogan y sus correligionarios de actividades contra el orden secular del Estado. Para ello se basa, principalmente, en declaraciones públicas del primer ministro y en iniciativas gubernamentales como la de permitir a las mujeres asistir a las universidades con un pañuelo en la cabeza, a la usanza musulmana. La prohibición de usar pañuelo fue restablecida cuatro meses después por el Tribunal Constitucional, que se remitió a la separación de la religión y el estado, consagrada en la Carta Fundamental.

Igualmente se esgrime contra Erdogan el hecho de que haya llamado a los rebeldes kurdos del PKK a deponer las armas, ofreciendo a cambio la posibilidad de conversar sobre su situación. Para los guardianes del carácter laico y la unidad de Turquía, resulta inadmisible la sola perspectiva de dialogar con separatistas. Naturalmente, el partido del primer ministro niega todos los cargos y considera que es víctima de una maquinación en su contra. Entre sus miembros hay quienes incluso hablan de un “golpe de Estado” de la Justicia.

Afinidad con la Unión Europea

Las tensiones entre los discípulos de Kemal Ataturk, padre de la Turquía moderna, y los seguidores del partido musulmán de Erdogan son de antigua data, pese a que su gobierno no ha conducido al país hacia la temida islamización. De hecho -aparte del fracasado intento de permitir el pañuelo islámico y una iniciativa de penalizar el adulterio, que sus propios impulsores debido a las protestas de la población-, las reformas realizadas en los últimos años apuntan en otra dirección: la pena de muerte fue abolida, se permitió el uso del idioma kurdo y se ha intentado reducir las tensiones con Grecia y Chipre.

Erdogán se ha mostrado como un decidido partidario del ingreso de Turquía a la Unión Europea y este propósito ha marcado su actuación política. No es de extrañar pues que en Bruselas se vea con preocupación esta crisis y sus posibles consecuencias, mientras en Ankara los analistas estiman que, de prohibirse efectivamente el AKP, lo más probable es que Erdogan funde un nuevo partido para aglutinar a sus seguidores y se convoque a elecciones anticipadas, en las que tendría buenas posibilidades de ganar.

Peligro de vacío de poder

Más complicado sería el asunto si, además, el Tribunal Constitucional impone a Erdogan y otros 70 miembros del AKP la prohibición de actuar en política durante 5 años, como pretende la fiscalía. En tal caso, cabe temer un vacío de poder, con las consecuentes repercusiones negativas en el plano económico y en lo tocante a la estabilidad del país.

La mayoría de los turcos (un 53,5%, según un sondeo que publicó a comienzos de julio el diario Milliyet) se opone a la prohibición del AKP. Sin embargo, la moción podría tener éxito en el Tribunal Constitucional, donde la mayoría de los jueces son considerados contrarios a Erdogan.