Cierran investigación por espionaje a móvil de Merkel
12 de junio de 2015
Ante la falta de pruebas sólidas, el fiscal alemán optó por no continuar la investigación sobre el presunto espionaje de que fue blanco el teléfono celular de Angela Merkel. "La acusación de que los servicios secretos estadounidenses intervinieron el móvil (de la canciller alemana) no se ha podido probar con los medios del derecho de procedimiento penal que posibilitan la apertura de un juicio", indicó la Fiscalía General.
Los problemas de la Fiscalía
Range abrió las investigaciones en junio del pasado año por la sospecha de que el celular de Merkel había sido espiado durante años por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA). El detonante fue un documento, publicado en la prensa, que fue interpretado como demostración de que existió esa actividad de espionaje. La Fiscalía no logró sin embargo conseguir el documento original.
El pasado diciembre el fiscal general se mostró escéptico sobre la posibilidad de poder encontrar pruebas que sustentaran la apertura de un juicio por el espionaje estadounidense. Los documentos presentados por el ex técnico de la NSA Edward Snowden no son indicios suficientes para un juicio, informó la Fiscalía.
"No es posible precisar la sospecha y fijar el momento exacto en el que se cometió, el lugar o las circunstancias, así como las personas implicadas", señala el comunicado.
Sin comentario
El gobierno alemán se negó hoy a comentar el cierre de esta investigación unos días después de que Merkel se reuniera con el presidente estadounidense, Barack Obama, en el marco de la cumbre del grupo de siete de los países más ricos del mundo (G7) en el sur de
Alemania. "Son pasos que recaen en la responsabilidad del fiscal general y no es tarea del gobierno comentarlos", afirmó el portavoz del gobierno, Steffen Seibert. "La canciller dijo en numerosas ocasiones que el tema no es su teléfono móvil, sino todos los ciudadanos".
A pesar de no querer entrar a valorar esta decisión, Seibert reconoció que existen "diferencias de opinión" en la búsqueda de "equilibrio entre intereses de seguridad y derecho a privacidad". De forma paralela, una comisión del Parlamento investiga desde abril de ese año lo ocurrido.
ER (dpa, afp)