Servicio de Inteligencia Alemán en la mira

"El Servicio Federal de Inteligencia (Bundesnachrichtendienst, BND por sus siglas en alemán) es una autoridad federal dentro de la cartera de la Cancillería Federal", dice el primer párrafo de la Ley del BND. En consecuencia, el Gobierno es responsable de las acciones que las autoridades de inteligencia lleven a cabo. O sea que, si se sigue el razonamiento legal, el BND actúa en nombre de y con el conocimiento de la Cancillería. La Cancillería recibe regularmente información sobre sus resultados con respecto a asuntos de "política de seguridad y exterior". Esa tarea recae desde 2012 en Gerhard Schindler, quien, al parecer, lo hace más mal que bien. Esa impresión se ve reforzada por el affaire NSA/BND, que ya dura casi dos años.

El mismo Schindler reconoce ahora abiertamente graves fallas en la cooperación con sus socios estadounidenses. La autocrítica solamente se refiere al trabajo de espionaje, pues, según el jefe del BND, no se ha realizado acto alguno que vaya en contra de la legislación alemana. Al mismo tiempo, sin embargo, exige directrices jurídicas claras sobre qué está permitido y qué no. Todo esto no solo suena contradictorio, sino que derechamente es contradictorio.

Falta dirección política

Voluntaria o involuntariamente, Schindler recientemente explicó en la comisión investigadora de la NSA del Parlamento que el BND se está moviendo en una zona bastante oscura. ¿Debido al desinterés? ¿Con conocimiento del Gobierno? ¿Bajo presión de los estadounidenses? Posiblemente sea una mezcla de todo eso. La incertidumbre hizo acto de presencia en la Cancillería. “El espionaje entre amigos no tiene razón de ser” es una de las frases más famosas de la canciller Angela Merkel, una que dijo cuando se supo del espionaje de EE.UU. a Alemania y que ahora se ha convertido en un boomerang. Al menos desde que se conoció la sospecha de que el BND habría ayudado a la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (NSA) a espiar empresas europeas.

Que esas acusaciones son correctas es algo de lo que el mismo Gobierno federal ha dado indicios. Lo que deja sin responder es el meollo del asunto, es decir, si el espionaje de socios europeos se enmarca dentro de la ley. Esa clase de maniobras evasivas a la hora de responder son vergonzosas e increíbles. Más aún: son escandalosas. La pregunta sobre si el Ejecutivo y sus organismos subordinados respetan la ley o no solo pueden responderse con un sí o con un no. Todo lo demás son meras declaraciones. No es de extrañar que los servicios de inteligencia se sientan tan extraviados e inermes en el affaire NSA, pues carecen de un objetivo político claro. Ese que solo podría venir de la Cancillería.

La reputación de Merkel sufre

Gracias a la comisión investigadora del Bundestag, que ha llevado a cabo un estudio meticuloso de los archivos e inquirido con regularidad, que este tema tan importante para un Estado de Derecho vuelve a salir a la luz. La esperanza de Angela Merkel de salir indemne de este asunto ya parece una mera ilusión. Dos años después de las primeras revelaciones de Edward Snowden la palabra “asunto de Estado” vuelve a repetirse una y otra vez. El vicecanciller Sigmar Gabriel (SPD) fue el primero en usarla. Y casi el 60 por ciento de los alemanes está de acuerdo con el ministro de Economía, según una encuesta Emnid publicada por la revista Focus.

La cadena pública ARD asegura que casi dos tercios de la población dudan de la voluntad de la canciller Merkel de explicar este asunto. Ahora está en manos de ella cambiar esa tendencia, pues ella y el BND tiene tienen una obligación con la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. El daño a la democracia es ya demasiado grande.