Europa quiere simplificar el divorcio

El aumento de la libertad de movimientos dentro de Europa ha convertido a los matrimonios entre personas de diferentes países en una situación cada vez más común. Sin embargo, no todos duran para siempre. Cada año, más de 170.000 parejas internacionales entran en proceso de divorcio en la UE, lo que representa el 16% de las separaciones de toda Europa. Además de a los problemas personales, los casados que quieren dejar de serlo se enfrentan a dificultades legales causadas por la inexistencia de una legislación familiar para el conjunto de la Unión.

"Shopping de divorcios"

Entre todos los países miembros de la UE se acumula una variedad inacabable de sistemas legales y modelos para tramitar divorcios. En Irlanda, por ejemplo, los casados deben llevar cuatro años sin compartir el mismo techo antes de poder solicitar la separación legal. Por el contrario, en Finlandia el divorcio se obtiene en un periodo de seis meses. Cuando los matrimonios los componen personas de nacionalidad diferente, cada una de un Estado miembro distinto y en muchos casos ciudadanos de otro tercer país europeo, la cosa se complica y se entra en un vacío en el que nadie sabe qué ley aplicar.

Además, la situación actual da lugar a un "shopping de divorcios", dice David Davidson, jefe del departamento de Familia del bufete de abogados Charles Russel de Londres. "Debido a la enorme diferencia de la ayuda financiera que se concede a las parejas en las diversas jurisdicciones de la UE, se generan inevitablemente situaciones en las que el marido trata de que le proceso se lleve a cabo donde las mujeres salen peor paradas, y al contrario", apunta Davidson.

"La consecuencia de esto es que cuando una pareja se enfrenta a una crisis, en lugar de sentarse a conversar, tratar de solucionar los problemas y buscar la reconciliación, los cónyuges se ven obligados a emprender una guerra por la disolución del matrimonio con la intención de asegurarse ventajas tácticas", opina Davidson.

Frenar la tendencia actual

Con la intención de frenar estos métodos y reducir la confusión, la Comisión Europea ha adoptado dos iniciativas. La primera de ellas trata de crear un marco legal aplicable a cuestiones relacionadas con el divorcio de parejas de distinta nacionalidad. La segunda lanza una consulta pública para poner en marcha una ley que haga referencia a la jurisdicción y a los derechos de propiedad de parejas casadas y no casadas dentro de la UE.

"Estos proyectos van a simplificar la vida de los matrimonios de la UE", comenta el comisario europeo de Justicia, Libertades y Seguridad, Franco Frattini. "Las garantías legales aumentan, así como la tranquilidad de saber qué ley será aplicada al régimen matrimonial o de divorcio. El objetivo es armonizar las leyes nacionales, que son muy diversas, pero asegurando legalidad, flexibilidad y acceso fácil a los tribunales".

El nuevo reglamento seguirá permitiendo en cierto modo el "shopping de divorcio", puesto que existe la "posibilidad limitada de escoger la ley a aplicar al proceso de divorcio así como los procedimientos del tribunal competente", se indica en un comunicado de la Comisión Europea. Esto será útil para los casos en los que la separación de produzca de mutuo acuerdo.

Pero si las dos partes no logran un consenso, las nuevas reglas impedirán que uno de los cónyuges acuda unilateralmente al tribunal que más le convenga. "La nueva propuesta reducirá el incentivo a echar mano de esta variante ya que la legislación a aplicar, independientemente del tribunal en el que se lleve a cabo el divorcio, será determinada en base a unas reglas comunes", enuncia el comunicado.

Difícil situación

Davidson se alegra de que la Comisión Europea tome cartas en el asunto, aunque dice que aún es pronto para saber si las nuevas medidas solventarán los problemas. "Ya es bastante difícil conseguir un sistema que sea perfecto para una sola jurisdicción. Hacerlo para 25 parece, como mínimo, imposible", confiesa el abogado.

Las propuestas de la Comisión Europea están siendo examinadas por los países miembros, independientemente de que sus legislaciones al respecto sean conservadoras o liberales.

Irlanda y Polonia quieren preservar los valores católicos que hacen sus leyes restrictivas en lo que al divorcio se refiere. Malta, el único país de la Unión Europea que no acepta el divorcio, está estudiando el texto para tener la certeza de que no se les colará la separación legal por la puerta de atrás.

Las iniciativas de la Comisión tendrán que pasar primero por el Parlamento Europeo, pero su aplicación será decisión exclusiva de los 25 Estados miembros, que deberán tomar una decisión por unanimidad: el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca cuentan con una cláusula adicional que les permite rehusar a aplicar la legislación acordada en el seno de la UE.