Colombia, sumida en una nueva espiral de violencia
10 de septiembre de 2019
Unos 4.000 indígenas colombianos se han visto obligados a dejar sus hogares en los últimos seis días en el noreste del país, debido a duros enfrentamientos protagonizados por grupos armados.
Así lo reportó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA), en un informe publicado el domingo (08.09.2019). El detonante de los choques, que tuvieron lugar entre el 26 y el 31 de agosto, habrían sido "disputas territoriales y la instalación de minas antipersonales".
La fecha para dar a conocer el informe fue escogida con pinzas, pues el lunes 9 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos Humanos, jornada que el gobierno colombiano suele usar para demostrar los extraordinarios progresos que ha realizado en esa área.
El consejero presidencial de Derechos Humanos, Francisco Barbosa, suele condenar en su cuenta de Twitter los asesinatos de activistas y políticos, y exige investigar esos casos.
Precisamente en el día de los DDHH, Barbosa destacó un tuit que publicó el 2 de septiembre: "Colombia no va a ceder a ningún tipo de chantaje. El Gobierno Nacional actuará ante cualquier grupo que pretenda atentar contra los derechos humanos".
Pero la realidad es otra. A tres años de la implementación del Acuerdo de Paz, indígenas, activistas sociales y políticos locales comprometidos están otra vez expuestos a la violencia. Además, encabezan las listas negras de bandas criminales que se benefician con el tráfico de drogas.
Impotencia estatal
El Acuerdo de Paz alcanzado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), terminó con 52 años de guerra civil. Sin embargo, también dejó un vacío de poder en las zonas que antes eran controladas por los guerrilleros, que hasta el momento el Estado ha sido incapaz de asumir ni militar ni socialmente.
En algún momento, las FARC llegaron a dominar el 30 por ciento del territorio colombiano. Desde que entró en vigor el acuerdo, bandas criminales, la mafia de la droga, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de las FARC que no se sumaron al acuerdo, se disputan esas zonas y el control del tráfico de drogas. El Estado no ha podido recuperar para sí esos territorios.
Las víctimas de todo esto son personas que no portan armas, especialmente aquellas que han alzado la voz exigiendo el respeto de los derechos humanos: activistas, periodistas, líderes sindicales y representantes de la población indígena.
Una sociedad civil que se desangra
Según la ONG colombiana Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz, un total de 566 activistas sociales y 149 exguerrilleros de las FARC han sido asesinados. En su mayoría murieron a manos de grupos paramilitares, las mafias de la droga o el ELN.
A la heterogénea y mortal mezcla de grupos armados que se disputan los antiguos enclaves de las FARC se suman unos 1.800 excombatientes de las mismas FARC, quienes rechazaron desde el comienzo las conversaciones con el Gobierno colombiano y jamás dejaron las armas.
Campaña sangrienta
Los asesinatos motivados por razones políticas están asociados principalmente a aspectos no considerados o mal implementados por el Acuerdo de Paz. Las víctimas a menudo abogan por una distribución más equitativa de la tierra, la recuperación de propiedades indebidamente expropiadas, los derechos de los pueblos indígenas o asuntos relacionados con el medio ambiente.
La campaña electoral para las próximas elecciones locales, que tendrán lugar el domingo 27 de octubre, han incrementado los riesgos para políticos y activistas sociales destacados. Según un estudio del Gobierno que fue dado a conocer la semana pasada, un tercio de los 1.122 municipios que componen el territorio colombiano son considerados peligrosos.
"El 36 por ciento de los municipios del país está en riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales", dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, al presentar el estudio.
Ese "riesgo" se hizo patente con el brutal asesinato de Karina García, a comienzos de septiembre. La política, de 32 años, quería ser la primera alcaldesa de Suárez, en la conflictiva provincia de Cauca. Con un joven equipo comenzó a hacer campaña en pos de más educación y derechos para los indígenas.
La joven abogada murió el 1 de septiembre junto a otras seis personas, entre ellas su madre. La camioneta en la que se desplazaban fue atacada con rifles y granadas, y luego incendiada. Karina García era madre de un niño de 4 años.
Autor: Gabriel González (dzc/rml)
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