Restitución de tierras en Colombia: una deuda histórica

La tierra ha estado desde hace más de cincuenta años en el corazón de conflicto interno colombiano. Tras el ideal de una reforma agraria el país atravesó la mitad del siglo pasado, sumergiéndose lenta pero irremediablemente en una guerra que dejó como consecuencia siete millones de desplazados, según cifras oficiales.

Para resarcir tan grave flagelo se creó el llamado proceso de restitución de tierras. Un mecanismo que pretende reparar los daños del conflicto devolviendo a las víctimas los territorios que les fueron despojados a partir del 1 de enero de 1991.

De acuerdo con el actual gobierno, se han recibido 122.463 solicitudes de restitución, de las cuales 10.396 ya han sido resueltas en sentencias judiciales. En otras palabras, solo 4.581 predios han recibido orden de restitución, quedando todavía más de 105 mil a la espera de una respuesta (cifra actualizada al 29 de julio de 2019). Esos datos que reflejan cuánto queda todavía por hacer.

"Ya estamos a muy poco tiempo de que se cumpla el plazo para que se acabe el proceso, y los resultados son muy pequeños en comparación al fenómeno del despojo de tierras. Lamentablemente no se ha logrado hacer que las entidades públicas cumplan con su función, y eso es fundamental para el acuerdo de paz”, afirma en entrevista con DW Jhenifer Mojica, quien fue subgerente de Tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), y actualmente una de las referencias obligadas en relación al tema de tierras en Colombia.

Pero otros, sin embargo, valoran como positivos los avances del proceso. Alejandro Reyes, exasesor de Juan Camilo Restrepo, quien fuera ministro de Agricultura  entre 2010 y 2013, resaltó ante DW el trabajo "serio, riguroso y metódico” que se ha hecho para establecer un catastro y así hacer viable cada restitución. Asegura que se trata de una tarea titánica en un país donde más de la mitad de los propietarios no tenía título de propiedad, con lo cual se complica aún más el proceso.

"Ya se han tramitado cerca de la mitad de las solicitudes. Quiere decir que en ocho años se han cumplido ya cincuenta por ciento de las metas del proyecto. Eso es un récord de eficiencia estatal en un país como Colombia”, afirmó.

El más desigual del continente

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicado en 2017, señala que en Colombia los intentos de reforma agraria con distribución de la propiedad fueron frustrados por tres factores fundamentales: la fuerte oposición de grupos de interés, la ineficiencia estatal, y el carácter superficial y marginal de las políticas. Una combinación que ha convertido al país en el más desigual de América Latina, de acuerdo con la ONG Oxfam. En 2014, el organismo estimaba que 1% de las explotaciones o unidades de producción más grandes controlaban 81% de la tierra. Las razones son históricas, pero también políticas, y siguen siendo una deuda pendiente del Estado.

"El problema es que tenemos una agenda de desarrollo que hace que la tierra se monopolice, y eso acentúa el conflicto. Por esa razón, durante las negociaciones del acuerdo se paz se habló del tema agrario insistentemente, como un punto primordial, y sin embargo, es tal vez el asunto que menos avances ha tenido. Al contrario, la mayoría de los activistas asesinados tras la firma del acuerdo han caído por temas vinculados a la tierra”, señala Jhenifer Mojica.

No obstante, es innegable que, en el contexto colombiano, es un gran progreso que el Estado haya institucionalizado un procedimiento para hacer que el catastro del país retorne al punto en que estaba en 1991. "Es un reconocimiento de lo que sucedió. Es aceptar la verdad del desplazamiento y del despojo, y eso dice mucho de la conciencia que ahora se tiene de que una paz estable en Colombia pasa por la justicia para la clase campesina”, agrega Reyes, asiduo columnista de El Espectador en materia de tierras.

El campo y la amenaza del conflicto

Las recientes disidencias de las FARC parecen representar un peligro latente para las zonas rurales. A esto se suma el discurso radical proveniente de la Casa de Nariño. Un cóctel que hace que la amenaza de la violencia y el fantasma de los desplazados vuelva a rondar los predios del campo.

Pero Alejandro Reyes ve en el desafío de Iván Márquez un punto de inflexión que no afecta al acuerdo de paz, y que, en cambio, resuelve la ambigüedad de lo que ocurría en el seno de la exguerrilla. "Esto consolida la posición de quienes están con la paz y quienes quieren seguir en el negocio del narcotráfico. Al mismo tiempo clarifica al campo, y hace que el Estado se interese aún más en cuidar lo pactado”, concluye.

En cualquier caso, la restitución de tierras logrará muy poco si no viene acompañada de mecanismos de políticas públicas, de desarrollo rural y de garantías de derechos económicos. Sin esto, en el mejor de los casos, apenas logrará ser una figura formal, pero incapaz de evitar la tragedia de los desplazados, e incapaz, sobre todo, de proteger a las comunidades para que nunca más vuelvan a ser víctimas de la violencia.

(cp)

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