Asamblea Nacional de Ecuador aprueba Ley de Comunicación
14 de junio de 2013Tras casi cuatro años de debate, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. La norma legal, planteada por el movimiento político oficialista, fue aprobada en diferentes votaciones y tuvo el respaldo de 108 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención, entre los 135 asambleístas presentes en la reunión del Poder Legislativo.
El proyecto contaba con el apoyo irrestricto del gobernante partido Alianza País, con mayoría absoluta en el Legislativo (con 100 de los 137 escaños). Ahora, el texto aprobado por la Asamblea Nacional pasará a manos del presidente Rafael Correa, quien tendrá la potestad de ratificarlo o realizarle cambios antes de su entrada en vigor.
“Sicarios”, “mordazas” y “linchamientos mediáticos”
La ley plantea la creación de un Consejo de Regulación de Medios que tendrá atribuciones en ámbitos como el acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras. El consejo deberá regular el contenido de los medios relacionados con violencia o que sean discriminatorios. Para los medios que difundan estos contenidos, el consejo podrían imponer sanciones que van desde disculpas públicas por parte de los editores hasta fuertes multas económicas.
Otro órgano que propone es la Superintendencia de Información y Comunicación se encargará de la "vigilancia, auditoría, intervención y control" y tendrá "capacidad sancionatoria" sobre la actuación de los medios. Además, la normativa promueve mayores espacios de producción nacional en la programación televisiva, así como porcentajes de música producida en Ecuador en las radioemisoras.
La ley incluye el concepto de "linchamiento mediático" para prohibir la difusión de información para desprestigiar a una persona o empresa, o reducir su credibilidad pública. También plantea la redistribución de frecuencias de radio y televisión –33 por ciento para medios privados, 33 por ciento para medios públicos y 33 por ciento para medios comunitarios–, en un intento por promover la "socialización y democratización" de la comunicación en la nación sudamericana.
Correa ha tenido tensas relaciones con diarios y canales de televisión privados en sus seis años de gestión y ha insistido en la urgencia de contar con un marco legal para ordenar a los medios de comunicación. El mandatario ha calificado a los medios como "sicarios de tinta" y "bestias salvajes" y los considera un fuerte poder económico, ubicándolos dentro de sus mayores opositores. De ahí que defienda esta ley como un instrumento que "busca una prensa libre e independiente, que informe y comunique, no que defienda intereses privados", mientras sus críticos y opositores la llaman “Ley Mordaza”.
Pros y contras…
En la Constitución vigente, aprobada en 2008, se ordenó al Legislativo la redacción de esta normativa, pero los bloqueos y obstáculos interpuestos por la oposición y grandes grupos mediáticos locales habían imposibilitado el cumplimiento de tal mandato constitucional. La antigua ley de Comunicación fue establecida en 1975 por la dictadura militar.
Entre los tópicos que han sido objeto de crítica y debate en este tiempo, están precisamente la creación del Consejo de Regulación y la Superintendencia de Comunicación, con capacidad de emitir sanciones sobre los contenidos informativos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Unesco han expresado su preocupación por los cambios legales impulsados por el movimiento oficialista y el Gobierno, lo que ha desatado fuertes críticas de Correa en contra de estos organismos internacionales.
Para la organización Reporteros Sin Fronteras la ley de comunicación tiene algunos aspectos destacables, como el principio de equidad y la prohibición de la censura previa por parte de autoridades o funcionarios públicos, pero hay algunos artículos que considera peligrosos. "Desafortunadamente ciertas cláusulas de la ley hacen temer que no se respeten algunos derechos fundamentales que ésta busca garantizar", agregó el organismo en un comunicado.
rml (reuters, dpa, Telesur)