Argentina: transparencia en la información, por ley

Ya quisieran muchos gobiernos tan amplio apoyo para sus proyectos de ley como el que brindó la Cámara de Diputados argentina a uno dirigido a garantizar el acceso de la ciudadanía a la información que obra en manos del Estado. Con solo cuatro votos en contra, hubo virtual unanimidad para impulsar la iniciativa, que pasará al Senado para su aprobación definitiva.

A juicio de Moisés Sánchez, Secretario Ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información (que integra a organizaciones de 18 países), este avance es “una señal muy importante”, porque Argentina es uno de los pocos países sudamericanos que aún no cuentan con semejante legislación (junto con Venezuela y Bolivia, donde también se está discutiendo la materia). Aunque el balance de las experiencias varía según el lugar, el impacto de estas leyes ha sido siempre positivo, aseguró el experto a DW, puntualizando que “lo que más nos preocupa son los países que no tienen ningún tipo de regulación de acceso a la información pública, porque están sometidos a una suerte de ley de la selva, donde la información todavía se considera un patrimonio del Estado”.

Clave para la democracia

“No se puede hablar de democracia en el siglo XXI en América latina sin leyes de acceso a la información. Es un elemento clave”, asegura por su parte Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía ambiental, uno de los principales impulsores de la ley de acceso a la información pública en Paraguay, que entró en vigencia en septiembre del año pasado. “Es una ley que ha cambiado sustancialmente la relación entre mandantes y mandatarios en Paraguay y ha permitido que se acceda a información sobre malos usos del dinero público”, dice el entendido a DW, asegurando que ahora “hay un control mucho más férreo de la gestión estatal”.

Es un instrumento de indudable importancia en la lucha contra la corrupción. Pero esa no es su única utilidad. “Fundamentalmente es una herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, afirma Sánchez, y entrega un ejemplo: “En Uruguay, permitió demostrar que los colegios, tanto básicos como secundarios, no estaban cumpliendo con las normas de construcción debidas. Eso motivó al gobierno a revisar la forma en que se estaban construyendo los colegios, y eso es un impacto concreto en la calidad de vida”. También Santagada hace notar que no se trata solo de acceso a información sobre manejos de dinero, sino también sobre múltiples asuntos, como stocks de medicamentos, disponibilidad de camas de terapia intensiva o datos de calidad educativa.

Un derecho humano

Lo que se ha producido es un cambio de paradigma. “Toda la información que esté en manos del Estado se presume, por principio, pública. Y ese es un importante cambio jurídico y también cultural, porque en las causales en base a las cuales se puede negar la información son bastante reducidas”, subraya Sánchez. El Estado puede esgrimir, por ejemplo, razones de seguridad nacional, pero está forzado a justificar su decisión. Y eso abre un debate público, que los expertos consideran benéfico.

En Latinoamérica, un hito marcó la concepción del acceso a la información pública como un derecho humano: la demanda que presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos humanos Marcel Claude y otros contra el Estado Chileno, por no entregar toda la información que solicitaron sobre un proyecto de inversión forestal en el sur del país, para valorar su impacto ambiental. “Se redescubre el derecho de acceso a la información como derecho humano, al vincularlo al ejercicio de la libertad de expresión, que es lo que se planteó en el caso Claude. La Corte ratificó el derecho a acceder a la información que obra en poder del Estado como cuestión implícita al ejercicio de la libertad de expresión, porque se necesita información para poder expresarse”, explica Santagada.

Esta visión se abrió paso en el continente y es capaz de generar consensos impensables en otras materias, como lo demostró la votación de los diputados argentinos. Incluso en Venezuela, donde también se está discutiendo un proyecto. El Secretario Ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, pone de relieve que “los distintos actores políticos no se han opuesto a la ley de acceso a la información y muchos están viendo como el proyecto se constituye en Venezuela en una suerte de punto de encuentro entre los distintos sectores”.