Argentina: la batalla del papel

En pleno apogeo de internet, cuando no faltan los que vaticinan ya el fin de la era del papel y, por ende, de los periódicos, el gobierno argentino ha declarado de “interés público” la producción y comercialización del papel para diarios y revistas. Sería una buena noticia para los amantes de leer a la antigua las noticias, si no fuera porque el asunto está enmarcado en una ley que ha causado polémica porque apunta a establecer nuevas normas para la empresa Papel Prensa, que fabrica bastante más de la mitad del material que sirve de soporte a la prensa escrita.

Asegurar el acceso de todos al papel es el propósito declarado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero sus críticos sospechan que la intención es otra: conseguir el control de Papel Prensa, una empresa actualmente en manos de los principales diarios del país, Clarín y La Nación, y en la que el Estado argentino también posee acciones.

La ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y probablemente también lo sea por el Senado en vista de la correlación de fuerzas políticas existente allí, prevé, por ejemplo, que Papel Prensa presente en forma trienal un plan de inversiones, dirigido a garantizar que se pueda cubrir la demanda. Si los inversionistas privados no aportaran el capital suficiente, el Estado proporcionaría los fondos restantes necesarios, incrementando su participación en la empresa. Y ahí es donde los críticos levantan la voz, advirtiendo que el gobierno quiere en realidad controlar el papel y con ello a la prensa.

Relación politizada

Klaus Bodemer, investigador del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área (GIGA) y ex director de su centro de estudios latinoamericanos, considera que los temores no son del todo infundados, en vista de las tensas relaciones de los últimos años del gobierno con los medios de comunicación, principalmente con el grupo Clarín.

“En Argentina, desde el regreso a la democracia, la prensa, la televisión, una multitud de estaciones de radio, son grandes actores políticos. Es un caso casi excepcional en América Latina”, observa Bodemer, acotando que “observamos desde la época de Carlos Menem una gran politización de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación”.

Tensión de larga data

Duras acusaciones recíprocas han enrarecido el ambiente. Además “ha habido muchos pequeños ataques del gobierno a la prensa crítica”, indica el investigador alemán, mencionando que “por ejemplo, la publicidad del gobierno está desigualmente distribuida y periódicos como La Nación y el Clarín tienen a veces muchas dificultades para acceder a la información del gobierno”.

En este contexto, se explica que ahora la nueva ley en trámite eche más carbón a la hoguera. “La sospecha de los críticos de esta nueva ley es que el gobierno quiere instrumentalizar, bajo el lema de la mayor justicia de distribución, a los medios para contrarrestar cualquier tipo de crítica a la administración actual”, indica Bodemer, pese a que reconoce que la concentración de la producción de papel “también es muy fuerte y en este sentido no es del todo injustificado querer regular eso”.

Control público

El investigador del GIGA afirma que de todos modos la opinión pública ejercerá control sobre la libertad de expresión. “Si existe una sospecha, el público es más atento, va a fijarse en si el gobierno mantiene una posición neutral o intenta instrumentalizar a los medios”, señala, puntualizando: “Yo creo que todos van a estar muy atentos, también en el ámbito  internacional”.

A Bodemer no le inquieta en todo caso el futuro inmediato de la libertad de prensa en Argentina. Hace notar que en los indicadores internacionales, en los ratings, el país tiene buena nota. “El acceso y la libre circulación de la información están dados”, afirma, y asegura: “Argentina tiene una prensa muy rica y con muy buenos periodistas, así que en este sentido no estoy muy preocupado”.

Autora: Emilia Rojas
Editor: Enrique López