El gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluye en pocos días. Los cadáveres que se han acumulado en su armario sexenal se desbordan. No hay discurso, no hay popularidad, circo ni simulaciones que puedan disfrazarlo. Ni siquiera el más ciego, el más sordo o el más devoto puede ignorar el legado de muerte y dolor. Se va dejando tras sí una estela que lo seguirá a donde quiera que vaya marcándolo en la frente.
Muchas y graves han sido sus traiciones a la sociedad. Las promesas más importantes que le dieron el triunfo en la elección presidencial del 2018 fueron rotas en cuanto se puso la banda presidencial y otras se fueron desquebrajando en el camino. Pero de todas las ominosas deudas que deja AMLO, una de las más dolorosas y graves es la traición a las víctimas y protección a los victimarios.
Como símbolo de esto esta el encubrimiento al ejército mexicano en el caso de los 43 normalistas de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido hace diez años el 26 de septiembre de 2014 durante una noche infernal en Iguala, Guerrero. Para encubrir al ejército en una peligrosa maniobra política, el presidente de México acusa a periodistas, y a los abogados de los padres de familia y organizaciones internacionales de ser los culpables de que el ejército sea responsabilizado por los hechos.
En su falsa y peligrosa acusación el mandatario omite dolosamente no solo el contenido del propio expediente del caso, en donde miles y miles de hojas prueban la participación directa de las fuerzas armadas. También ignora las conclusiones de la propia Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa creada por su gobierno al inicio de su mandato, presidida de 2019 a 2023 por el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas.
El encubridor
El 25 de mayo de 2018 en la plaza central de Iguala, Guerrero, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en campaña, hubo un evento proselitista al que fueron invitados familiares de los 43 estudiantes. "Aquí quiero dejar muy claro que tan luego triunfe nuestro movimiento ¡va a haber justicia para los jóvenes de Ayotzinapa!”, prometió ante ellos López Obrador en su tercer intento por llegar al poder. Oportunista, usó a las familias de los normalistas que portaban los carteles con las fotografías de los 43 como decoración del templete. Usó su dolor y desesperación para conseguir votos.
"¡Nada de sospecha! ¡Justicia! ¡Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático!", gritó. Seis años después se retira traicionando la promesa a esos padres que vienen de los rincones más humildes y desprotegidos del país y que depositaron en él su confianza. El 25 de septiembre pasado, a un día del décimo aniversario, en una misiva escrita por AMLO a los padres de familia reveló que desde hace dos años él mismo es el coordinador de las investigaciones del caso. Y asumiéndose como policía investigador, ministerio público, fiscal y juez escribió un largo y grave compendio de especulaciones y mentiras exonerando al ejército mexicano de su involucramiento en la persecución, ataque contra los estudiantes ese día, y su desaparición.
Su carta de despedida a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos es un refrito de una misiva similar que les envió en julio pasado luego de que familiares y abogados de las víctimas decidieron romper con el gobierno por el empeño del presidente de proteger al ejército y obstaculizar órdenes de aprehensión contra un grupo importante de militares. Una traición por la que será recordado por siempre su gobierno.
Para lavarle la cara al ejército AMLO culpó a los padres, abogados y organizaciones internacionales de ser parte de un complot contra el ejército para acusarlos, según él, injustamente.
Intimida al periodismo de investigación por revelar la verdad
Como eje central de dicho supuesto complot para acusar al ejército el presidente me acusa a mí, Anabel Hernández, porque fui la primera periodista en documentar el involucramiento del ejército en los hechos de ese 26 de septiembre. Según el mandatario y jefe de las fuerzas armadas mexicanas, soy yo la causante de que los padres de familia, sus abogados, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hayan señalado al ejército como parte del grupo que atacó esa noche por más de cuatro horas a los estudiantes, resultando 43 de ellos desaparecidos, 3 muertos y 10 heridos de bala.
No soy yo quien tiene el poder de convencer a tantas organizaciones de ese hecho, ha sido la contundencia de mis investigaciones periodísticas iniciadas en octubre de 2014 y que continuaron durante 9 años. Las propias investigaciones que han hecho la ONU y la CIDH, jueces en México y Estados Unidos, los han llevado a la misma conclusión: esa noche hubo un ataque orquestado contra los estudiantes en el que participaron policías municipales, policías estatales, policías federales, miembros del ejército mexicano y grupos armados de la delincuencia organizada.
El grupo del GIEI, enviado por la CIDH, también concluyó en sus investigaciones que el móvil del ataque había sido el intento de recuperar un cargamento de droga que venía escondido en los autobuses que los estudiantes habían secuestrado y usado esa noche, sin que ellos supieran de su contenido secreto.
En su ominosa exoneración al ejército, el presidente omite que la Secretaria de la Defensa Nacional desde las primeras horas después de los trágicos eventos ha mentido ininterrumpidamente, no solo ocultando lo que hizo esa noche sino escondiendo informes militares a las víctimas, sus abogados y a la propia Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa creada en su gobierno.
Las mentiras de la SEDENA
En octubre de 2014 el entonces titular de la SEDENA Salvador Cienfuegos- acusado de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos- afirmó que no había militares en los batallones que se encuentran en Iguala. Lo cual era mentira. Yo revelé en diciembre de 2014 que los militares estuvieron activos en las calles de Iguala durante las horas de los ataques y desapariciones. Meses después los propios militares confesaron que al menos dos pelotones de más de 15 elementos cada uno estuvieron patrullando las calles. Hasta ahora no se ha explicado por qué mintió Cienfuegos si el ejército tuvo conocimiento en tiempo real de todo lo ocurrido.
La SEDENA ocultó que desde las seis de la tarde cuando los estudiantes salieron de Ayotzinapa a bordo de dos camiones de la línea Estrella de Oro número 1531 y 1568, fueron monitoreados por el ejército a través de militares vestidos de civil que los fueron vigilando en todo el recorrido. Existen los informes escritos, que habían querido ocultar y los cuales yo revelé desde diciembre de 2014. Específicamente la Tarjeta Informativa Número 02370 emitida la noche del 26 de septiembre de 2004 por la Coordinación Regional de la secretaria de seguridad pública de Guerrero.
Al final de esa noche fue de esos dos específicos autobuses de donde desaparecieron los 43 estudiantes. De los estudiantes que viajaban en los otros tres autobuses tomados esa noche en la central de autobuses de Iguala, ninguno fue desaparecido. La SEDENA ocultó que eran militares los responsables máximos de los centros operativos de mando y control de seguridad pública en Chilpancingo e Iguala, el llamado C4.
Esa noche del 26 los militares tuvieron el mando y control de las cámaras de seguridad que registraron los hechos ocurridos, pero cuando el ministerio público pidió los videos varios habían sido borrados y en el único importante que había las cámaras fueron manipuladas y dirigidas al cielo para evitar que quedaran registrados los hechos de esa noche.
Quedó asentado en los reportes del gobierno de Guerrero que al C4 le llegaron en horas y días posteriores a los eventos, denuncias ciudadanas de que estudiantes habían sido llevados al 27 batallón de infantería. Cuando el ministerio público fue al batallón se le impidió registrar todas las instalaciones por supuestos motivos de seguridad nacional.
Nunca se hizo peritaje a las armas que ese día portaban los pelotones del ejército que estuvieron en las horas de los ataques y desaparición, pese a que casquillos encontrados en la calle Juan N. Álvarez de donde desaparecieron al menos 20 estudiantes correspondían a casquillos fabricados por la SEDENA y del calibre de las armas de los pelotones, el cual es de uso exclusivo del ejército.
Los militares fueron llamados a declarar hasta diciembre de 2014, es decir dos meses después de los hechos, y en sus declaraciones mintieron y se contradijeron constantemente. Por ejemplo, el capitán José Martínez Crespo pieza clave en esa noche, rindió al menos tres declaraciones ministeriales, en ninguna fue capaz de dar el mismo testimonio. Primero negó que hubiera estado esa noche en la base de la policía municipal de Iguala, y luego finalmente lo reconoció. Estuvo en esa base haciendo una minuciosa inspección durante las horas en que los estudiantes estaban siendo desaparecidos. Dijo que buscaba la motocicleta de un soldado, pero inspeccionó las celdas vacías y hasta los baños, como si más bien estuviera buscando a alguien en particular, quizá algún estudiante que se hubiera escapado en la cacería.
El GIEI y los abogados de los estudiantes denunciaron a lo largo de este sexenio que la SEDENA ocultó cientos de documentos sobre el caso durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y aunque dio acceso en este gobierno a algunos expedientes siguió ocultando información.
Para rematar, es la SEDENA quien ha tenido prisioneros en cárceles militares, en vez de cárceles civiles como obliga la ley en casos de delitos cometidos contra la población civil, a los pocos militares detenidos acusados de vínculos con la delincuencia organizada, no con el ataque y desaparición. Y es la SEDENA quien es responsable de los abogados de defensa de esos militares.
Los cómplices
Pero los elementos de prueba contra el ejército más contundentes que apuntan a su responsabilidad en el ataque y desaparición de los estudiantes los dio en 2022 y 2023 la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (COVAJ) presidida por Encinas.
Gracias a su investigación y a testimonios directos de los hechos pudo identificar que el Coronel Pérez Rodríguez de común acuerdo con el crimen organizado decidieron matar a seis de los estudiantes desaparecidos que sobrevivieron esa noche y estuvieron en cautiverio.
Durante la investigación de la COVAJ, Encinas y su equipo más cercano fueron espiados con virus instalados en sus comunicaciones. Su investigación intentó ser saboteada por todos los medios posibles. Sus revelaciones incómodas a la cercanía de AMLO con el ejército y con Claudia Sheinbaum obligaron a que renunciara al cargo.
Encinas reveló que Omar García Harfuch, entonces Secretario de Seguridad Publica dela Ciudad de México y uno de los funcionarios más cercanos a Sheinbaum, quien en unos días tomará posesión como presidenta de México, estaba involucrado en la fabricación de la verdad histórica. Tras la acusación contra Pérez Rodríguez, se comenzaron a pedir ordenes de aprehensión contra militares de alto rango.
Está probado que las investigaciones de Encinas iban por buen camino. Gracias a la colaboración de testigos a quienes se dieron beneficios, como Gildardo López Astudillo, acusado de ser uno de los cabecillas del grupo criminal Guerreros Unidos, se supo que algunos restos de los estudiantes fueron abandonados en otro punto de Cocula y no donde decía la PGR de Peña Nieto que habían sido quemados todos los estudiantes. Así pudieron encontrar los restos de dos estudiantes desaparecidos: Christian Alfonso Telumbre y Jhosivani Guerrero en un lugar conocido como la Barranca de la Carnicería.
La fuerza del periodismo de investigación
La investigación que realice por 9 años del caso Ayotzinapa marcó mi vida. No hay duda que es la más compleja y dolorosa que he hecho en mi carrera. Después de las corroboraciones de los resultados hechas por otras investigaciones independientes me siento orgullosa de ese trabajo, y pienso hoy más que nunca en la fuerza del periodismo de investigación para aportar en la búsqueda de la verdad y la justicia en casos como éste en donde los victimarios buscan impunidad y silencio.
Durante los últimos seis años varias de las columnas publicadas en este espacio informan sobre mis investigaciones del caso. Aquí revelé el nombre del narcotraficante Martin Villegas Navarrete, quien fue miembro del Cartel de los Beltrán Leyva y quien era el narcotraficante más importante en la región cuando ocurrieron los hechos en Iguala. De acuerdo a mis informantes, ordenó al Coronel José Pérez Rodríguez hacer el operativo para recuperar la droga oculta en dos camiones: los Estrella de Oro 1531 y 1568 de los cuales esa noche desaparecieron todos los estudiantes, excepto Fernando Marín.
Villegas Navarrete fue detenido en 2015 en la Ciudad de México coincidentemente cuando comenzó a platicar a sus allegados que él había ordenado al Coronel Pérez Rodríguez del 27 Batallón de Infantería recuperar su droga. Según esa versión, el narcotraficante no fue quien ordeno la desaparición de los estudiantes. Aunque hay otros testimonios a los que tuve acceso que lo acusan de haber dado la orden. Fue extraditado a Estados Unidos antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto y se declaró culpable en una corte federal de Atlanta. En el expediente del caso, constantemente aparece un criminal apodado "El Negro” que estuvo girando instrucciones para atacar y desaparecer a los estudiantes. Hoy sé que Villegas Navarrete tiene un hermano llamado Manolo alias "El Negro”, quien fue arrestado por la DEA en Laredo, Texas en noviembre de 2017 y se declaró culpable en la corte.
Respecto a la figura de El Caminante, otro de los miembros del crimen organizado que estuvieron dando órdenes esa noche, hoy tengo información que apunta a que se trata de Federico Figueroa, hermano del finado cantante Joan Sebastian, a quien se señala de haber sido cómplice de los Beltrán Leyva, y de tráfico de drogas.
Fui citada a declarar a una corte de Arizona, en el juicio de asilo político de José Ulises Bernabé García, juez de barandilla que la noche del 26 de septiembre de 2014 estaba en funciones en la base de la policía municipal de Iguala, y quien fue el primero que me reveló que el ejército estaba en las calles durante los ataques porque él recibió al capitán Martínez Crespo cuando entró a revisar las instalaciones. Declaré en esa corte como testigo experto del caso. Mi función no fue declarar a favor de Bernabé García, sino exponer ante la juez mis investigaciones. También estuvo representado el gobierno de Estados Unidos en el juicio para buscar evitar que se le diera asilo a Bernabé García.
Fue la juez quien al final tomó libremente su decisión en base a todos los elementos que tuvo a su disposición por parte de la defensa y de la parte acusadora representada por el gobierno norteamericano.
La información más importante que he recabado en los 9 años de investigación la he publicado, e incluso, en algunas ocasiones las compartí con autoridades u organismos involucrados con las organizaciones antes de hacer la información pública. Y lo seguiré haciendo cada vez que encuentre información relevante sobre el caso.
Con el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum el camino para encontrar la verdad y justicia total para los 43 normalistas de Ayotzinapa parece aún más espinoso. A partir del próximo 1 de octubre, García Harfuch será el Secretario de Seguridad Pública Federal. Él no solo participó en la fabricación de la falsa verdad histórica como afirmó Encinas, sino que era el jefe de la policía federal cuando sus subordinados participaron en el ataque contra los estudiantes y su desaparición. Y luego le dieron el cargo de titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR para sustituir al ahora prófugo Tomás Zerón y continuar el encubrimiento.
La historia pondrá a cada uno en su sitio. Pese a los ataques que ponen en riesgo mi vida y la de mi familia, mi periodismo de investigación seguirá vivo aún después de la era de AMLO. La historia tarde o temprano pasará factura por la traición a los más desprotegidos y vulnerables: los 43 normalistas de Ayotzinapa.