Eterno sabojate para no dar verdad y justicia a los 43

Este 26 de septiembre se cumplen ocho años de uno de los crímenes más brutales cometidos por el Estado en la historia moderna de México contra la población civil. Entre la noche de ese día y la madrugada del 27 de septiembre fueron atacados cerca de 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Al final de esas horas negras 3 de ellos fueron asesinados, 43 fueron desaparecidos y otras tres personas también fueron ejecutadas. El horror continuó por días, semanas y años, hasta el día de hoy.

Desde los primeros segundos en que comenzó la operación armada contra los jóvene -provenientes, en su gran mayoría, de familias de los estratos sociales más pobres y desprotegidos de Guerrero- hubo una furiosa, constante y efectiva operación de miembros del Estado para impedir que hubiera verdad y justicia para los 43 muchachos.

Se destruyeron pruebas clave, como los videos de las cámaras de seguridad entonces controladas por el Ejército. Se ocultaron documentos oficiales y se crearon otros falsos. Se impidió la inspección de instalaciones del gobierno donde habría rastros de los jóvenes. Se torturaron a decenas de personas para crear una versión falsa y se sembraron pruebas. Todo esto en una operación coordinada meticulosamente por instituciones del Gobierno federal, estatal y municipal.

Durante estos ocho años, los familiares de quienes fueron víctimas esa noche han luchado por verdad y justicia de manera pacífica pero enérgica. Sin tregua y con una dignidad ejemplar. Cada vez que ellos claman justicia por sus hijos, claman justicia por cada uno de nosotros, quienes, de no resolverse el caso verazmente y a profundidad, corremos el riesgo de sufrir en nuestra propia piel la infamia padecida por los estudiantes de Ayotzinapa.

Desde entonces las familias han exigido en protestas que se llevan a cabo invariablemente el día 26 de cada mes, de cada año transcurrido, bajo el sol o lluvia, acompañados de multitudes o en solitario, que se les diga cual es el paradero de sus hijos,y que todos los responsables del brutal crimen y quienes los encubrieron sean castigados.

La organización Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que desde muchos años antes lucha contra la violencia que han sufrido los estudiantes de esa escuela, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la ONU, directores de cine como Enrique Meza, director del poderoso documental "El Paso de la Tortuga”, y periodistas, hemos apoyado y acompañado a los deudos de los estudiantes en su doloroso camino.

Hemos sido testigos de los muros de acero que las instituciones más importantes del Estado mexicano han levantado para impedir que el acceso a la verdad y justicia. Los constructores del muro de la ignominia que es la impunidad van desde el  expresidente de la República Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal (ahora Guardia Nacional), y gobiernos locales de Guerrero.

Quienes pensaban que con el cambio de administración el boicot a la verdad había terminado, y que habría un camino sin obstáculos, se equivocan. En la víspera del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, poderosas fuerzas de interés intentan descarrilar cualquier intento de llegar al fondo del crimen y castigar a los responsables.

El sabotaje ha traspasado las fronteras del gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahora opera dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El enemigo está en casa. El objetivo es el mismo que hace ocho años: proteger al Ejército mexicano -hoy con más poder que nunca-, a altos funcionarios de la Policía Federal involucrados esa noche y que ahora ocupan cargos en gobierno de la llamada Cuarta Transformación, como Omar García Harfuch, aquella noche coordinador estatal en Guerrero de la PF, cuyos elementos participaron en el ataque y desaparición, y hoy secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y a altos mandos del crimen organizado que no han sido castigados por este crimen.

Quieren garantizar impunidad total a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Y de paso, dejar intocable al expresidente Peña Nieto, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya alianza ahora es conveniente para el gobierno de AMLO para concretar la militarización y una reforma electoral que devuelva al Estado el control de los comicios, como lo hizo el PRI durante décadas para perpetuarse en el poder.

Actualmente hay en curso una guerra intestina entre quienes están en contra y quienes están a favor de esclarecer el caso.

Manipulación y desinformación para reventar los avances del caso

En los últimos días ha habido una operación coordinada para manipular la realidad y desinformar sobre los trabajos de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y de Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Los dos son clave en los avances que ha habido en el caso.

Han podido obtener decenas de ordenes de aprehensión contra funcionarios públicos involucrados en la desaparición, encubrimiento y torturas entre los que se encuentran al menos 20 miliares de rango alto, medio y tropa. Aún no logran llegar a la cúpula militar que auspició el crimen y que encubrió a los responsables.

De acuerdo a la información que he obtenido el ataque contra el esclarecimiento del caso proviene, por un lado, de la Fiscalía General, encabezada por Alejandro Gertz Manero, y donde se encuentran en áreas clave funcionarios del gobierno pasado, que, de varias formas, fueron parte del encubrimiento. Y por otro lado, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Juntas disparan fuego amigo contra Encinas y Gómez, pero el objetivo de fondo es destruir cualquier posibilidad de verdad y justicia. Con esto nos atacan a todos.

Hay diversas formas de boicotear una investigación. Una de las más graves es poner en riesgo la vida de quienes, superando su miedo a represalias o miedo a terminar en prisión, a cuentagotas han comenzado a cooperar con la Comisión y la Unidad Especial proporcionando información inédita y veraz de lo ocurrido esa noche. O reventar alguna posible negociación que estuviera en curso.

Y otra, igual de dañina, es prevenir a los posibles blancos judiciales de las acusaciones graves que hay en su contra para que borren pruebas, generen una coartada o de plano se fuguen como ocurrió con Tomás Zerón, quien ahora vive la gran vida en Israel, luego de lograr sustraerse de la justicia mexicana porque algún buen amigo lo previno a tiempo.

Habitualmente no me ocupo de cuestionar el trabajo que hacen otros periodistas; es la sociedad quien principalmente debe hacerlo. Pero en este caso es imprescindible hablar de la filtración hecha, sin duda, por un integrante del gobierno actual a la periodista Peniley Ramírez el sábado pasado, filtración que forma parte del boicot para resolver el caso.

En breves líneas en Twitter, fuera de contexto, se quiso tomar por sorpresa a quienes no tuvieran familiaridad con el caso y no hayan dado seguimiento puntual de éste, haciendo parecer como nueva y exclusiva información que ya había sido hecha pública por Encinas en la Comisión de la Verdad, en un informe presentado el 19 de agosto pasado, y explicado en una conferencia de prensa el 27 de agosto.

Ramírez afirmó que estaba exponiendo una "nueva cronología” y "nuevas pistas”. Palabras más, palabras menos, con la banalidad de un tuit expuso que algunos estudiantes habían permanecido con vida, y que días después del 26 de septiembre el entonces coronel José Rodríguez Pérez habría ordenado su ejecución, y que los cuerpos fueran llevados al 27 Batallón de Infantería en Iguala. Dijo que los estudiantes habían sido asesinados con despiadada violencia, y que sus cuerpos habían sido desperdigados en distintos puntos. Y que estaba revelando el "encubrimiento”.

Todo esto fue escrito en un tono que hacía pensar que la Comisión de la Verdad lo había ocultado. Fue desinformación, un despropósito del periodismo. Quienes hayan leído un mínimo de noticias en agosto sobre el contenido del reporte de la Comisión y las conferencias de Encinas saben que nada de eso era información nueva, el propio subsecretario el 27 de septiembre, ante AMLO, aseguró que Rodríguez Pérez fue el responsable del asesinato y desaparición de seis estudiantes el 30 de septiembre de 2014. La agencia Associated Press, una de las más importantes del mundo, hizo un cable con lo dicho por Encinas un mes atrás.

Lo único nuevo fue la filtración de los mensajes de texto intercambiados por los perpetradores, mensajes que están dentro del Informe del 19 de agosto, cuyo contenido ya había sido explicado por Encinas en el reporte. Quedaron expuestos innecesariamente los nombres de las personas entre las cuales se habrían intercambiado la información. Y digo "innecesario” porque no se trata de una investigación interrumpida, o donde no hay ordenes de aprehensión, sino todo lo contrario.

Esos textos habían sido testeados, clasificados, porque son parte de una investigación criminal en curso y son parte de expedientes judiciales. Pero sobre todo fueron testeados para no poner en riesgo la vida de los testigos que habían aceptado colaborar y proporcionar dicha información luego de meses de búsqueda y esfuerzo para romper el pacto de silencio que durante más de siete años había habido entre los perpetradores. Verificar el nombre de quienes enviaban los mensajes permitía generar conversaciones con perpetradores que quisieran también acogerse a un programa de testigos para encontrar más elementos y pruebas para obtener condenas contra los responsables del crimen.

Los familiares de los normalistas conocían desde el 17 de agosto el informe completo, sin verificar, pero evidentemente no lo mencionaron ni lo hicieron público, porque, más allá de las dudas razonables que hubieran podido tener del contenido del informe, sabían que revelar esas partes era contraproducente a la Justicia.

Como parte de la guerra interna a través de la filtración gubernamental se intenta sabotear un importante esfuerzo de la Justicia, y se ventiló información sensible que solo pudo haber proporcionado un ente interesado en boicotear la justicia. La responsabilidad no es del mensajero, sino de quien envió el mensaje.

Militares, hasta el cuello con narcos en caso Ayotzinapa

Por su parte, la FGR combate en vez de apoyar las ordenes de aprehensión solicitadas por la Unidad Especial, y ha pedido a un juez, de acuerdo a lo revelado por la revista Proceso y el periódico El País, órdenes de aprehensión contra altos mandos del Ejército como el titular del 27 Batallón de Infantería,  Rodríguez Pérez, y Rafael Hernández Nieto, responsable del 41 Batallón de Infantería, ambos batallones ubicados en Iguala en las mismas instalaciones.

Al mismo tiempo la SEDENA, quien representa y protege legalmente a los militares acusados, hace una estrategia de propaganda a favor del Ejército. Facilitó la entrada del periodista Jorge Fernández Menéndez, uno de los promotores de la falsa "verdad histórica” fabricada el sexenio pasado, a la Prisión Militar del Campo Militar Número 1, para entrevistar al ahora general Rodríguez Pérez quien está detenido desde hace pocos días.

En la entrevista, el militar ocultó información que consta en expedientes de la propia PGR sobre las acciones realizadas por el  ejército esa noche, ya incluso declarada por otros militares. Falseo los hechos y la cronología. Y terminó en lágrimas clamando por su inocencia.

De acuerdo a la información que he recabado me informan que miembros de la FGR han tomado el control de la indagatoria que por ley debería estar en manos del Fiscal Omar Gómez Trejo, a quien han desplazado, e incluso no informan de las acciones que realizan, muchas de las cuales son para obstaculizar la justicia.

Lo que más sorprende es que, aunque AMLO ordenó la creación de la Comisión de la Verdad y promete una y otra vez justicia para los normalistas, hasta ahora se ha quedado de brazos cruzados permitiendo que el Fiscal Gertz Manero haga a un lado al responsable legalmente de conducir la indagatoria.

El juego sucio somete a un innecesario desgaste a Encinas y a Gómez Trejo, hay dentro del gobierno quienes quieren hacer creer que ellos inculpan al Ejército de la desaparición de los 43 por ideología, no porque sea verdad. Y me informan que la guerra interna tiene como propósito debilitar la investigación para derrumbar sus avances, desprestigiar el trabajo de Encinas y Gómez Trejo y así quitar de en medio a ambos funcionarios que son incómodos para quienes buscan impunidad.

Quienes hemos indagado in situ y documentalmente los hechos, entrevistando a testigos directos de los hechos, sabemos que no hay duda de la participación de la SEDENA con premeditación, alevosía y ventaja. Además de que en un expediente judicial abierto en la Corte de Distrito Norte de Illinois, en Estados Unidos, existen interceptaciones telefónicas, ordenadas y legalmente obtenidas, que acreditan que el grupo de tráfico de drogas de Pablo Vega Cuevas, que operaba en esa región de EE. UU. asociado con jefes de la célula de Guerreros Unidos en Iguala, tenían estrechos vínculos y convivencia con los militares en Iguala. Algunas de esas conversaciones forman parte del expediente judicial contra Pérez Rodríguez, según pude corroborar documentalmente.

Doble infamia. Documentos que obtuve desde 2014 y publiqué en su momento prueban  que en los días posteriores a la desaparición de los normalistas quienes quedaron a cargo de buscarlos fueron los mismos que participaron en su desaparición: Luis Antonio Dorantes, jefe de la Base de la PF en Iguala, subordinado de García Harfuch, y Hernández Nieto, entre otros.

AMLO debe resistir la tentación de proteger a los militares con los que ahora cogobierna, como los hizo su antecesor, Peña Nieto, pero es un mal augurio que esta mañana del 26 de septiembre, en el 8° aniversario del crimen, fue alzado por la Presidencia un muro de acero para proteger al Palacio Nacional donde habita López Obrador y así separarlo de la marcha que los padres de los 43, estudiantes de Ayotzinapa, ciudadanos  y organizaciones civiles realizarán en la Ciudad de México para no olvidar aquella infamia, y que aún no se ha hecho justicia.

Un muro de acero como ese que por ocho años las instituciones más importantes del Estado Mexicano han levantado para impedir que el acceso a la verdad y justicia para los 43.