Aguardando y bebiendo té

El día en que cumplió 47 años, Evo Morales regresó a Chapare, la provincia en la que comenzó el legendario ascenso del primer presidente indígena de Bolivia. Aquí se encuentra, además, la segunda zona de cultivo de coca más importante del país. Y en ella, el presidente sigue siendo el “compañero Evo”.

Cientos de personas se han acercado a la sede de la sexta federación productora de coca, de la que Evo Morales fue líder. Le adoran, le quieren. En la gran mayoría de los pueblos de Chapare, más del 95% de la gente votó a favor de su agrupación, el Movimiento hacia el Socialismo (MAS), en las pasadas elecciones.

En Chapare, Evo no necesita medidas de seguridad especiales. Es como estar en familia, todos se conocen. Frente a la tarta de cumpleaños, Evo sopla las velas. Baila, canta, da las gracias por los innumerables regalos. Al igual que todos los invitados de honor, Evo recibe una corona hecha con hojas de coca. Al final del día, muchos habrán mascado casi toda su corona. Aquí, masticar la coca, pichar como se le llama, es algo habitual.

“Nosotros respaldamos el lema de Evo 'Coca sí, cocaína no'”, dice uno de los cocaleros. “No queremos que nos tache de traficantes de drogas”. El Gobierno de Morales quiere que la hoja de coca se vea como patrimonio andino y no como materia prima para la elaboración de cocaína. Las plantas de coca deben ser comercializadas internacionalmente en forma de té, medicamentos, jabones, siropes, vino, chicles, galletas o ungüentos.

No obstante, a pesar de la intensa legalización de la planta de coca que el nuevo Gobierno está llevando a cabo, hasta la fecha no se han logrado grandes avances. De hecho, la coca continúa, junto a la cocaína y la heroína, engrosando la lista de substancias tóxicas elaborada por la Convención de Drogas de las Naciones Unidas. Su exportación es, por lo tanto, impensable.

Aún así, en Chapare los cocaleros están contentos con su presidente. “Antes vivíamos envueltos en una sangrienta guerra que dejó muchos muertos y heridos. Los que sufren son siempre los campesinos que cultivan la planta, mientras que a los narcotraficantes no les pasa nada”, comenta Feliciano Mamani Quispe, alcalde de Villa Tunari.

Todavía hoy, se percibe la ira de los labradores contra el Gobierno estadounidense. Durante las últimas dos décadas, la política antidroga boliviana estuvo dirigida desde Washington. El Ejército y la policía procedían brutalmente contra los campesinos. Miles de millones de dólares americanos fueron invertidos en vano. La producción de coca no pudo ser reencauzada.

“Respecto a la destrucción de campos de coca, con Morales ha habido un cambio” afirma Delfín Olivera, jefe de UDESTRO, la institución que se preocupa por los aspectos técnicos de la lucha contra la droga. “Hay una erradicación concertada. La destrucción será antes acordada con los cocaleros y los sindicatos en los que están organizados. La experiencia que tenemos con este procedimiento es buena”.

En Chapare, cada familia tiene permitido cultivar un “cato” de coca. La norma está vigente desde 2004, durante el Gobierno de Carlos Mesa. Un “cato” es una medida indígena de 40 por 40 metros. Cuando Morales tomó posesión de su cargo, en Chapare había 11.000 hectáreas de coca. “Nos hemos propuesto reducir esa cantidad a 5.000 de aquí a finales de año. Y lo vamos a conseguir”, afirma Olivera.

Chapare es, en función a la todavía válida ley antidroga 1008 de 1998, una zona de cultivo con “excedente de producción en transición”. Aquí, la cosecha de coca no es legal, sino tolerada. Progresivamente, tendrá que reducirse y ser sustituida por otras alternativas.

Sólo un total de 12.000 hectáreas de coca son legales en los valles tropicales de los Yungas, al norte de La Paz. El cultivo sólo se permite para fines tradicionales. La cantidad se basa en un estudio de 1978. Se espera un nuevo estudio, pero éste se retrasa. La Unión Europea está dispuesta a financiar la investigación. Pero el Gobierno de Morales se muestra vacilante.

Según un informe de Naciones Unidas, en el año 2005 fueron cultivadas 25.400 hectáreas de coca. El Gobierno de Morales se esfuerza por presentar datos satisfactorios en la batalla contra la mafia de la cocaína. Según fuentes oficiales, en 2006 ha sido confiscado casi el doble de la cocaína que se retuvo el año pasado. “El rey de la campaña antidroga, Felipe Cáceres, sabe que debe presentar resultados satisfactorios en el área del '¡coca no!' para darle una oportunidad a la política del '¡coca sí!'”, comenta el experto Robert Lessman, consejero de diversos Gobiernos en cuestiones relacionadas con la lucha antidroga.

En su opinión, el Gobierno de Morales, ha variado en la práctica menos de lo esperado la política antidroga. La controvertida ley antidroga 1008 sigue en vigor, recuerda Lessman, aunque su modificación está en los planes del Gobierno. Los cambios en la legislación pueden llevar bastante tiempo, ya que la discusión sobre una nueva Constitución está atascada, dice el entendido.

A pesar de que Morales no ha estado a la altura de los temores del Gobierno estadounidense, las relaciones entre ambos Estados siguen siendo tensas. EEUU ha reducido drásticamente el presupuesto de la ayuda contra la droga. Morales reconoció en noviembre que una cantidad considerable de la coca de Chapare irá a parar a la mafia de la cocaína e hizo responsable de ello a Washington. Mientras se demande cocaína desde EEUU, el problema no acabará. Una provocación peligrosa, puesto que incluso los mayores devotos de Morales reconocen: sin financiación estadounidense, la batalla contra la mafia del narcotráfico no tiene futuro.