¿Reconciliación en Honduras?
23 de mayo de 2011
Gracias a la mediación de Colombia y Venezuela, el jefe del Gobierno hondureño, Porfirio Lobo, firmó un pacto que contempla el regreso del derrocado ex presidente Manuel “Mel” Zelaya al país centroamericano con pleno goce de sus derechos ciudadanos. En consecuencia, el acuerdo propicia la readmisión de Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Zelaya fue depuesto mediante un golpe cívico-militar en la madrugada del 28 de junio de 2009.
El Acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras fue suscrito por Lobo y Zelaya este 22 de mayo en Cartagena, la ciudad colombiana en donde el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el de Venezuela, Hugo Chávez, asumieron oficialmente el papel de mediadores en abril. Santos y el canciller venezolano, Nicolás Maduro, rubricaron el acuerdo en cuestión este domingo (22.5.2011) en calidad de testigos, con la esperanza de haber puesto fin al conflicto interno hondureño.
La discordia sigue latente entre los hondureños
El retorno de Zelaya a Tegucigalpa está previsto para el 28 de mayo y, según el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el Consejo Permanente de la institución bajo su mando se dedicará de inmediato a la tarea de definir una fecha para la reintegración de Honduras al organismo regional. Pero, ¿es el de Cartagena un acuerdo satisfactorio para la polarizada sociedad civil hondureña, la parte más afectada por la crisis política que aqueja al país desde antes del golpe de Estado que interrumpió la presidencia de Zelaya?
Para Peter Peetz, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS), adscrito al GIGA de Hamburgo, ni la fricción entre los partidarios de “Mel” y sus adversarios ni las violaciones de los derechos humanos registradas durante el Gobierno de facto de Roberto Micheletti –cuando se persiguió sistemáticamente a sus opositores– pueden ser barridas bajo la alfombra tras el establecimiento de la tregua entre Lobo y Zelaya. “Honduras sigue estando profundamente dividida y el ambiente podría enturbiarse de nuevo con el regreso de Zelaya a la vida política”, advierte el experto en entrevista con Deutsche Welle.
Zelaya: ¿ríe mejor el que último ríe?
En el pacto suscrito este 22 de mayo, el Gobierno de Tegucigalpa se comprometió a garantizarle al ex presidente “el ejercicio de su acción política en condiciones de seguridad y libertad” y a concederle reconocimiento político al Movimiento de Resistencia Popular de Honduras, creado al calor del golpe de Estado para expresar respaldo a Zelaya y a su controvertida agenda de reformas. El propio Zelaya cerró el encuentro de Cartagena insistiendo en que las circunstancias estaban dadas para sopesar la viabilidad de una Asamblea Popular Constituyente en su país.
“En enero de 2011 tuvo lugar una reforma constitucional en Honduras que posibilita lo que Zelaya había propuesto; ahora, hasta los ‘artículos pétreos’ de la Carta Magna podrán ser enmendados y eso abre espacio para llamar a una Asamblea Popular Constituyente. Es muy probable que Zelaya y el Movimiento de Resistencia Popular intenten hacer uso de esa prerrogativa”, pronostica Peetz, sin atreverse a describir escenarios más precisos para el futuro cercano de la nación latinoamericana, pero dejando claro que al Gobierno de Lobo no le quedó otra salida que hacer estas concesiones.
Lobo: concesiones bajo presión
“Lobo ha estado bajo una inmensa presión porque entre el 5 y el 7 de junio se llevará a cabo la cumbre de la OEA, un evento al que Honduras quiere asistir a toda costa en calidad de miembro regular. Y la condición para que Honduras pueda ser readmitida en esa organización es que su Gobierno permita el regreso al país de Manuel Zelaya”, comenta Peetz, conocedor del acontecer político en la región.
El politólogo alemán explica que el retorno de Zelaya no había sido posible hasta ahora porque el ex presidente estaba siendo juzgado en ausencia por tribunales hondureños bajo cargos de corrupción y abuso de autoridad. La situación cambió radicalmente a principios de mayo, cuando la corte de mayor rango en Honduras anuló los juicios en su contra, invalidando las denuncias por presuntos errores en su formulación, y la Procuraduría de la República se abstuvo de apelar el fallo del tribunal.
¿Está la justicia hondureña en entredicho?
A la distancia, el hecho de que la justicia local haya decidido suspender el proceso en contra de Zelaya –tenido por el enemigo número uno del estamento–, alegando irregularidades procesales, podría sugerir que en el país centroamericano los poderes públicos siguen siendo independientes. Sin embargo, Peetz sostiene que, a los ojos de muchos hondureños, el caso Zelaya sigue un patrón harto conocido: cuando es una personalidad de alto rango la que está acusada de corrupción administrativa, los cargos son retirados por razones políticas.
“Y es que es evidente que los tribunales cedieron ante la presión del Gobierno; que la medida que benefició a Zelaya fue tomada porque al poder Ejecutivo le convenía”, dice el investigador. “El ex presidente no fue declarado inocente, pero el que la Procuraduría no apelara el fallo fue una decisión promovida directamente por el Gobierno de Lobo para que Zelaya pudiera regresar a Honduras y Honduras, al seno de la OEA”, concluye Peetz.
Autor: Evan Romero-Castillo / dpa / Reuters
Editora: Emilia Rojas Sasse