Yerno de rey España arriesga penas de cárcel de hasta 23 años
22 de diciembre de 2013La fiscalía anticorrupción acusará al yerno del rey Juan Carlos de España, Iñaki Urdangarin, de seis delitos castigados con hasta 23 años de cárcel, en el marco de la trama de corrupción por la que está imputado desde hace dos años, informó este domingo (22.12.2013) el diario español El Mundo.
Según la información que maneja el rotativo, no habrá petición de pena para la infanta Cristina. Su posible imputación está pendiente, pese a que su defensa argumenta que ésta tendría lugar solo por "ser quien es" y "no por la existencia de indicios objetivos".
Al exsocio de Urdangarin, Diego Torres, el fiscal le acusará de un delito menos que al yerno del rey: cinco infracciones penales que supondrían un máximo de 19 años de prisión. Para ambos, la multa será de 3,5 millones de euros.
Así lo especificará el fiscal en el escrito de acusación que previsiblemente entregará al juez José Castro después de Navidad, solicitando la apertura de juicio oral y una vez se sepa si se imputa o no a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales.
Urdangarin se librará de la acusación por blanqueo de capitales
Al yerno del rey le atribuirá los delitos de prevaricación, malversación, falsedad, fraude, entre otros. Se librará, por tanto, de la acusación por blanqueo de capitales ya que la legislación en el momento de autos, entre 2004 y 2008, no castigaba con precisión el autoblanqueo. Esta postura, según matiza El Mundo, facilitaría que la hija del rey pueda librarse de este tipo penal al no atribuírselo a los dos imputados.
La infanta Cristina es copropietaria junto a su esposo de la empresa Aizoon, una sociedad que Urdangarin habría utilizado de pantalla para defraudar a Hacienda y desviar dinero público. Éste está imputado desde 2011 por haberse apropiado presuntamente de seis millones de euros junto a su entonces socio Diego Torres.
El juez Castro imputó a la infanta en abril de este año, considerándola cómplice de Urdangarin. Una imputación que recurrió entonces la fiscalía anticorrupción y que una instancia judicial superior anuló después argumentando no ver indicios de complicidad. (dpa)