Ventiún periodistas han desaparecido en México desde 2003
30 de agosto de 2018
De algunos de estos periodistas "no se tiene noticia desde hace por lo menos 15 años", indicó RSF en un comunicado emitido por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra hoy.
Los estados de Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, señaló, están "gangrenados por el crimen organizado y la corrupción" y son los que registran más asesinatos de periodistas y desapariciones de comunicadores. Entre las víctimas de este último delito están Jesús Mejía Lechuga (desaparecido en 2003 en Veracruz), María Esther Aguilar Cansimbe (2009, Michoacán), Marco Antonio López (2011, Guerrero) y Zane Plemmons (2012, Tamaulipas).
"Las denuncias de las familias no prosperan y las investigaciones se estancan, incluso las emprendidas a escala federal por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle)", indicó RSF.
En México, agregó, en los casos de desaparición se suele mencionar como responsables a los cárteles de la droga, pero "a menudo los allegados de las víctimas sospechan que funcionarios del Gobierno podrían estar implicados".
"Medidas simbólicas ya no bastan”
Asimismo, la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, impulsada por la actual Administración de Enrique Peña Nieto, "no ha estado acompañada de ningún plan de acción estratégico concreto en el caso de periodistas" para evitar los crímenes contra el gremio.
"Frente a la magnitud de este fenómeno, las medidas simbólicas no son suficientes", dijo director del Despacho América Latina de RSF, Emmanuel Colombié. Además, instó al nuevo Gobierno, que estará encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, debe "redoblar esfuerzos" para que las investigaciones de desapariciones de periodistas den resultados.
Por último, RSF lamentó que no exista información pública detallada sobre los avances de las investigaciones ni un plan integral de resarcimiento para las familias, como recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2016.
JOV (efe, rsf)