Este martes 23 de abril, Nicolás Maduro, tras una entrevista con Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), declaró que estaba dispuesto a permitir el retorno a Venezuela de la Oficina de Volker Türk, Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH).
La expulsión de Venezuela de los 13 miembros de la OACNUDH que operaba en Caracas había ocurrido el pasado 15 de febrero, luego de que la Oficina publicara un mensaje en sus redes sociales alertando sobre la preocupante detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. En el mensaje, se indicaba que dicha detención podría calificarse como "desaparición forzada”.
El retorno de la OACNUDH a Caracas se debe a las gestiones realizadas por el Fiscal de la CPI y el gobierno de Colombia. Este regreso ocurre en medio de lo que la ONG CEPAZ describe como "un contexto de persecución desmedida" en su informe mensual de abril. Dentro de esta escalada de persecución, uno de los hechos que más preocupa a las víctimas y sus familiares es el establecimiento de la cárcel "El Rodeo" como un nuevo centro de tortura para los presos políticos venezolanos.
Importancia de la OACNUDH para la sociedad civil
El cierre de la OACNUDH en Caracas representó un fuerte golpe para la defensa de los DDHH en el país. Desde su establecimiento en 2019, esta Oficina desempeñaba un papel importante en medio del prolongado clima de persecución y violación de derechos humanos que afecta al país desde hace varios años. La OACNUDH en Caracas era un espacio seguro donde las víctimas podían denunciar violaciones de derechos humanos y otras arbitrariedades estatales sin temor a represalias por parte del régimen venezolano.
Además de brindar acompañamiento y apoyo a las víctimas y a sus familias, la OACNUDH también actuaba como intermediaria ante el régimen de Nicolás Maduro, abogando por los derechos de las víctimas. Asimismo, servía como punto de encuentro seguro para las organizaciones de la sociedad civil, facilitando su articulación en defensa de los derechos humanos de los venezolanos.
Contexto de persecución desmedida
El retorno de la OACNUDH al país llega en un momento crucial para los venezolanos, especialmente para los disidentes políticos, defensores de los derechos humanos y comunicadores sociales. En medio de un complejo proceso electoral y con un amplio rechazo popular, el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado su persecución contra cualquier forma de disidencia política en los últimos meses.
Tal como señala la ONG CEPAZ en su informe del mes de abril, "el aumento de patrones como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas evidencian que Venezuela está en un contexto de persecución desmedida. En efecto, como señaló la Misión, estamos ante la modalidad más violenta de represión que se activa para silenciar a las voces disidentes”.
CEPAZ documentó en su informe que, en tan solo los dos primeros meses de este año, se produjeron 86 actos de persecución y criminalización por parte del Estado venezolano en contra de ciudadanos venezolanos. Más de la mitad de estas violaciones estuvo relacionada con el ejercicio de derechos políticos.
Dentro de los principales patrones de persecución, se incluye: 43 casos de hostigamiento y amenazas; 14 detenciones arbitrarias previa desaparición forzada de activistas políticos; 6 órdenes de aprehensión; 8 cierres de emisoras de radio; y 5 casos de irregularidades en procesos judiciales.
Como principales perpetradores de estos actos de persecución y criminalización aparecen: adeptos al gobierno en 27 casos; funcionarios del Estado en 19 casos; las fuerzas de seguridad del Estado en 18 casos; y la Fiscalía General de la República en 7 casos.
Un nuevo centro de tortura "El Rodeo I”
Aunado a estos graves hechos, un significativo grupo de familiares de presos políticos venezolanos convocó este martes 24 a una rueda de prensa para denunciar la creación de un "nuevo centro de tortura en Venezuela, denominado El Rodeo I”.
Según relatan los familiares, poco después de la expulsión de la OACNUDH del país, alrededor de 45 prisioneros políticos, alojados en la sede de la DGCIM en Boleíta Norte y en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas I de Máxima Seguridad, ubicado en El Helicoide, fueron trasladados al Centro Penitenciario Rodeo I, en el estado Miranda, bajo engaño, supuestamente para un chequeo médico, y sin previo aviso a sus familiares.
Los denunciantes expresaron su preocupación por las condiciones infrahumanas en las que se encuentran en estos momentos sus seres queridos. Afirman que en ese "recinto del horror” los presos políticos son sometidos a maltratos y condiciones indignas, encierro en celdas de dimensiones mínimas (2 x 2), bajo altas temperaturas, sin más que una colchoneta y una letrina.
También resaltan las prácticas intimidatorias de los funcionarios, quienes exigen a los visitantes desnudarse para ser requisados y luego ser conducidos encapuchados hasta el lugar de la visita, de manera que los familiares no puedan observar las condiciones del recinto penitenciario.
Miliany Castillo, hermana del preso político Oswaldo Castillo, denunció además que a los presos "se les suministra poca alimentación y han perdido notablemente peso. Están incomunicados y aislados. Las visitas son a través de un vidrio, sin contacto físico”. También añadió que "las visitas de los familiares duran apenas 15 minutos y son grabadas, lo cual vulnera el derecho a la privacidad de los visitantes. Además, pueden ser interrumpidas por los funcionarios si tanto el prisionero como el familiar expresan algo que les resulte incómodo”. Bajo estas condiciones de presión, muchos presos prefieren no revelar a sus familiares los maltratos y vejaciones a los que son sometidos.
La hermana de Henrybeth Rivas resaltó que ella no puede estar tranquila respecto a la información que le comparten los detenidos sobre la situación que viven dentro del centro: "si yo como familiar debo ingresar al centro con los ojos vendados, ¿qué puedo pensar sobre lo que sucede allá dentro?”
Aunque las organizaciones no gubernamentales venezolanas defensoras de los derechos humanos han expresado su satisfacción por el retorno de la OACNUDH al país y esperan que esta Oficina pueda contribuir a detener el escalamiento de la política represiva del régimen, advierten que les preocupa que la "disposición para superar las diferencias pasadas", que Maduro manifestó al Fiscal Khan, pueda tener como objetivo oculto establecer limitaciones a la autonomía y al funcionamiento de la OACNUDH en Venezuela.
(ers)