Venezuela: lucha de poder contra el pueblo

Era demasiado bueno como para convertirse en realidad: la oposición ganaba las elecciones, el gobierno aceptaba su derrota, y luego ambas partes se sentaban juntas a solucionar los problemas del país. Así es como uno se imagina la cultura democrática. Tras la devastadora derrota electoral del chavismo, parecía que el presidente Nicolás Maduro reaccionaría precisamente así: con cordura, sensatez y responsabilidad. Pero esa fase duró apenas lo necesario para que el partido en el gobierno preparara otra estrategia.

Entre tanto, y empleando trucos jurídicos, el chavismo ha logrado debilitar notablemente al Parlamento recién electo, provocando un bloqueo institucional. En los días anteriores a la constitución de la nueva Asamblea Nacional, el oficialismo usó su saliente mayoría parlamentaria para asegurarse durante años el control del Tribunal Supremo. Con esto, todos los organismos constitucionales, con excepción de la Asamblea Nacional, quedaron bajo el férreo control del chavismo, de tal modo que no existe ninguna instancia rectora independiente.

Exitosa “táctica salami”

La súbita elección de nuevos magistrados constitucionales antes de Navidad, debido a la sorpresiva y anticipada renuncia de varios de ellos; las realización de elecciones fuera de los plazos establecidos, y el nombramiento de nuevos magistrados del partido chavista, dos de los cuales eran diputados salientes mientras que muchos otros carecían de la experiencia jurídica necesaria, fueron sucesos que parecieron como un regalo. Y el oficialismo logró sacarlos adelante, entre otras cosas, porque faltó una protesta internacional masiva. Desde su derrota electoral, los chavistas operan al margen de la legalidad o incluso más allá, y sin embargo han logrado hacerlo evitando despertar una ola de indignación.

La primera víctima de esta exitosa “táctica de los pequeños pasos” es la mayoría de dos tercios para la oposición en la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo suspendió provisionalmente el mandato de tres diputados de la oposición, debido a una demanda del partido en el poder. El intento de no aceptar tal suspensión fracasó de manera lamentable. Ciertamente, al final fue más inteligente dejar que los controvertidos diputados se separaran “por su propio deseo” de su mandato. La provocadora política simbólica de la oposición en sus primeros días en el Parlamento –retirando la imagen del fallecido ídolo Hugo Chávez y ofreciendo una ostentosa resistencia contra el actual presidente- no fue fructífera.

Las concesiones de la oposición podrían y deberían ser interpretadas como muestra de una nueva cultura en búsqueda de acuerdos. En su entorno estaba el amago del Tribunal Supremo de declarar nulas todas las decisiones de la nueva Asamblea Nacional. Pero que los gobernantes chavistas realmente estén buscando consensos, es algo más que dudoso. El hecho es que la mayoría opositora de dos tercios se ha esfumado por el momento, y cualquier intento de recuperarla por la vía jurídica está condenado al fracaso, pues solo con esa mayoría calificada pueden ser revocadas designaciones de magistrados del Supremo. En los hechos, la oposición ha reconocido al Tribunal Supremo –conformado de manera dudosa- aunque su interpretación, naturalmente, sea muy distinta. Cada nueva ley presentada al Parlamento puede ser revertida en la corte suprema.

La concesión de los opositores posiblemente ha librado a Venezuela, al menos por el momento, de nuevas protestas callejeras y posibles choques sangrientos con los simpatizantes armados del chavismo. Pero la parálisis institucional apenas comienza. Lo que menos necesita Venezuela es la continuación de los interminables debates, pues atraviesa por una enorme crisis económica y de abastecimiento. Los ciudadanos están hartos; no quieren ver más estantes vacíos en el país del mundo con más riqueza petrolera y eso es lo que expresaron claramente en las urnas. Pero el presidente y su partido ignoran este resultado. Y que la comunidad internacional simple y sencillamente lo acepte, es una vergüenza.