Venezuela: la presión de Washington sobre los boliburgueses

El neologismo “boliburguesía” es usado para describir a un segmento de la sociedad venezolana que prospera económicamente bajo el auspicio de la “Revolución Bolivariana”, dedicándose a prácticas capitalistas –lícitas e ilícitas– de las que han sacado provecho los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los grandes promotores del “socialismo del siglo XXI” en América Latina y el Caribe. Pero entre los beneficiarios más prominentes de esa simbiosis no sólo hay venezolanos: el pasado 25 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido por su presunta implicación en una red de corrupción para obtener contratos del estamento chavista. La medida también fue aplicada contra algunos de sus familiares. 

Según Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, Saab y dos de sus hijos (Isham y Shadi), Pulido y uno de los suyos (Emmanuel), un funcionario chavista (José Vielma Mora, exministro de Comercio Exterior y exgobernador del estado andino de Táchira), tres hijastros de Maduro y la pareja de uno de ellos (Walter Gavidia Flores, Yoswai Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y su esposa Mariana Staudinger) fueron castigados por haberse enriquecido ilegalmente mediante contratos sobrevalorados vinculados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social de reparto de alimentos subvencionados iniciado en 2016. Trece empresas fueron señaladas de contribuir a orquestar el fraude desde diferentes países. Este martes (17.9.2019), otros parientes cercanos de Saab y Pulido fueron blanco de sanciones similares.

Proyectos familiares

La OFAC penalizó a dos hermanos de Saab (Amir Luis y Luis Alberto), a otro hijo de Pulido (David Enrique) y a dieciséis compañías que han actuado directa e indirectamente en su nombre. Sus activos han sido congelados en Estados Unidos y cualquier transacción financiera con ciudadanos o entidades estadounidenses les ha quedado prohibida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que Saab y Pulido vienen incurriendo sistemáticamente en fechorías de grandes magnitudes desde 2011, cuando debutaron como contratistas del Ejecutivo venezolano; Chávez les encargó el levantamiento de casas prefabricadas para la población de bajos ingresos. Se alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, dichos empresarios se confabularon para lucrarse con el control de cambio vigente en Venezuela.

Se les acusa de haber adquirido dólares a una tasa favorable para comprar materiales de construcción, presentado facturas de importación falsas relacionadas con mercancía que nunca llegó a Venezuela, sobornado a funcionarios gubernamentales para que aprobaran los documentos en cuestión y transferido aproximadamente 350 millones de dólares desde Venezuela hacia Estados Unidos y otros países. A partir de 2013, tras la muerte de Chávez, Maduro favoreció a Saab y a su mano derecha con concesiones diversas que incluyeron contratos con la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). Ellos también han sido vinculados con operaciones ilegales en el marco de la explotación de oro en el Arco Minero del Orinoco. En su Colombia natal, Saab, de 47 años, y Pulido, de 55, se cuidaron de mantener un perfil bajo.

Bajo perfil

Sus nombres atrajeron la atención de la prensa por primera vez en 2017, cuando ArmandoInfo –el buró de investigación que desveló el capítulo venezolano de los “Papeles de Panamá”– constató su involucramiento en una red de compañías fantasma creada alrededor de los CLAP. Poco después, Luisa Ortega Díaz, otrora Fiscal General de Venezuela, acusó a Saab de ser testaferro de Maduro. ArmandoInfo también reveló que Álvaro Pulido había cambiado de identidad –su nombre verdadero es Germán Rubio– con miras a borrar sus nexos con el narcotráfico. “Las actividades de Saab y Pulido no han pasado inadvertidas en Colombia; la Fiscalía General de la Nación las está investigando porque algunas de sus operaciones se desarrollaron en territorio colombiano”, dice Andrés Hernández, director ejecutivo de la oficina de Transparencia Internacional en Bogotá.

“En Venezuela abundan los casos de corrupción de grandes proporciones. De ellos, unos cincuenta están siendo investigados por la Justicia de otros Estados porque su impacto trasciende las fronteras venezolanas. De entre todos esos delitos sobresalen los atribuidos a Saab y Pulido por el volumen de los montos en juego –se habla de miles de millones de dólares–, por el rango de sus presuntos cómplices, por las evidencias del perjuicio que los fraudes mencionados le causaron a los venezolanos de a pie y por los indicios de que una gran red internacional de empresas estuvo implicada en los mismos”, comenta, por su parte, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la dependencia de Transparencia Internacional en Caracas. A sus ojos, la posibilidad de que personas cercanas al chavismo sean procesadas por corrupción fuera de Venezuela inquieta a Maduro.

Anillos de poder

El sociólogo Héctor Briceño, profesor del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), con sede en Caracas, comparte la opinión de De Freitas sólo parcialmente. “La cúpula del Gobierno está formada por una serie de círculos concéntricos. En torno al núcleo de poder hay varios anillos integrados por grupos de interés. Pero el respaldo de estos grupos de interés es prescindible. Cuando un aliado del chavismo es buscado y detenido por organismos internacionales o sancionado por autoridades estadounidenses, Maduro puede remplazarlo. Lo mismo aplica cuando un grupo de interés se muestra desleal. Por ejemplo, los principales conspiradores detrás de la fallida rebelión militar del pasado 30 de abril eran testaferros de la élite chavista y grupos económicos que la habían apoyado hasta ese momento”, arguye Briceño.

“Eso nos lleva a concluir que la presión ejercida por Washington sobre los socios del chavismo sí surte efectos tangibles. Pero, insisto, los testaferros son sustituibles. Algo similar puede verse a otra escala: cuando ciertas empresas de un país se niegan a hacer negocios con la Revolución Bolivariana, aparecen otras dispuestas a hacerlo. Esa es la nueva realidad político-económica internacional: hay sistemas financieros, económicos y comerciales alternativos, no occidentales, donde el establishment chavista puede obtener lo que necesita para subsistir”, añade el experto del CENDES, actualmente de paso por la Universidad de Rostock. Si Estados Unidos les pone el guante, Saab y Pulido pueden terminar siendo condenados a hasta veinte años de prisión por los crímenes que se les imputa. Si ese escenario se consuma, sus vacantes en Caracas seguramente serán ocupadas por otros.  

(jov)
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