La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, evidenció en su informe del 2020 la existencia de una política estatal dirigida a "suprimir la oposición al Gobierno" de Nicolás Maduro.
En su tercer informe, de 2022, la Misión de la ONU señaló que "Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel son los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia". Integrada por los cuerpos de seguridad del Estado, esta maquinaria represiva operaba, según este informe, en coordinación con el sistema de justicia venezolano.
Patrón de persecución judicial de la disidencia
A pesar de los Acuerdos de Barbados, la maquinaria represiva de Maduro ha persistido en su accionar contra defensores de derechos humanos y críticos del régimen. Un caso paradigmático es el de Rocío San Miguel, reconocida activista en derechos humanos y experta en temas militares, quien, junto con parte de su familia, fue sometida recientemente a una detención arbitraria por los cuerpos de seguridad del Estado. Posteriormente, fue víctima de desaparición forzada y, actualmente, se encuentra detenida en el Helicoide, una de las cárceles políticas del régimen.
De acuerdo con los informes de la Misión de la ONU, así como las investigaciones de reconocidas organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI), Foro Penal (FP) y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), el hostigamiento y persecución a los que Rocío San Miguel y su familia están siendo sometidos por parte de los cuerpos de seguridad, en coordinación con órganos del sistema judicial, forman parte de un patrón de prácticas represivas sistemáticas y generalizadas destinadas a sofocar la disidencia en Venezuela.
Criminalización a través de leyes penales ambiguas
Una de las manifestaciones de este patrón represivo consiste en imputarles a los opositores delitos muy graves que son castigados con penas severas que alcanzan el máximo legal del ordenamiento. El Ministerio Público acusó a Rocío San Miguel de formar parte de una presunta trama conspirativa denominada "Brazalete Blanco", y le imputó los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, crímenes que son castigados con penas de hasta 30 años de prisión.
En Venezuela, el régimen chavista ha desarrollado un entramado jurídico penal que criminaliza la disidencia pacífica y limita drásticamente las libertades fundamentales. Este conjunto de leyes represivas tipifica una serie de delitos de manera ambigua, permitiendo un amplio margen de interpretación arbitraria que faculta la persecución y sanción de todos aquellos que critican la gestión pública o a funcionarios del régimen.
Entre estas leyes destacan la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2013) y la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017). En el país, uno de cada dos presos políticos está acusado o condenado por terrorismo según la ONG Foro Penal.
Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, aislamiento e incomunicación
Dentro de las prácticas represivas que conforman este patrón de persecución política se incluyen las detenciones arbitrarias por motivos políticos, acompañadas de desapariciones forzadas, aislamiento e incomunicación. El informe "Vidas detenidas", de Amnistía Internacional (agosto 2023), destaca que "organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela han documentado alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos entre 2014 y 2023".
Estas detenciones arbitrarias son practicadas por órganos de seguridad del Estado sin órdenes judiciales, sin base legal que las justifiquen, como resultado del ejercicio de derechos o libertades garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o a consecuencia de declaraciones o denuncias de personas anónimas.
En muchos de los casos, estas privaciones arbitrarias de libertad vienen acompañadas del ocultamiento por parte de los agentes estatales de la suerte o el paradero de la persona apresada, negando su detención e incluso su existencia. La Misión de la ONU destaca en su informe de 2022 que "la tortura y los malos tratos solían llevarse a cabo en los primeros días de detención, antes de las comparecencias iniciales ante el tribunal, mientras la persona detenida estaba incomunicada".
Luego de la detención de Rocío San Miguel, pasaron más de 48 horas antes de que el fiscal general, Tarek William Saab, reconociera públicamente que San Miguel había sido detenida en el Aeropuerto de Maiquetía por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Posteriormente, transcurrieron más de 120 horas antes de que el mismo funcionario informara sobre el lugar en el que se encontraba recluida San Miguel.
Hasta este domingo 18 de febrero, a la detenida no se le había permitido tener contacto con sus familiares, y al día de hoy todavía no cuenta con asistencia legal de su confianza. Estas circunstancias colocan a San Miguel en una posición especialmente precaria de indefensión, siendo muy vulnerable a torturas y malos tratos por parte de sus captores.
Persecución y ataques a familiares de los opositores
Este patrón de persecución no se limita al ámbito individual, sino que también se extiende al entorno familiar de los opositores. La Misión de la ONU ha documentado en sus informes que los cuerpos de seguridad estatal venezolanos emplean tácticas criminales, como el secuestro de familiares, para obligar a los opositores a entregarse y ser detenidos. Además, funcionarios de estos cuerpos han amenazado con ejercer violencia, incluso violencia sexual, contra las mujeres de las familias de los detenidos, con el fin de obtener confesiones o información específica.
Esta estrategia de ataque al entorno familiar se evidenció claramente en el caso de Rocío San Miguel. Su detención estuvo acompañada por la aprehensión arbitraria de cinco miembros de su familia, entre ellos, su hija Miranda Díaz San Miguel, su exesposo Víctor Díaz Paruta, sus hermanos Miguel Ángel y Alberto San Miguel, y su expareja Alejandro González. A este último se le imputaron presuntos delitos como la revelación de secretos políticos y militares relacionados con la seguridad nacional, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Mientras San Miguel y González aún permanecen detenidos, los demás familiares fueron excarcelados bajo régimen de presentaciones periódicas.
Otros mecanismos del patrón de persecución judicial a la oposición
Las investigaciones sobre el patrón de persecución judicial en Venezuela han revelado que, además de las ya referidas prácticas represivas, el régimen utiliza con frecuencia otros mecanismos, como la manipulación y fabricación de pruebas para inculpar a los opositores, dilaciones indebidas de períodos de investigación, restricciones al ejercicio de la defensa, y el recurso a la tortura para presionar a los detenidos a formular falsas acusaciones.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, ha señalado que al menos 113 de los 329 presos políticos que se encuentran en las cárceles políticas han sido sometidos a tortura.
En Venezuela, la orden de detener a un opositor, el desarrollo del proceso judicial y la sentencia dictada por el juez responden a una misma lógica: la decisión política del alto Gobierno. El grado de perversión de este patrón descarta cualquier expectativa de un tratamiento justo y transparente, tanto para Rocío San Miguel como para el resto de los 329 presos políticos.
Es imperativo que la comunidad internacional, en especial sus instancias de protección de los derechos humanos y la Corte Penal Internacional, se movilicen prontamente para frenar el avance de esta política de Estado que pretende suprimir a la oposición democrática en Venezuela.
(rml)