¿Van El Salvador y Guatemala hacia la amnistía total?

En Guatemala, una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional genera polémica. La ley actual, aprobada en diciembre de 1996, pocos días antes de que se firmaran los Acuerdos de Paz, establece una amnistía para los militares y guerrilleros involucrados en el conflicto. Sin embargo, la ley no aplica para aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad o genocidio. En los últimos años, más de 40 militares y un exguerrillero han sido condenados por estos delitos, y miles están siendo judicializados.

Según la propuesta 5377 presentada por Fernando Linares Beltranena y otros diputados conservadores en el Congreso de la República, todos los delitos quedarían impunes, ya que la reforma busca una amnistía total. De ser aprobada la iniciativa, todas las investigaciones y procesos penales contra exguerrilleros y militares terminarían. Las personas ya condenadas tendrían que ser excarceladas, ya que la ley sería retroactiva.

"Es uno de los temas que más le interesa a la mayoría de los diputados porque pertenecen a partidos con exmilitares", explica Manfredo Marroquín, exdirector de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de la ONG Transparencia Internacional. Para Marroquín, quien hace pocos días anunció su candidatura para las elecciones presidenciales en junio, no es casualidad que este tema haya salido ahora: "Los diputados probablemente no tendrán la misma fuerza después de las elecciones, entonces están tratando de sacar su agenda proimpunidad en estos meses que les quedan", desliza. En junio se celebrarán también las elecciones legislativas en Guatemala.

Muchas organizaciones de la sociedad civil han rechazado el proyecto. La propuesta "representa una seria amenaza para los derechos de miles de víctimas del conflicto armado interno en el país de conocer la verdad y de obtener justicia por las atrocidades que ellas y sus familias sufrieron", señala Érika Guevara, directora para América de Amnistía Internacional, en un comunicado de dicha organización. Expertos opinan que la nueva ley, de ser aprobada, sería inconstitucional, ya que violaría convenios y tratados internacionales. Según el derecho internacional, delitos como los crímenes de lesa humanidad o el genocidio no son amnistiables.

Situación similar en El Salvador

El Salvador, el país vecino, lidia con problemas muy parecidos. En 1993, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que concede una amnistía absoluta a todas las personas involucradas en la guerra civil. En 2016, la Sala de lo Constitucional abolió la amnistía al declararla inconstitucional y exigió a los diputados que redactaran una nueva ley. Hace pocos días, salió a la luz la propuesta de Rodolfo Parker, diputado del derechista Partido Demócrata Cristiano, que se parece mucho a la amnistía absoluta aprobada en 1993, ya que no contempla el enjuiciamiento de los victimarios.

Parker tiene un interés propio en buscar una amnistía: el informe de la Comisión de la Verdad lo señala como encubridor de la masacre de seis sacerdotes jesuitas en 1989, uno de los crímenes más emblemáticos de la guerra civil en El Salvador. "Rodolfo Parker es juez y parte, y eso se volvería inconstitucional en cualquier parte del mundo", opina Marco Pérez Navarrete de la Fundacion Heinrich Böll en El Salvador.

Desde 2016, cuando se da por abolida la Ley de Amnistía, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de la exguerrilla que actualmente está en el Gobierno, ha tenido una posición evasiva con respecto al tema. No ha impulsado un proyecto de ley de reparación integral presentado por organizaciones de víctimas de la guerra que llevaba archivado 18 meses. "Igual que en Guatemala, ahora los partidos involucrados en la guerra como victimarios buscan poner fin a cualquier posibilidad de justicia para las víctimas", dice Pérez Navarrete. "Tienen este discurso de no abrir heridas cuando está comprobado que las heridas jamás cerraron", sentencia. (dz)

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