“Una fisura del patriarcado político en Honduras”

Xiomara Castro, del partido Libre, ha sido celebrada por ser la primera mujer que preside Honduras. ¿Qué significa su elección para las demandas de las mujeres?

Joaquín Mejía: Representa una fisura del patriarcado político que ha existido en Honduras, pero también hay datos que nos dicen que falta mucho por hacer porque, por ejemplo, en el ámbito legislativo, apenas fueron elegidas 34 mujeres diputadas en 128 diputaciones. En términos de derechos sexuales y reproductivos, el uso de las pastillas anticonceptivas del día después está prohibido en Honduras a través de un acuerdo ejecutivo. El gobierno de Xiomara Castro podría eliminarlo y no lo ha hecho. Ha dejado el tema en manos del ministro de Salud, pero todo el mundo conoce su posición conservadora. Él lo considera abortista, a pesar de que la OMS dice todo lo contrario.

Manuel Zelaya, el expresidente y esposo de la actual presidenta, fue nombrado asesor del gobierno. ¿Habrá una continuación de su gobierno que terminó en 2009 con el golpe de Estado?

En mi opinión es un grave error haber puesto a Manuel (Mel) Zelaya como asesor del gobierno, pero eso también refleja las divisiones internas de Libre. No es que hayan puesto a Zelaya para darle continuidad, sino que es parte de las negociaciones entre Xiomaristas y Melistas, porque dentro del partido hay una clara división entre Mel Zelaya y Xiomara Castro.

Según los adversarios del gobierno, existe el peligro de regresar a los altos niveles de polarización que se vieron durante el mandato de Zelaya. ¿Es cierto?

La sociedad ya está polarizada, entonces creo que los opositores políticos que argumentan eso están fuera de la realidad. Para mí, Mel Zelaya es una figura que puede dañar más al gobierno de Xiomara Castro que beneficiarlo, porque la población que votó por Xiomara Castro para romper con la narcodictadura de Juan Orlando Hernández votó por ella y no para ver a un Mel Zelaya que en muchas ocasiones parece que fuera el presidente. Si Castro no toma medidas inmediatas para que quede claro que realmente es ella la presidenta, Mel Zelaya puede convertirse en una ola de nieve, que a medida que pase el tiempo va a ir creciendo y se puede llevar por delante muchísimas cosas positivas y la legitimidad que ella se ha ganado.

Una de las primeras leyes aprobadas bajo el nuevo gobierno fue la amnistía para exempleados y exfuncionarios del gobierno de Zelaya, una media criticada por beneficiar a personas que tienen cuentas pendientes con la justicia. ¿Cómo encaja esta ley con el discurso anticorrupción del gobierno?

Inicialmente la ley de amnistíaestaba orientada a liberar de responsabilidad penal a personas defensoras de los territorios o de derechos humanos que habían sido criminalizados y a todos los que se opusieron al fraude electoral o al golpe de Estado. Pero a última hora agregaron un punto que tiene que ver con exfuncionarios del gobierno de Zelaya y dejaron este artículo tan ambiguo que podría utilizarse, como se ha utilizado, para liberar de responsabilidad a quienes han sido señalados por actos de corrupción. Aquí el Congreso Nacional cometió un error, porque tiene la obligación de garantizar que las leyes que apruebe sean constitucionales y una amnistía que libere de responsabilidad a personas corruptas o violadoras de derechos humanos no puede ser constitucional. Cuando el Congreso no cumple con su obligación de garantizar a priori la constitucionalidad, son los jueces y juezas los que tienen que hacerlo. La pregunta es por qué hay jueces y juezas que no lo hicieron.

En varias ocasiones, la presidenta ha demostrado su interés en instalar una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), auspiciada por la ONU. ¿Tiene Castro la voluntad política para promover esta misión anticorrupción en el país?

Sí hay voluntad política y creo que se ve reflejada en el nombramiento de Edmundo Orellana como ministro asesor anticorrupción y transparencia, una figura íntegra que ni siquiera es hombre de confianza de Xiomara Castro o de Mel Zelaya. Por otro lado, en el Congreso Nacional se la acaba de restituir la autonomía a la UFERCO, que es la unidad fiscal heredera de la antigua misión anticorrupción en el país. Estas dos cosas, más la eliminación de la ley de secretos oficiales, son actos que demuestran que hay voluntad para crear un terreno fértil para que una posible CICIH pueda tener éxito.

Aparte de nombrar a Mel Zelaya como asesor presidencial, muchos familiares de la pareja presidencial forman parte del gobierno, algo que huele a nepotismo...

Fui el primer crítico, pero tuve que aceptar que era legal. En una sociedad democrática debe de haber una ética pública. Esa ética pública está en la Constitución, y la Constitución dice que estos familiares pueden estar en estos puestos importantes del gobierno de Xiomara Castro. Por lo tanto, en términos de ética pública no hay ningún problema, pero sigo creyendo que éticamente es cuestionable. Sin embargo, entiendo la lógica que hay detrás. Poner por ejemplo a un familiar como ministro de Defensa, sin ningún tipo de experiencia, políticamente es comprensible porque saben que tienen que tener a alguien de muchísima confianza si no quieren que se repita lo que le pasó a Mel Zelaya.

La justicia de Honduras ratificó el orden de extradición al expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué significa su extradición a EE.UU. para las estructuras criminales en Honduras?

Se ha abierto una grieta en esta estructura criminal. Si es aprovechada por el nuevo gobierno, se pueden hacer cambios importantes, y por eso la prisa de instalar a la CICIH. Es necesaria una comisión internacional porque, en este momento, Honduras por sí sola no puede hacer frente a estas estructuras criminales que están controlando el Estado todavía.

Castro se enfrentará a inmensos retos internos en su presidencia. ¿Qué tipo de reformas estructurales se necesitan en esta situación?

Las primeras tienen que ver con la institucionalidad, particularmente en el sector de justicia y seguridad. Otro cambio que ha sido muy bueno es el nuevo presupuesto general de la república. Por primera vez el presupuesto destinado al desarrollo económico y social está en primer lugar. Sin embargo, después están los presupuestos de defensa y seguridad, y esto genera mucho conflicto, porque no hay ninguna reforma, depuración o reestructuración a la vista. El principal desafío que tiene el gobierno de Xiomara Castro es la convocatoria a un diálogo nacional sobre el papel de las fuerzas armadas. Como decía el analista hondureño Victor Meza: ‘Es la peor pesadilla para la democracia en Honduras'.

En otros países centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Nicaragua vemos tendencias muy autoritarias e incluso dictatoriales. ¿Puede esta situación convertirse en un problema para el gobierno de Xiomara Castro?

Puede ser un problema, pero también es lo que le da mayor fortaleza frente a EE.UU., porque Washington necesita un socio estable en la región. Por eso mantuvieron a Juan Orlando Hernández, aunque fuera un socio narco y dictatorial. EE.UU. está apostando por una relación estable con Honduras para que el país pueda ser el punto de estabilidad en una región convulsionada.

(ers)