Honduras: "Es imperdonable que esto esté pasando"

La "Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres" acaba este lunes (21.03.2016) su visita a Honduras. “Sus familiares, al igual que los otros miembros del Copinh, se encuentran en un momento de indefensión muy grande. Jurídica, política y humanamente”, dice a DW Miguel Urbán, eurodiputado español.

Urbán integró la Misión Internacional junto con representantes de la Confederación de Trabajadores de las Américas, una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, de la Federación Estadounidense del Trabajo, de las Madres de Plaza de Mayo, Amigos de la Tierra y la Coalición de Movimientos Sociales por el Agua y la Tierra.

"Cuando hablas con los amigos y familiares de Berta, con sus compañeros del Copinh, surge la impresión terrible de que, en cierta medida, sólo están seguros con presencia internacional", afirma Urbán.

¿Falta de voluntad política?

“Hemos hablado con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento hondureño. Y tanto reconocen la falta de independencia judicial como la falta de voluntad política de cumplir con las demandas de las víctimas: una investigación independiente e internacional”, sigue Urbán. En su opinión, el estado de la información sigue siendo confuso y, según fuentes hondureñas, no ha habido ni siquiera un reconocimiento profundo del lugar del crimen. El eurodiputado habla de negligencia estatal.

“Lo peor es que no es un caso aislado: son todos los defensores de derechos humanos. Desde el golpe de Estado de 2009, más de 120 defensores de derechos humanos han sido asesinados”, dice Urbán. Pocas horas después de que el grupo internacional llegara a Tegucigalpa (el 15 de marzo) se dio a conocer el asesinato de Nelson García, otro dirigente del Copinh.

“Es imperdonable que esto esté pasando en un país que dice ser democrático, que tiene un acuerdo de asociación con la UE y que recibe fondos de ayuda al desarrollo por parte de diferentes países europeos”, apunta.

Suspensión, no retiro

Entretanto, el FMO –el banco holandés de desarrollo– anunciaba la suspensión de todos los proyectos en Honduras; y Finnfund –su homólogo finlandés– suspendió sus fondos para Agua Zarca. “Por el momento es sólo una suspensión, pedimos que se retiren”, subraya Urbán.

En el controvertido proyecto hidroeléctrico, ejecutado por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos (DESA), confluyen dineros del Banco Interamericano de Integración Económica. En la construcción de las turbinas hay también capital alemán de la Voith Hydro Holding. Se prevén 17 represas en el río Gualcarque. Este atraviesa tanto zonas naturales –para las que no hay obligación de protección estatal desde el 2009– como territorios ancestrales de los lenca, que nunca fueron consultados. Berta Cáceres y el Copinh lideraron la oposición a esta obra.

Por ello, 122 organizaciones de la sociedad civil europea y latinoamericana recuerdan en un carta abierta a la UE su compromiso de velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales –como el de la consulta previa– en cuanto a derechos laborales, medioambientales y sociales. Cabe recordar que desde 2012 existe un Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central, Honduras incluida.

No obstante, aunque están conscientes de la conflictiva y preocupante situación social en Honduras, las medidas de presión sobre sus empresas son más bien competencia de los Estados, explican fuentes europeas.

Por lo pronto, tanto la delegación de la UE en Honduras como las embajadas de los Estados miembros han expresado su preocupación por la situación. A la vez abogan por que se permita la salida del país del único testigo del crimen, Gustavo Castro que sigue bajo alerta migratoria.

“La Fiscalía no ha sabido explicarnos el porqué. Se le está dando un trato que va contra la propia legislación hondureña. Se están violando sus derechos como víctima y como testigo principal. Es un caso insólito. Para nosotros es algo imperdonable”, concluye Urbán.