UE acuerda reformar el control de emisiones de vehículos

Por mayoría cualificada, los Estados miembros dieron luz verde al texto propuesto por Malta, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, y que contempla, entre otros puntos, otorgar a la Comisión Europea (CE) poderes para sancionar directamente a los fabricantes que incumplan la normativa.

Los países coincidieron también en reforzar las pruebas de homologación de los vehículos, realizar controles a vehículos que ya están en el mercado e intercambiar información para estandarizar los "tests" en toda la UE. Además, fijaron el número mínimo de controles para los Estados en uno de cada 50.000 vehículos registrados en su territorio el año anterior con pruebas en condiciones de conducción real y no en condiciones óptimas de laboratorio.

Negociación final

El compromiso adoptado por el consejo de ministros de Industria de los países de la UE, reunidos en Bruselas, servirá de base de cara a la negociación final con la Comisión Europea (CE) y la Eurocámara, y recoge también que sean los países los que cubran los gastos de las pruebas, pudiendo gravar por ello a los fabricantes que requieran homologación.

Además, los países pequeños con escasos recursos podrán solicitar a otros socios comunitarios que se encarguen de los "tests" en su nombre y se podrán realizar inspecciones sorpresa en las fábricas automovilísticas.

La reforma legal avanza al tiempo que ocho países de la UE (Alemania, España, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y la República Checa) se enfrentan a procedimientos de infracción del Ejecutivo comunitario, que les acusa de no haber controlado suficientemente a algunos constructores.

La nueva legislación, una vez aprobada, habilitará a la Comisión para poder sancionar directamente a las marcas que incumplan la normativa con una multa de hasta 30.000 euros por vehículo.

Hasta ahora Bruselas solo puede sancionar a los países que no hubieran controlado adecuadamente a los vehículos a través de sus servicios nacionales de homologación, de forma que la nueva regulación persigue reforzar la independencia del sistema. Lo que parece excluido es la creación de una agencia europea de homologación.

Exigencias por países

Durante el debate en el consejo de ministros, Alemania abogó por un texto final "que se pueda aplicar, que sea viable" y en ese sentido pidió que la legislación incluya "un lugar donde resolver litigios cuando haya diferentes puntos de vista" y que recibiría las "evaluaciones de la Comisión Europea (CE)".

Francia pidió que Europa demuestre que "ha aprendido la lección del caso Volkswagen" y "no perder demasiado tiempo" en aprobar la nueva normativa, mientras que Bélgica respaldó "que se intensifique el control, pero que el impacto para las administraciones nacionales sea limitado", en tanto que Luxemburgo recordó que "uno de cada diez empleos en la UE depende del sector del automóvil".

España, por su parte, subrayó que el nuevo marco legal "tiene que ser adoptado y entrar en vigor en un plazo de tiempo razonable" para que "fabricantes, autoridades de homologación de los Estados miembros y servicios técnicos" puedan adaptarse a la nueva normativa.

En septiembre de 2015 estalló el escándalo del "dieselgate", cuando en Estados Unidos se detectó que Volkswagen utilizaba programas informáticos fraudulentos para engañar en las pruebas. La respuesta de la Unión Europea fue la creación de una comisión de investigación sobre el fraude y la propuesta de una adaptación de la legislación, que ahora tendrán que ultimar Consejo, Eurocámara y Comisión Europea para que adquiera carácter de ley (efe).