Turquía prorrogará estado de emergencia otros 90 días
3 de octubre de 2016
El Consejo de Ministros de Turquía decidió el lunes (03.10.2016) prorrogar otros 90 días el estado de emergencia proclamado el pasado 20 de julio a raíz del fallido golpe de Estado. La prórroga se declarará el próximo 19 de octubre, cuando venzan los tres primeros meses de la medida y tendrá que ser refrendada por el Parlamento, algo que se espera sea un mero trámite teniendo en cuenta que el partido gubernamental islamista AKP dispone de mayoría absoluta en la Cámara.
Tras la nueva prórroga, el estado de emergencia se mantendrá hasta el 15 de enero de 2017.
"Una de las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros es prorrogar el estado de emergencia 90 días y se ha decidido que se renovará a partir de la una de la madrugada del 19 de octubre", anunció el portavoz del Gobierno, Numan Kurtulmus, en una rueda de prensa transmitida en directo por la emisora NTV.
Podría alargarse “hasta 12 meses”
El presidente, Recep Tayyip Erdogan, declaró el jueves que puede ser necesario alargar esta situación "hasta 12 meses" para combatir la red de simpatizantes del predicador Fethullah Gülen, al que Ankara considera responsable de la asonada. Con esta decisión de prorrogar el estado de emergencia, el presidente turco podrá gobernar mediante decretos de emergencia.
El principal partido de la oposición, el CHP, y el partido prokurdo HDP son contrarios al estado de excepción. El líder del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, anunció la semana pasada que su partido votará en contra de una prolongación, al tiempo que acusó a Erdogan de usar la medida para ampliar su poder y acallar a la oposición.
Según el artículo 121 de la Constitución turca, la decisión formal de una prórroga debe ser tomada por el Parlamento y es ampliación no puede exceder cuatro meses, si bien puede repetirse indefinidamente. Bajo el estado de emergencia, el Gobierno tiene potestad de emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios, sin que estas decisiones puedan ser recurridas ante la Justicia.
JC (EFE, dpa, Reuters)