Tribunal anula la declaración soberanista de Cataluña

Un duro golpe para las aspiraciones soberanistas de Cataluña dio este martes (25.03.2014) el Tribunal Constitucional español, que anuló la declaración aprobada por el Parlamento de esa región en enero de 2013, que marcaba el primer paso en el largo camino hacia la independencia. La resolución estima nulo e inconstitucional el principio de “soberanía” por el cual “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”.

Esto quiere decir, a juicio del alto tribunal, que si bien las referencias al derecho a decidir de los ciudadanos no se oponen al orden constitucional, una región de España “no puede unilateralmente convocar a un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración” en el país. A no ser, claro, que la Constitución española fuera reformada para cumplir ese objetivo, algo que está lejos de poder ocurrir.

De esta manera, el Constitucional estima parcialmente el recurso interpuesto en mayo de 2013 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que insiste en la “ilegalidad” de la consulta de autodeterminación que el gobierno regional pretende celebrar el próximo 9 de noviembre. Rajoy había dicho ya en viarias entrevistas que disponía de recursos judiciales para evitar que la consulta se lleve a efecto.

Malestar catalán

CiU, el partido nacionalista que gobierna en Cataluña, reaccionó rápidamente contra la sentencia. Jordi Turull, portavoz del Parlamento catalán, dijo que la decisión “no me merece ningún respeto” porque es obra de lo que llamó “agitadores políticos” que sienten animadversión hacia la región. “El TC es un órgano político que decora jurídicamente sus fallos”, añadió el parlamentario.

“Si entre sus miembros tienen agitadores de la catalanofobia, sus declaraciones en estos temas no nos merecen ningún tipo de credibilidad”, agregó Turull. El consejero de Presidencia del Ejecutivo catalán, Fracesc Homs, dijo –por su parte– que la resolución judicial no tendrá efecto alguno a la hora de convocar a la consulta. Otros líderes políticos catalanes han apuntado que la decisión no es válida o que no se entiende que un tema político requiera de un pronunciamiento judicial.

Cataluña tiene 7,6 millones de habitantes y es la segunda comunidad autónoma más poblada de España y la primera por producto interno bruto (PIB), aunque también la más endeudada del país. La crisis económica en España ha alentado los anhelos independentistas de las autoridades catalanas, que defienden que la región hubiera podido hacer frente mejor a la situación si parte de sus impuestos no fueran destinados a otras zonas más pobres del país.

DZC (dpa, Europa Press, El País)