En el transcurso de este mes de septiembre, el régimen de Nicolás Madurosufrió importantes reveses en tres relevantes instancias internacionales. El 13 de septiembre, el Tribunal General de la Unión Europea desestimó el recurso presentado por Maduro en contra de las sanciones impuestas por la Unión Europea. El 19 de septiembre, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional se opuso a la solicitud del régimen de Maduro para detener la investigación sobre Venezuela liderada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional(CPI). Por último, el 25 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe muy crítico sobre la persistencia de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Los recientes pronunciamientos de estas tres destacadas instancias internacionales, aunque contextualizados de manera diferente, reiteran una vez más ante la comunidad global no solo las continuas y graves violaciones de derechos humanos que han afectado a Venezuela durante largos años, sino también la renuencia del sistema de justicia venezolano para investigar estos crímenes, así como la determinación del régimen de Nicolás Maduro de continuar perpetuándolos a pesar del escrutinio internacional al cual se encuentra sometido.
El tribunal de la UE respalda las sanciones
En su sentencia Nº 138/2023 del 13 de septiembre, el Tribunal General de la Unión Europea desestimó el recurso presentado por el régimen de Nicolás Maduro (6.02.2018) en contra de las sanciones que le fueron impuestas por la Unión Europea a través de su Reglamento UE 2017/2063. Esta normativa, promulgada por el Consejo de la Unión Europea en noviembre de 2017, respondió al continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. En esencia, el reglamento prohíbe exportar hacia este país armas, equipos militares y cualquier otro dispositivo susceptible de ser utilizado para la represión interna, además de equipos, tecnología o programas informáticos de control. Adicionalmente, este reglamento prevé la posibilidad de adoptar medidas de inmovilización de fondos y recursos económicos de personas, entidades y organismos.
El régimen de Maduro, en apoyo a su recurso, invocó cuatro motivos: la vulneración del derecho a ser oído; el incumplimiento de la obligación de motivación; la inexactitud material de los hechos y errores manifiestos de apreciación de la situación política en Venezuela; y, finalmente, la violación del derecho internacional y la imposición de contramedidas ilegales.
En su fallo, el Tribunal desestimó de manera razonada todos los anteriores argumentos, concluyendo que las sanciones estaban plenamente justificadas. Destaca también la sentencia que el Consejo de la UE fundamentó su decisión en información precisa y fiable procedente de fuentes internacionales de alta credibilidad. Estas fuentes incluyeron un llamado emitido por la destacada organización no gubernamental Human Rights Watch el 11 de septiembre de 2017, un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 31 de agosto de 2017, así como dos informes emitidos por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en julio y septiembre de 2017.
Estas fuentes le proporcionaron al Consejo de la UE un análisis detallado de la represión brutal llevada a cabo por el régimen de Nicolás Maduro contra disidentes y opositores políticos. En particular, ellas suministraron pruebas confiables sobre las graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones masivas de opositores, el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, actos violentos y asesinatos cometidos contra manifestantes, así como abusos que constituyeron actos de tortura.
La decisión del Tribunal General de la Unión Europea no solo dio respaldo jurídico a las sanciones impuestas por la Unión Europea en contra el régimen de Nicolás Maduro, sino que además dejó en claro la importancia que revisten los informes emitidos por organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales defensores de derechos humanos como respaldo a las decisiones políticas de esta naturaleza.
Continuación de investigaciones de la CPI
El siguiente revés internacional de Maduro se produjo cuando la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV por sus siglas en inglés) presentó el 19 de septiembre una solicitud ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), instando a que se desestimara en su totalidad el recurso presentado por el régimen venezolano en contra la decisión que autorizó al Fiscal Karim Khan a reanudar su investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La OPCV, una instancia de la CPI encargada de brindar apoyo y asistencia a las víctimas y sus representantes legales, refutó todas las razones esgrimidas por el régimen de Maduro para impedir que el Fiscal Khan continuara sus investigaciones en Venezuela. En su escrito, esta instancia de la CPI expresó su firme convicción de que el sistema de justicia venezolano no ha demostrado una genuina voluntad de investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Al respecto expresó: "Las víctimas subrayaron que llevan casi diez años esperando una investigación adecuada de los trágicos sucesos que sufrieron. No obstante, durante todo este tiempo, las autoridades nacionales no han emprendido ninguna acción genuina para identificar y procesar a los presuntos autores. Por lo tanto, en la actualidad, la Corte es el único recurso judicial del que disponen las víctimas para buscar justicia”.
Este pronunciamiento de la OPCV representa un importante impulso para el mantenimiento de las investigaciones del Fiscal Khan en Venezuela y demuestra, tal como lo subraya la ONG Acceso a la Justicia, que los argumentos y ardides del régimen de Maduro no han logrado convencer ni manipular a las diversas instancias de la Corte Penal Internacional.
Misión de la ONU: violaciones graves de DD.HH.
El 25 de septiembre, el régimen de Maduro sufrió otro revés internacional con la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del Cuarto Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV). Este informe documenta como el régimen de Nicolás Maduro ha continuado cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en contra del pueblo venezolano y ha intensificado sus ataques con el fin de silenciar a la disidencia y restringir aún más el espacio cívico y democrático del país.
Los expertos de la Misión de la ONU detallan en su informe cómo las tácticas de violencia y coacción utilizadas por el régimen de Nicolás Maduro contra la oposición no solo persisten, sino que se han adaptado a la percepción del régimen sobre la naturaleza y resistencia de la disidencia. Durante su investigación, la Misión encontró que, en el período comprendido entre enero de 2020 y agosto de 2023, el Estado venezolano empleó contra la disidencia tanto medidas represivas "suaves" (como ataques, amenazas, vigilancia, difamación, criminalización, inhabilitación política, censura y restricciones a los medios y a la sociedad civil) como tácticas "duras" (que incluyen privación arbitraria de la vida, desapariciones breves, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual y de género).
Dentro de sus conclusiones, el informe de la Misión destaca que, debido al "efecto inhibitorio” que generó en la sociedad venezolana el uso previo de mecanismos extremos para sofocar, desalentar y silenciar a la disidencia en el país, el régimen de Maduro se ha permitido últimamente dar preferencia a las tácticas blandas. Sin embargo, esta estrategia blanda se respalda con la constante amenaza de recurrir a voluntad al uso de mecanismos "duros” y con la aplicación selectiva de la violencia en contra de individuos y organizaciones que se dedican a investigar, denunciar o abordar cuestiones relacionadas con los derechos humanos, así como de aquellos que interfieren, o se percibe que interfieren, con los intereses gubernamentales. Por ello, el informe de la Misión advierte que es crucial que la comunidad internacional mantenga una estrecha vigilancia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Los pronunciamientos de estas tres relevantes instancias internacionales deberían ser considerados con detenimiento y profundidad por los gobernantes del hemisferio, especialmente por aquellos presidentes que durante la última asamblea de la ONU abogaron por la eliminación de las sanciones internacionales en contra del régimen de Nicolás Maduro. Si estos mandatarios no están de acuerdo con las actuales medidas coercitivas internacionales, su solicitud debió venir acompañada con la exigencia a Maduro de la suspensión inmediata de los actos de violencia, el uso excesivo de la fuerza y las persistentes violaciones de los derechos humanos que desde hace varios años su régimen viene perpetrando en contra del pueblo venezolano. Además, deberían presentar ante la comunidad internacional medidas alternas "concretas y efectivas" para prevenir la continuación de estos actos criminales en el país. De lo contrario, sus pedidos solo contribuirán a fortalecer la autocracia de Maduro y a prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano.