Contra la trata y prostitución: la UE debe actuar

El tercer informe de tráfico de seres humanos hacia la Unión Europea deja algunos datos claros; registra una tendencia al alza: entre el 2017 y el 2018, hubo 14.145 víctimas registradas en comparación a 13.461 en el período 2015-2016. El 60% de ellas son traficadas por mafias para su explotación sexual; de ellas, el 92% son mujeres y niñas. La mitad de las víctimas tienen su origen en un país de la UE. Por otro lado, entre los 20 países que encabezan la lista internacional se encuentran Brasil y Paraguay. Se destaca, no obstante, que en el nuevo contexto de pandemia, el fenómeno parece haber mutado. 

Hay instrumentos pero no hay datos 

"Lo primero que detectamos es que apenas tenemos datos, los que tenemos son muy antiguos, pocos son comparables y homologables”, cuenta a DW Soraya Rodríguez, eurodiputada, ponente de un informe de la Eurocámara. Éste nutrirá la próxima estrategia de Bruselas al respecto, que se espera para 2021.

"Podemos decir que no hemos avanzado nada porque la trata de seres humanos, especialmente para la explotación sexual, va en aumento”, subraya Rodríguez, del bloque liberal. Hay que recordar que la directiva europea establece la necesidad de que todos los Estados miembro tipifiquen como delito la demanda de servicios prestados por víctimas de trata. Si bien la explotación sexual se lleva la mayor parte del negocio, el trabajo forzado, la mendicidad obligada y también el matrimonio forzado son parte del fenómeno.

Partiendo de que, según estimaciones de la ONU, este negocio ilegal es de lo más lucrativo, la demanda debe ser alta.

En ese sentido, "si es indisociable la demanda de servicios sexuales de la trata con fines sexuales tenemos que hacer una evaluación mucho más profunda: ¿en qué medida el mercado de la prostitución se abastece de víctimas de trata?”, subraya la política española, calificando la trata de "horrendo crimen de lesa humanidad”.

A pesar de la directiva europea, la acción de los Estados del bloque europeo dista mucho de estar estandarizada. En ese punto, las acciones estatales aportan a la nebulosa actual. Según dijo a DW Rocío Mora, especialista de la organización española Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), "legislaciones como la alemana, donde la prostitución es legal, hacen dificílisimo llegar a las víctimas de trata”. Por otro lado, hay países como España, donde la prostitución no se consiente pero tampoco se prohíbe.

La especialista de Apramp, organización que desde hace 36 años ampara, acompaña y reinserta a las mujeres que abandonan la situación de prostitución -alto porcentaje de ellas víctimas de trata-, habla de un recrudecimiento de la situación en el contexto de la actual pandemia del COVID-19. "Las han vuelto invisibles -aunque los clientes, a pesar de todas las restricciones, siguen consumiendo- y al mismo tiempo las han enganchado a las webcam. Y ya ni en entornos conocidos ni en los pisos de alquiler accedemos a ellas”, denuncia Mora, subrayando que la actual situación da de comer y enriquece a los esclavistas.

Aunque faltan datos contundentes, las instituciones europeas están conscientes de la gravedad de la situación. No es que falte colaboración entre Europol y las agencias de Naciones Unidas, tampoco acuerdos de colaboración con países terceros.

No obstante, aunque en los últimos informes América Latina esté entre los últimos lugares de países exportadores de trabajadoras sexuales, según cifras de Apramp, desde que se desató oficialmente la pandemia (marzo, 2020), su teléfono de emergencia ha sonado 1.208 veces. De ellas 1103 fueron llamadas de mujeres víctimas de trata en situación de prostitución; 198 se encuentran ahora con algún tipo de protección penal. Distanciándose de las cifras de 2018, Rocío Mora dice que en este año, en cuanto a las víctimas de trata que laboran en España, se registra una reducción de mujeres de Brasil, pero un incremento de colombianas, dominicanas, paraguayas y venezolanas. En menor porcentaje, también, cubanas, peruanas y uruguayas.

En esta situación, así la especialista de Apramp, lo que cabría exigir es que la UE  haga uso de instrumentos como el convenio de Nueva York, de 1962, que busca penalizar todo tipo de proxenetismo. "Y que haya los mismos instrumentos en toda la UE, porque de lo contrario, importan a las víctimas por un país de la UE y las mueven hacia otros”, subraya Mora.

"No querríamos que este debate se concentrara en la legalidad o la ilegalidad, pero lo cierto es que estamos siendo incapaces de parar este horrendo fenómeno”, arguye Soraya Rodríguez. Con vistas al informe por aprobarse en la Eurocámara, la próxima nueva estrategia de la UE plantea cuestiones a resolver:

"Si esto genera enormes beneficios, ¿dónde se explota a las mujeres víctimas de trata? Si hay tantas víctimas, ¿cómo se las trata en los mercados supuestamente legales?”, concluye Soraya Rodríguez.