Juicio histórico por esclavitud sexual en Guatemala

Once mujeres maya-q’eqchi’ harán historia cuando este lunes primero de febrero se abra el juicio de Sepur Zarco en Guatemala. Por primera vez en ese país centroamericano se juzgará el delito contra los deberes de humanidad por violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. “Estamos rompiendo el silencio“, dice Paula Barrios, coordinadora general de la organización Mujeres transformando el Mundo (MTM), querellante adhesiva en el juicio. “Tenemos que dejar de creer que no hay que hablar de la violencia sexual”.

Se acusa de esclavitud sexual y doméstica cometida en contra de 11 mujeres del pueblo maya q’eqchi’ en el destacamento militar de Sepur Zarco al exteniente Esteelmer Francisco Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdéz Asij. Reyes Girón también es acusado de desaparición forzada y Valdéz Asij de asesinato.

Los hechos que dan lugar a este juicio se desarrollaron en la comunidad de Sepur Zarco, al este de Guatemala, a principios de los años ochenta. Contra los intereses de los grandes finqueros de la región, los campesinos reivindicaban el derecho a sus tierras ancestrales.

“Los finqueros aprovecharon el contexto del conflicto armado interno para colaborar con el Ejército, con el fin de defender la propiedad de sus tierras”, explica Paula Barrios.

Esclavas laborales y sexuales para los militares

Solicitado por los finqueros, el Ejército llegó a instalarse en siete destacamentos militares en la región, uno de ellos ubicado en Sepur Zarco. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y de los querellantes adhesivos, en 1982 el Ejército destruyó las comunidades. “Quemó la cosecha, las casas y desapareció a los hombres”, relata Barrios y agrega que “en ese momento fueron abusadas sexualmente las mujeres en presencia de sus hijos”.

No obstante, la violencia no paró ahí. Según la acusación, en Sepur Zarco, que era conocido como destacamento de descanso, las mujeres fueron obligadas a trabajar como esclavas laborales y sexuales para los militares. “Estuvieron ahí entre seis y ocho meses cumpliendo los turnos”, dice Barrios. Los abusos continuaron hasta 1988, año en que fue desmanteladoel destacamento.

Buscar justicia no ha sido fácil. Cuando las mujeres decidieron llevar el caso a los tribunales, “teníamos el reto de cómo explicarles el proceso legal”, recuerda Barrios, cuya organización acompaña a sobrevivientes de violencia contra la mujer en procesos penales. “El sistema penal nacional no es común para ellas, y como no hablamos el mismo idioma y ellas no saben leer o escribir, lo explicamos con animales”. Trabajan con el “camino de la justicia”, en el cual intervienen los animales, retomando características comunes que las mujeres conocen. Barrios: “El juez, por ejemplo, es el búho, porque tiene que analizar y ver donde nosotros no vemos”.

Vínculos del FCN-Nación con militares

En 2012, un tribunal aceptó que se hiciera un anticipo de pruebas, tomando en cuenta la edad –la mayoría de las mujeres ya sobrepasan los 70 años– y el pobre estado de salud de algunas de las víctimas. “Para las mujeres, fue una oportunidad que un juez escuchara lo que vivieron en el conflicto armado, algo que esta sociedad ha querido mantener en silencio”, dice Barrios. De 15 mujeres que declararon, el juez aceptó a 11 como testigos en el juicio.

Este caso es de gran importancia para Guatemala, porque además de juzgar por primera vez la violencia sexual como delito contra los deberes de humanidad, fija la atención pública en los crímenes cometidos por el Ejército durante el conflicto armado interno y saca a la luz una vez más los vínculos oscuros del partido FCN-Nación, del Presidente Jimmy Morales, con los militares.

“El fundador del partido Edgar Justino Ovalle Maldonado estuvo en el destacamento de Cobán en la época del conflicto armado, los testimonios incluso establecen que era él quien llegó a Sepur Zarco después del teniente Reyes Girón”, cuenta Barrios. Ovalle Maldonado, diputado electo del FCN-Nación, es acusado de desaparición forzada.

Por lo tanto, el juicio de Sepur Zarco se desarrollará en un ambiente político muy tenso. “Queremos abrir una brecha para que otros casos de violencia sexual puedan llegar a la Justicia también”, dice Barrios. Más de 30 años después de los crímenes cometidos en Sepur Zarco, la situación económica de las mujeres q'eqchi’ no ha cambiado mucho. Según Barrios, “con las grandes fincas de monocultivos, continúan en un sistema de esclavitud, están en constante desalojo y en disputa del territorio”.